Paridad en la Defensoría del Pueblo

Iniciativa legislativa del Frente Grande

Paridad de Género para la Defensoría del Pueblo del Chaco

La diputada Tere Cubells –Bloque Frente Grande, interbloque Frente Chaqueño- presentó una iniciativa en la legislatura chaqueña para modificar la Ley 843-A que regula el instituto constitucional del Defensor del Pueblo.

En la fundamentación de la iniciativa, que lleva el número 708/2020, Cubells detalla una larga lista de Leyes vigentes en la Provincia del Chaco, muchas de ellas que quedaron solamente plasmadas en el papel. Por ello resalta claramente que “la igualdad muchas veces anunciada e incluso plasmadas en normas pocas veces se aplica en la práctica concreta, real, tal lo establecen los pactos internacionales a los que nuestro país ha adherido lo requieren y, menos aún, se cumplen para efectivamente atacar la discriminación de que la mujer y las identidades diversas somos objeto. Es que la igualdad sustantiva, la que se encamina a corregir la representación y la presencia en los espacios de decisión es la que siempre es atacada.”

En éste caso puntual, además, la iniciativa del Frente Grande apunta a un organismo constitucional que tiene mucho para aportar en garantizar y defender derechos, especialmente de los sectores más desprotegidos de la sociedad.

“Si bien la institución de la Defensoría del Pueblo es de muy reciente vigencia, nos parece de una omisión relevante que ninguna mujer aún haya ocupado un lugar en ese ámbito, ni como Defensora del Pueblo ni como Defensora del Pueblo adjunta”, manifiesta en los fundamentos la diputada Cubells.

Iniciativa completa http://segleg.chaco.gov.ar/seglegis/servlet/hconstramindivnuevo?2020,1,708

Avanza cautelar contra el impuestazo de GM

Impuestazo Municipal: “Téngase por promovida Acción de Amparo…”  

CON NUEVO TRIBUNAL, LA JUSTICIA ACEPTÓ EVALUAR LA LEGALIDAD DEL IMPUESTAZO PRESENTADA POR EL CONCEJAL BOLATTI

Finalmente, con un nuevo “tribunal a cargo”, la Justicia de la provincia decidió habilitar el “Servicio Judicial de Urgencia ante la situación de pandemia”, para evaluar la “constitucionalidad y pedido de nulidad” del “impuestazo municipal”, lo que constituye una excepción a la suspensión general de “términos” que rige hoy en el servicio de Justicia, dando por iniciado el procedimiento correspondiente para atender la denuncia  presentada oportunamente por Fabricio Bolatti, en su carácter de Concejal de la ciudad de Resistencia.

La “presentación” fue interpuesta por el edil luego de entender agotadas las instancias administrativas y políticas, con las que buscó parar la aplicación de lo que llamó una “ordenanza ilegal”. En esta oportunidad la presentación se realizó ante la Cámara en lo Contencioso Administrativo”, para pedir se evalúe la legalidad de la “norma” que impuso un desmedido aumento de impuesto, tasas y patentes a l@s contribuyentes.

“Con estas novedades judiciales, nacen nuevas expectativas de que en forma institucional, y en el marco de la división de Poderes del Estado, lo que constituye una garantía de rango constitucional, se pueda corregir y comenzar a reparar el daño y retroceso que se está dando en el ámbito municipal, en los últimos meses”, expresaba Fabricio Bolatti al conocer la medida de la Justicia.  

“Ésta situación irregular por parte de la gestión municipal se sigue repitiendo y en casos se observa intencionalidad planificada para burlar la voluntad popular, y lograr objetivos que están muy lejos de lo que nuestr@s vecin@s demandan al gobierno local. El último caso se dio hace semanas, cuando se “instauró” otra “ordenanza ilegal”, que pretende “endeudar en $800 millones de pesos al Municipio, esto es triplicar el stock de la deuda pública que hoy ronda los $430 millones y sin que su destino este claro ni definido como prioridad”, reflexionaba el concejal.

Recordando finalmente, “decíamos hace meses cuando esto iniciaba, que denunciábamos lo hecho por la magnitud económica y su impacto a l@s contribuyentes, pero lo más importante y esencial para el futuro de nuestra comunidad, lo constituye la forma o procedimiento usado para generar e implementar la medida, lo que no puede constituir “nunca” un antecedente firme de tipo legislativo o legal, en una sociedad que pretende ser justa, libre, igualitaria y soberana”.