El Frente Grande, como partido político con representación parlamentaria y ante la modificación de la normativa que regula el Instituto del Defensor del Pueblo en la Provincia del Chaco, siente la obligación de expresar su posición.
UNA INSTITUCION NECESARIA
El Defensor del Pueblo es un Instituto necesario para la participación y defensa de los derechos ciudadanos. Mas allá que existe un mandato constitucional, el pueblo del Chaco requiere del funcionamiento pleno de ese Instituto, con todas sus facultades, autonomía política y libertades presupuestarias.
El Frente Grande ha impulsado en forma reiterada propuestas para su puesta en funcionamiento a través de su representación parlamentaria, pero la posición cerrada del poder político en ejercicio del Poder Ejecutivo ha frenado su instrumentación.
En nuestra opinión, el sistema de formulación de propuestas y selección del Defensor del Pueblo debe ser con amplia participación de las distintas organizaciones sociales, Instituciones y ciudadanos de nuestra Provincia. El pueblo debe tener la posibilidad de proponer a quienes se postulan, en forma previa a la decisión legislativa, como así también deben establecerse mecanismos transparentes de selección de los postulantes. Tal propuesta se ajusta claramente al mandato constitucional. Es decir, tan importante como las personas que ejerceran el cargo es la legislación que regula su designación y funcionamiento.
Asimismo se debe considerar que el Instituto debe resguardar su autonomía del poder político, no como un reflejo de la negación de la política, sino con el fin de mantener independencia de criterio respecto de los partidos que ejercen la representación popular en tanto su objeto es el ejercicio pleno de los derechos ciudadanos y la protección de los mismos ante el mal funcionamiento del Estado y sus instituciones.
UN PACTITO FEO (otra vez)
Pero, una vez mas, la rosca de los dos bloques mayoritarios ha impuesto una modificación legislativa que se aleja de principios elementales de transparencia. Contra el consenso democrático en la búsqueda de los mejores ha primado el criterio de la repartija entre los bloques mayoritarios.
Es así que se institucionalizado un organismo bicéfalo, con la designación de dos defensores, sin una conducción clara, con la finalidad de distribuir entre la UCR, el PS y el PJ los espacios, tal botín partidario en vez de construir un órgano que cumpla con lo establecido por la Constitución y represente los intereses populares y no los intereses partidarios.
La codicia de los cargos ha llevado al PJ, PS y la UCR a establecer un sistema que tiene dentro de sí mismo los elementos que lo desvirtúan, desnaturalizando el Instituto y la figura del Defensor del Pueblo.
EL GOBERNADOR DEBE VETAR LA LEY
Rescatamos la voluntad del actual Poder Ejecutivo Provincial de poner en funcionamiento este Instituto, consagrado por nuestra Carta Magna desde 1994 y postergada por los distintos gobiernos hasta hoy.
Por eso entendemos que el gobernador debería vetar esta Ley, para no terminar avalando tamaño contubernio político que va en contra de los intereses del pueblo chaqueño y de un gobierno que pretende el funcionamiento pleno y democrático de las instituciones.
UNA INSTITUCION NECESARIA
El Defensor del Pueblo es un Instituto necesario para la participación y defensa de los derechos ciudadanos. Mas allá que existe un mandato constitucional, el pueblo del Chaco requiere del funcionamiento pleno de ese Instituto, con todas sus facultades, autonomía política y libertades presupuestarias.
El Frente Grande ha impulsado en forma reiterada propuestas para su puesta en funcionamiento a través de su representación parlamentaria, pero la posición cerrada del poder político en ejercicio del Poder Ejecutivo ha frenado su instrumentación.
En nuestra opinión, el sistema de formulación de propuestas y selección del Defensor del Pueblo debe ser con amplia participación de las distintas organizaciones sociales, Instituciones y ciudadanos de nuestra Provincia. El pueblo debe tener la posibilidad de proponer a quienes se postulan, en forma previa a la decisión legislativa, como así también deben establecerse mecanismos transparentes de selección de los postulantes. Tal propuesta se ajusta claramente al mandato constitucional. Es decir, tan importante como las personas que ejerceran el cargo es la legislación que regula su designación y funcionamiento.
Asimismo se debe considerar que el Instituto debe resguardar su autonomía del poder político, no como un reflejo de la negación de la política, sino con el fin de mantener independencia de criterio respecto de los partidos que ejercen la representación popular en tanto su objeto es el ejercicio pleno de los derechos ciudadanos y la protección de los mismos ante el mal funcionamiento del Estado y sus instituciones.
UN PACTITO FEO (otra vez)
Pero, una vez mas, la rosca de los dos bloques mayoritarios ha impuesto una modificación legislativa que se aleja de principios elementales de transparencia. Contra el consenso democrático en la búsqueda de los mejores ha primado el criterio de la repartija entre los bloques mayoritarios.
Es así que se institucionalizado un organismo bicéfalo, con la designación de dos defensores, sin una conducción clara, con la finalidad de distribuir entre la UCR, el PS y el PJ los espacios, tal botín partidario en vez de construir un órgano que cumpla con lo establecido por la Constitución y represente los intereses populares y no los intereses partidarios.
La codicia de los cargos ha llevado al PJ, PS y la UCR a establecer un sistema que tiene dentro de sí mismo los elementos que lo desvirtúan, desnaturalizando el Instituto y la figura del Defensor del Pueblo.
EL GOBERNADOR DEBE VETAR LA LEY
Rescatamos la voluntad del actual Poder Ejecutivo Provincial de poner en funcionamiento este Instituto, consagrado por nuestra Carta Magna desde 1994 y postergada por los distintos gobiernos hasta hoy.
Por eso entendemos que el gobernador debería vetar esta Ley, para no terminar avalando tamaño contubernio político que va en contra de los intereses del pueblo chaqueño y de un gobierno que pretende el funcionamiento pleno y democrático de las instituciones.
Frente Grande, distrito Chaco: Daniel Trabalon, Presidente; Horacio Losas, Secretario; Fabricio Bolatti, Diputado Provincial; Daniel San Cristobal, Secretario General en el Orden Nacional
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