domingo, 30 de enero de 2011

Seguridad


La seguridad de los adolescentes
Por Adriana Puiggrós, Diputada nacional del Frente Grande
en el Frente para la Victoria. Presidenta de la Comisión de Educación.


Quienes reducen los problemas sociales juveniles a la baja de la edad de imputabilidad de los adolescentes ponen el carro adelante de los caballos, tapan el sol con la mano, miran para el otro lado, pero sobre todo odian profundamente a los jóvenes, víctimas de una sociedad desalmada. Mucho antes de aplicar castigos, las sociedades deben proporcionar las condiciones necesarias para la socialización. La Asignación Universal por Hijo ha sido una medida contundente para cumplir con el artículo 9º de la Ley de Protección Integral de los Derechos del Niño, la Niña y el Adolescente (Nº 26.061) pues es efectiva en el restablecimiento de la dignidad y la integridad personal. Pero lleva tiempo y se requiere que madure la cultura de los argentinos para configurar en la práctica a los “menores” como sujetos de derecho. Poner el castigo por delante del derecho estimula el abandono de soluciones sociales y educativas; significa la resignación frente al viejo Patronato, su actualización justificada en la invención del delincuente juvenil generalizado, condensador de todos los delitos. No digo que no existan jóvenes que trasgreden la ley ni que deba hacerse la vista gorda frente a esos hechos, sino que deben ser objeto de un tratamiento responsable porque el castigo en sí mismo jamás debe ser la finalidad de un acto. No se trata de castigar o perdonar. Esas son categorías inútiles para un abordaje profundo de los problemas sociales: dejan inermes tanto a los chicos como a la sociedad. En cambio, se trata de mejorar el dispositivo legal-social-pedagógico que debe ayudar a recuperar la dignidad, la consideración por la vida de los otros y el respeto por la ley, a quien los perdió. Respetar el “interés superior” de las/os niñas/os, y adolescentes comienza por garantizar la aplicación plena de la legislación que ya existe: la ley 26.061, la Ley de Educación Nacional (26.206), la Convención Internacional de los Derechos del Niño, las restricciones al trabajo infantil y juvenil (no antes de los 16 años, artículo 25 de la mencionada ley; realizar actividades que no entorpezcan su formación, OIT, Convenio 138, 12-18), entre otras.

Es de absoluta prioridad aplicar plenamente la Ley de Servicios Audiovisuales (26.522), en especial el artículo 16 en todos los incisos referidos a la protección de las/os niñas/os y adolescentes y a la función educadora de los medios de comunicación. Programas de la TV y de Internet producen adicción a la competencia violenta en las/os niñas/os y adolescentes. Pese a eso, es en los medios y no en la realidad donde los chicos son los protagonistas principales del delito, porque cada noticia donde interviene un menor de edad se repite a lo Goebbels, de manera que tres chicos se transforman en trescientos, el resultado es gente que se inclina a la justicia por mano propia, aumentando la posibilidad de la violencia delictiva y menores de edad son tirados a los reformatorios (y lo serían a las cárceles comunes de aplicarse la “mano dura”) donde la denigración los empuja a la reafirmación de la única identidad que se les permitió construir, reincidiendo.

La protección integral de las/os niñas/os y adolescentes debe tener su base en el entorno social, la escolaridad obligatoria, los programas de alfabetización, capacitación laboral y reinserción escolar. Cuando debe intervenir la Justicia es porque han fracasado todas aquellas instancias; ha fracasado la sociedad. Pero esa intervención debe garantizar que la niña/o o adolescente cuente con las garantías del debido proceso, con la posibilidad de ser oído y que su opinión sea tenida en cuenta, y adecuarse a todas las mencionadas garantías legales, además de contar con personal debidamente capacitado y opciones socio-pedagógicas ya implementadas en muchos países, que han dejado en el medioevo los tremendos institutos. Complementariamente, cabe informar que está en tratamiento en la Cámara de Diputados de la Nación un proyecto que cuenta con amplio consenso, que garantiza el acceso de toda persona privada de su libertad a la educación pública. Debe recordarse que la reincidencia de los reclusos que reciben educación es mínima. La política educativa y de seguridad de todas las jurisdicciones debería ponerse en línea con la orientación al respecto del gobierno nacional, para garantizar a la población la seguridad del tratamiento socio-pedagógico de las/os niñas/os y adolescentes, y evitar el engaño de un castigo vengador.


Página/12. Viernes, 28 de enero de 2011


viernes, 28 de enero de 2011

Seguridad Democrática


Ante la evidente acción de los sectores mas reaccionarios de ganar terreno fijando falsos ejes en el debate de la seguridad en nuestro país, la Mesa Ejecutiva del Partido Frente Grande -integrada, entre otros por su Presidente Eduardo Sigal, la Diputada Nacional Adriana Puiggrós y el chaqueño Daniel San Cristóbal- se expresa a través del presente documento.

Documento de la Mesa Ejecutiva Nacional del Partido Frente Grande

UNA POLÍTICA DE SEGURIDAD DEMOCRÁTICA Y EFICAZ

El debate nacional más intenso y presente en la sociedad, a través de los medios masivos, y también en los debates políticos y académicos es el de la seguridad pública. Se ha constituido como un problema central asociado a la calidad de vida y la posibilidad del ejercicio de los demás derechos ciudadanos. A la vez, es eje de una pugna ideológica entre diferentes concepciones –básicamente, las democráticas y las autoritarias en distintos matices-, y es el vehículo mediante el cual la derecha neoliberal pretende reinstalar las doctrinas represivas de la “seguridad nacional”, ahora bajo el argumento de las “nuevas amenazas” –las redes criminales y el terrorismo- que justificarían la intervención de fuerzas militares y la restricción de los derechos y garantías.

En nuestro país, se ha constituido en el argumento central de los políticos de derecha para construir una base de consenso popular para retornar al poder –especialmente en los sectores medios-, disciplinar a la sociedad, reinstaurar las políticas neoliberales y postergar la solución de los problemas sociales y de distribución de la renta económica que actúan como motor de los episodios de inseguridad.

La creación del Ministerio de Seguridad.

En este contexto debe situarse la decisión del Gobierno Nacional de Cristina Fernández de Kirchner de crear el Ministerio de Seguridad y designar en el cargo a la Compañera Nilda Garré, medidas ambas que llevan implícita la determinación de asumir la conducción política de las fuerzas de seguridad –hasta ahora postergada-, depurarlas de los elementos reaccionarios y corruptos, e implementar políticas de seguridad democrática, integrales y no meramente reactivas, basadas en el cumplimiento estricto de la ley y el respeto a los derechos humanos.

En el corto tiempo transcurrido desde su designación, las nuevas autoridades han logrado resolver varios episodios complejos de violencia social fogoneados por grupos desestabilizadores, punteros políticos de Duhalde-Macri y los medios monopólicos, demostrando un ejemplar equilibrio entre la negociación, el uso racional de la fuerza, y el control judicial de los procedimientos policiales.

A pesar de las presiones histéricas de la derecha desde los principales canales de TV reclamando una represión dura, se ha logrado imponer un criterio de actuación profesional de la policía, excluyendo el uso de armas letales, y procurando el empleo mínimo e indispensable de fuerza para controlar los desbordes deteniendo e identificando a los autores, sin abusos brutales ni víctimas innecesarias.

Una política de seguridad democrática.

Estos primeros pasos anticipan la determinación de avanzar en el rumbo señalado hace más de un año por el “Acuerdo por la Seguridad Democrática” suscripto por un amplio espectro de dirigentes políticos, sociales, del medio académico y la defensa de los derechos humanos, basadas centralmente en los siguientes principios:

• Una concepción integral de las políticas de seguridad, que opere sobre las causas del delito y las redes de criminalidad con miras a reducir la violencia en todas sus formas, con estrategias de abordaje integral que articulen las políticas de seguridad con otras políticas públicas, y complementen las acciones del sistema penal con intervenciones de todas las áreas del Estado.

• Gestión democrática de las instituciones de seguridad, ejerciendo la conducción civil y estratégica de las policías, con el pleno control de la institución. La prevención y sanción del delito, de modo eficiente y legal, requiere un sistema policial estrictamente subordinado a las directivas de seguridad pública formuladas por las autoridades gubernamentales.

• Lineamientos básicos para una modernización democrática de las instituciones policiales: la integración de las labores policiales de seguridad preventiva e investigación del delito; la descentralización institucional de la organización policial a nivel distrital y comunal; la integración de la policía con la comunidad y los gobiernos locales en la prevención social de violencia y delito; el control interno de carácter civil y control externo del desempeño y de la legalidad; el sistema de formación y capacitación policial no militarizado y anclado en valores democráticos; el régimen profesional basado en el escalafón único y las especialidades policiales.

Extender estos principios a la realidad de cada provincia.

Sin embargo, debemos anticiparnos en la advertencia que este cambio positivo de rumbo en el orden federal no podrá producir todos los efectos esperados si no se extiende y articula en base a los mismos principios, en los gobiernos provinciales, especialmente de la Provincia de Buenos Aires y el Gobierno de la Ciudad Autónoma –ambos determinantes para la seguridad del Área Metropolitana-.

En el mapa de las provincias argentinas -de manera generalizada y con pocas excepciones- predominan políticas de seguridad “delegativas” hacia fuerzas policiales organizadas bajo criterios represivos que poco han cambiado desde la dictadura militar, carentes de controles, autonomizadas y más propensas a “administrar” el delito que a prevenirlo y reprimirlo legalmente. Prueba lamentable de este estado de cosas, son los reiterados episodios de corrupción, “gatillo fácil” y represión indiscriminada como los ocurridos durante el último año en Río Negro, Formosa y otras provincias.

También en el orden provincial debe encararse la iniciativa para eliminar las policías de “mano dura” que frecuentemente criminalizan la protesta social y se constituyen en una justicia rápida de maltrato a los sectores populares. Esta es una tarea en la que se debe avanzar con una profunda reforma legislativa e institucional de orden local, donde se replique el esfuerzo nacional: la seguridad en manos de los gobiernos y bajo control ciudadanos.

La seguridad macrista.

En la Ciudad, el Gobierno de Macri no sólo ha fracasado en sus promesas demagógicas de “modernizar” la gestión de la seguridad, sino que ha agravado notoriamente los problemas mediante la creación de la Policía Metropolitana en base a las “runflas” de comisarios expulsados de la Policía Federal por corrupción o mal desempeño, lo cual es mucho decir. Una “nueva policía” que es heredera de todos los vicios y problemas de la Federal, que ha tenido que expulsar de sus filas a sus tres primeras jefaturas aun antes de salir a la calle, y que le ha costado al mismo Jefe de Gobierno el procesamiento penal por espionaje ilegal de políticos, gremialistas y dirigentes de la comunidad opositores a sus manejos.

Es responsabilidad de los sectores progresistas de la Ciudad –del Frente Grande entre ellos-, en el marco de una propuesta unitaria y superadora del macrismo para las próximas elecciones, replantear las bases de la política de seguridad democrática que contemple la transferencia de la estructura de seguridad metropolitana de la Policía Federal.

La provincia de Buenos Aires.

El Gobernador Daniel Scioli, cuya gestión acompañamos en el marco del Frente para la Victoria ha sido protagonista de un singular e inexplicable retroceso en materia de seguridad, demoliendo los avances realizados durante la reforma del Ministro Arslanian en la depuración y modernización de la Policía, y la adopción de políticas integrales de prevención, descentralizadas y con activa participación ciudadana en los Foros de Seguridad.

De la mano del fracasado ex ministro Stornelli y ahora del Alcaide Mayor Casal, ha retornado el modelo policial de la “mano dura”, el auto gobierno policial y la corrupción extendida en las filas policiales. Nuevamente –como en épocas pasadas- predomina el discurso demagógico del populismo punitivo, el aumento de las penas, la imputabilidad de los adolescentes, el encarcelamiento masivo sin condenas y la estigmatización de los jóvenes y los pobladores de las zonas marginadas.

El fracaso de esta orientación está haciendo crisis, afectando no sólo las posibilidades electorales de Scioli en la Provincia, sino comprometiendo a todos los que acompañamos este proyecto transformador de la Argentina iniciado en 2003 por Néstor Kirchner y que hoy continúa bajo el liderazgo decidido de Cristina, a quien proponemos y apoyamos para la reelección del mandato presidencial.

Para el Gobierno de la Provincia, los cambios producidos en las políticas de seguridad en el orden nacional, significan una oportunidad de rectificar el rumbo, reorientar su política en base a los principios del “Acuerdo por la Seguridad Democrática” en el orden provincial. Se trata de una posibilidad de ofrecer soluciones verdaderas a los problemas de inseguridad y violencia que afectan la calidad de vida de los bonaerenses que no debe ser desaprovechada.

Como otros problemas que ha debido afrontar Argentina en los 7 años de gobierno de Kirchner y Cristina –la deuda externa, la exclusión social, la crisis energética, la crisis de los sistemas de salud y de la educación, etc.-, la seguridad de los ciudadanos entendida como derecho universal sólo puede garantizarse en el marco de concepciones progresistas basadas en la inclusión social más amplia, el cumplimiento de la ley y de los derechos humanos, y la ampliación de los derechos de ciudadanía. No por vía del retorno a las políticas neoliberales y represivas que las causaron.

Mesa Ejecutiva del Frente Grande

jueves, 27 de enero de 2011

Salud y ambiente en el Chaco


Desde el Frente Grande Chaqueño

“ESTE AÑO DEBEMOS AVANZAR EN LA CUESTIÓN AMBIENTAL PARA CUIDAR LA SALUD DE LA POBLACIÓN ”


Desde el Partido Frente Grande renuevan su compromiso de participar, debatir y trabajar para que desde los distintos Poderes y niveles del Estado surjan las mejores decisiones y respuestas a una problemática creciente, como lo es el daño ambiental y los efectos sobre la salud de las personas que causa el uso indiscriminado y descontrolado de agroquímicos.


Durante los últimos años el tema tomó importante estado público, salieron a la luz reclamos y realidades de distintas zonas de la provincia, seguramente la de La Leonesa ocupó mayor lugar por los hechos de violencia que pretendieron ocultarla, pero también surgieron reclamos de vecinos de Pampa del Infierno, Colonias Unidas, Pampa del Indio, La Verde , zona rural de Las Breñas, San Bernardo, Pampa Solís, Napenay, entre otros. Algunos de éstos reclamos fueron escuchados, la mayoría no lo fue. También hemos advertido una creciente preocupación de parte de varios jefes comunales, inquietud que ,si bien no ha tomado protagonismo público, existe y expresa que el problema existe y es creciente.


“Sabemos que es un tema complejo y que enfrenta distintos intereses, pero entendemos que ninguno es tan importante como la salud y la calidad de vida de los pobladores y trabajadores rurales, como así también de muchas ciudades que directa o indirectamente se ven afectadas, ya sea a través de la fumigación, de la contaminación del agua que consumen o del deterioro progresivo del ambiente que habitan” expresó el Diputado Fabricio Bolatti.


“Creemos que el desafío está en encontrar el equilibrio entre la producción con uso de agrotóxicos, la producción orgánica, la preservación del ambiente y la protección de la salud de la población, sin población sana no hay economía desarrollada posible”, continuaba el legislador del Frente Grande, además de recordar que desde el Frente Grande hemos presentado distintas iniciativas e ideas, siendo también autores de la creación por ley de la Comisión de Investigación de Contaminantes del Agua, compuesta por especialistas interdisciplinarios y de distintos organismos y niveles de gobierno, Comisión que después de hacer aportes muy importantes fue prácticamente desactivada y que requiere un fortalecimiento y reconocimiento.”


Finalmente, recuerdan algunas de las iniciativas y propuestas, con las que se busca sumar al debate que necesita la sociedad chaqueña:

· Libre acceso a la información ambiental, es importante no negar el problema, generar conciencia y participación, generando y asegurando el acceso a la información ambiental.

· Creación de un registro público de infractores y aplicación de sanciones.

· Cumplimiento de la Ley de Biocidas y su actualización, aumentando la distancia entre los cultivos y los pueblos o parajes rurales, diferenciando fumigación aérea y terrestre.

· Sumar a los Municipios en las políticas destinadas a proteger los centros poblados con cordones de resguardos ambientales y forestación de especies nativas, para que no llegue el químico a las viviendas y lograr la protección de las fuentes de agua para consumo y producción.

· Fortalecimiento del área de control provincial, garantizando el cumplimiento de la ley y el apoyo a los Municipios, organizaciones, productores y ciudadanos.

· Inclusión en los planes de estudio de la temática, garantizando el conocimiento generalizado de los efectos y consecuencias del uso y consumo de agroquímicos, como aporte a la generación de conciencia y responsabilidad ciudadana.


miércoles, 26 de enero de 2011

Estereotipos


Estereotipos y Estigmatizaciones

Tere Cubells -Espacio de Género- Partido Frente Grande

Siempre y a cada momento se ponen en juego los estereotipos, estigmatizaciones que como sociedad lo naturalizamos como que vinieran incorporado a nosotr@s y los reproducimos a toda hora y lugar. Lo que debemos hacer y con urgencia (como sociedad) es ver cómo integrar y aceptar lo diverso (sobre todo hoy con la Ley de Matrimonio Igualitario puesta en marcha) para reparar todo el sufrimiento que hemos causado justamente por esto de vivir encerrados en estereotipos impuestos por pautas culturales, no por la Naturaleza, como nos vendieron y nos venden quienes quieren seguir siendo dueños de la Verdad.

Se preguntarán por qué nuevamente hablamos de este tema, porque estos días (orgullosamente) una compañera nuestra de militancia y lucha junto con otra ciudadana, presentaron, sendas demandas ante la Justicia chaqueña exigiendo que se adecuen sus Documentos Nacionales de Identidad respetando su verdadera identidad de género. La iniciativa se dá tras varios fallos favorables en todo el país.

Los primero días de diciembre del año pasado, la Procuración General de la ciudad de Bs. As. se opuso al fallo judicial que había autorizado a cambiar la identidad en sus documentos a Florencia de la V, y por el que estaba a punto de recibirlos en mano, tal como lo hizo Tania Luna el jueves 2 de diciembre. Sin embargo el trámite, autorizado por la jueza Elena Liberatori siguió su curso, a pesar de las trabas, y Florencia tuvo su DNI sin mediar mutilaciones ni interrogatorios policíacos. Otros y muchos más complejos casos hay en nuestro territorio pero éstos abren el juego sobre lo que tiene que pasar de aquí en más para que la pregunta sea ¿cómo hacer para que todos y todas, estemos más cerca de tener los mismos derechos, y los nombres que queramos?

El 29 de diciembre de 2010, un tribunal de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires dictó una sentencia más que favorable. Se funda en los derechos humanos, la Constitución Nacional, el Pacto de San José de Costa Rica, la ley 3062 (CABA) y los Principios de Yogyakarta, destacando sobre todo que nadie está obligado a someterse a procedimientos médicos para obtener el reconocimiento legal de su identidad de género. Se ordenó que se efectúen las modificaciones pertinentes a los efectos de mantener su número de DNI, cambiando el nombre y el sexo.

Por primera vez se autoriza a un varón trans el cambio de su identidad registral sin obligarlo a someterse a pericias médicas o psicológicas, y garantizando su derecho a optar por una cirugía parcial en un lugar adecuado para el cuidado de su salud y atendiendo sólo a la autonomía de quien demanda. Con este fallo del juez Roberto Gallardo, que cita por primera vez los Principios de Yogyakarta –una serie de principios para aplicar la legislación internacional de derechos humanos a las cuestiones de identidad de género y orientación sexual–, se afianza la jurisprudencia y queda de manifiesto, otra vez, la necesidad de una ley que no obligue a judicializar la historia de vida para que cada quien pueda ser quien es en todos los ámbitos.

Duerme en nuestra legislatura Chaqueña la iniciativa 367/2009 del bloque Legislativo del Frente Grande presentada el 12 de marzo de 2009 que reconoce el respeto de la identidad de género en el ámbito provincial.

Es esto lo que pretendemos para tod@s l@s chaqueñ@s que así lo deseen, por que no se trata de un regalo todo lo contrario, se trata de darles lo que se les negó siempre, los mismos derechos que a tod@ ciudadan@ de nuestro país.

Alentamos, apoyamos e impulsamos acciones como la de nuestra compañera en pos de defensa de sus derechos.


jueves, 20 de enero de 2011

Impuesto Inmobiliario Rural en el Chaco

Desde el Frente Grande Chaqueño defienden el aumento del Inmobiliario Rural

“El aumento del Impuesto Inmobiliario Rural a los grandes propietarios es una medida justa, aunque a los nuevos valores actualizados sigue siendo un impuesto bajo que esta fuera de la realidad económica”

Desde el Bloque Legislativo Frente Grande, autor de la iniciativa que incrementó el impuesto para las grandes extensiones de tierra, elaboraron un informe que aporta elementos al debate sobre capacidad de pago del sector agropecuario y la realidad del Impuesto Inmobiliario Rural. A continuación los elementos salientes.

Desactualización y baja incidencia del impuesto

Es notable la desactualización que mantiene el impuesto , aún luego de las actualizaciones aplicadas por la actual gestión gubernamental y por la Ley 6658 recientemente sancionada por la Legislatura, concluyendo el informe en que "de un total de 29.086 contribuyentes, el 92,8% de los productores no tuvo aumento alguno, manteniéndose los bajos valores del año 1994 para los propietarios de menos de 2.000 hectáreas y aplicándose actualizaciones solo para los 526 contribuyentes que tienen más de 2.000 hectáreas" y que de todas formas van a seguir pagando montos poco significativos.

Para fundamentar lo irreal de los valores sobre los que se determina el impuesto anual, el informe muestra y analiza el siguiente cuadro que toma casos particulares de diferentes zonas de la provincia, todos contribuyentes de más de 2.000 hectáreas que fueron alcanzados por las actualizaciones y aumentos aplicados, mostrando la ubicación, la superficie de la propiedad sobre la que tributa, la valuación actualizada a diciembre de 2010, el valor por hectárea determinado y el impuesto que debe pagar, seguidamente en las dos últimas columnas se hace una relación de qué extensión de cultivo o de cuantos novillos debería afectar el productor para pagar el impuesto anual.

Superficie

Valuación Fiscal

Valuación por

impuesto anual

hectáreas de

novillos

Ubicación

en hectáreas

actualizada

hectárea

actualizado

cultivo

Dto. General Guemes

3276

$ 742.090,90

$ 226,53

$ 14.887,27

6

5

Charata

4707

$ 1.593.974,29

$ 338,63

$ 31.924,94

13

10

rte Esperanza

5000

$ 640.794,00

$ 128,16

$ 12.861,34

5

4

Gral. San Martín

3856

$ 1.444.854,57

$ 374,70

$ 28.942,55

12

10

Resistencia

4445

$ 826.857,81

$ 186,03

$ 16.582,61

7

6

Hermoso Campo

4079

$ 1.344.868,30

$ 329,71

$ 26.942,82

11

9

Así por ejemplo, un propietario de 3276 hectáreas en la zona del Departamento General Guemes encuentra actualizada la valuación fiscal de su campo, la que alcanza un nuevo valor de $742 mil, lo que da un valor por hectárea de $226 y tiene que pagar un impuesto de $14.887,27 en el año. Así podemos observar que la valuación por hectárea es insignificante e irreal, ubicándose en $226 cuando en el mercado una hectárea supera fácilmente los $5.000, también podemos analizar que este gran productor debe destinar el valor de 5 novillos de su producción para pagar el impuesto anual, otra forma de ver la baja incidencia del impuesto.

Para la zona cerealera de Charata podemos observar el segundo caso, vemos que un gran propietario de 4707 hectáreas encuentra actualizada la valuación fiscal en $1.593.974,29 lo que da una valuación por hectárea de $338,63, cuando en el mercado una hectárea en esta zona fácilmente supera los $15.000. Este productor debe destinar 13 hectáreas de cultivo para pagar el impuesto anual, lo que significa un 0.3% de la superficie, demostrándose nuevamente la baja incidencia del impuesto hoy actualizado. De la misma forma el cuadro deja ver casos para otras zonas de la Provincia, para los que también se puede observar la misma realidad.

Concentración de la propiedad de la tierra y destino de la recaudación

El informe también desnuda la concentración de la tierra que existe en nuestra Provincia, donde datos oficiales muestran que el Chaco tiene 6,8 millones de hectáreas productivas, de las cuales el 25%, o sea 1,7 millones están en manos de 152 empresas, que son las alcanzadas por los efectos de la Ley Nº 6658 porque conforman el padrón de los propietarios de más de 4.000 hectáreas, mientras que en el otro extremo hay 17.000 productores que tienen menos de 100 hectáreas cada uno y que no llegan a ocupar el 10% de la tierra productiva de la Provincia.

Este mayor aporte que se les exige a los grandes propietarios tiene un destino redistributivo dentro del sector, aseguran en el informe, ya que el 70% de la recaudación del Impuesto Inmobiliario Rural está destinado a financiar el Régimen de Consorcios Productivos de Servicios Rurales, con el fin de contener y generar condiciones de desarrollo sustentable para pequeños productores.

Necesaria intervención de Estado en la actividad económica

Finalmente desde el Frente Grande defienden la necesaria intervención del Estado en la actividad agropecuaria, recordando que en nuestro país, cuando el Estado se alejo de la función regulatoria, especialmente durante la dictadura militar y en la década menemista de los 90´, se pudo observar una fuerte concentración en detrimento de los pequeños productores, que en numerosos casos fueron absorbidos por los más grandes, generando el éxodo a las ciudades de familias campesinas. El adecuado funcionamiento del sector agropecuario requiere de una firme intervención estatal, que garantice el cumplimiento de las normas e impida que se establezcan prácticas abusivas de los actores más fuertes y concentrados, concluye el informe.

Desde el Frente Grande no dudamos de afirmar que estamos ante un impuesto de carácter progresivo, con un esquema redistributivo y cuyas últimas medidas profundizan esas dos características. El rechazo en la tendencia a sus valores razonables y distributivos tienen la resistencia de quienes defienden un privilegio intolerable y no aceptan cualquier mínima posibilidad de equidad en nuestra Provincia.


Informe Completo

Informe sobre el Impuesto Inmobiliario Rural en la Provincia del Chaco

Bloque Frente Grande

El Código Tributario Provincial crea el Impuesto Inmobiliario Rural que grava la propiedad de inmuebles ubicados fuera de los ejidos urbanos, estableciendo un impuesto básico y un adicional que le otorga una progresividad, buscando gravar la mayor capacidad contributiva. La misma norma faculta al Poder Ejecutivo a actualizar de manera general o diferencial los índices para ajustar la contribución progresiva en función de la verdadera aptitud potencial de los contribuyentes.

El Código establece un procedimiento que valúa cada inmueble teniendo en cuenta sus características y ubicación, dividiendo la Provincia en zonas y otorgándole valores fiscales que deben ser actualizados. Para la determinación de este valor se debe tener en cuenta la rentabilidad de la actividad productiva, los valores inmobiliarios de mercado y la capacidad del uso del suelo, posteriormente se debe tener en cuenta las características particulares de cada propiedad, valorando la ubicación, caminos, suelos, agua, aptitud agrícola, ganadera, bosques y lagunas. De esta forma la determinación del impuesto está relacionada con la capacidad contributiva de cada contribuyente teniendo en cuenta las características de cada zona productiva de nuestra provincia y la superficie o extensión sobre la que se paga, otorgándole justicia contributiva y progresividad al impuesto, dejando en manos del Poder administrador la tarea de actualizar los valores periódicamente.

Actualización del Impuesto

La actualización periódica de la que habla el Código Tributario estuvo ausente durante los últimos años, siendo la Resolución Ministerial Nº 42 del año 1994 el antecedente más cercano que la actual gestión de gobierno pudo utilizar, norma que estableció los valores que se aplicaron hasta el año 2008. En éste extenso período se han producido importantes incrementos en las valuaciones inmobiliarias de mercado y en los precios de la producción, generando una significativa desactualización del impuesto, llevándolo a aplicar valores insignificantes que nada tienen que ver con la realidad económica.

Recién catorce años después con el Decreto Provincial Nº 3933 del año 2008, se oficializa una encuesta de la Dirección de Catastro de la Provincia que determina una actualización equivalente a la aplicación de un coeficiente del 11,4 sobre el valor fiscal del año 1994 y el Decreto Provincial 3947/08 autoriza al Ministerio de Economía a actualizar por estratos los valores, quien resuelve en el año 2008 aumentar en solo una tercera parte de lo determinado por Catastro, el valor de los inmuebles de más de 10.000 has.

Durante el año 2009 no se llevaron adelante actualizaciones y recién a inicios del año 2010 se resuelve actualizar parcialmente la valuación a los inmuebles que superan las 5.000 hectáreas. A fines del año pasado por Resolución del Ministerio de Economía y su consecuente normativa de la Administración Tributaria Provincial, se aplica la actualización de la valuación definida para los inmuebles comprendidos entre las 2.000 y las 5.000 hectáreas, quedando las propiedades de menos de 2.000 has. con valuación a valores del año 1994.

Ley Nº 6658 que estableció un impuesto mínimo para propiedades de más de 4.000 has.

Esta ley recientemente sancionada estableció un atajo en la actualización del impuesto, estableciendo un aumento del desactualizado impuesto para las grandes extensiones de tierra, reconociendo que la actualización posterior que debe hacer el Poder Ejecutivo debe superar estos valores mínimos establecidos en la norma. La iniciativa del Bloque Legislativo Frente Grande buscó acelerar la actualización del impuesto gravando progresivamente a quienes concentran la propiedad de la tierra en nuestra provincia.

Concentración de la propiedad y padrón de contribuyentes

Según información oficial, nuestra Provincia tiene 6,8 millones de hectáreas productivas, de las cuales el 25%, o sea 1,7 millones están en manos de 152 empresas que son las alcanzadas por los efectos de la Ley Nº 6658 porque conforman el padrón de los propietarios de más de 4.000 has. Mientras que en el otro extremo hay 17.000 productores que tienen menos de 100 has. cada uno y que no llegan a ocupar el 10% de la tierra productiva de la provincia.

Según la Administración Tributaria Provincial hay 29.086 contribuyentes del Impuesto Inmobiliario Rural, de los cuales 28.560, un 92,8%, tributan por propiedades cuyas superficies son menores a las 2.000 has. y solo 526 tienen más de 2.000 has. de propiedad.

Incidencia del Impuesto y nuevos valores alcanzados por las actualizaciones

Seguidamente vamos a analizar la incidencia del impuesto y los nuevos valores alcanzados por las actualizaciones, pudiendo notar la desactualización que mantiene el impuesto y la baja incidencia de las actualizaciones aplicadas por la actual gestión y por la Ley 6658 recientemente sancionada por la Legislatura.

Para fundamentar lo irreal de los valores sobre los que se determina el impuesto anual, analizaremos el siguiente cuadro que toma casos particulares de diferentes zonas de la provincia, todos contribuyentes de más de 2.000 hectáreas que fueron alcanzados por las actualizaciones y aumentos aplicados, mostrando la ubicación, la superficie de la propiedad sobre la que tributa, la valuación actualizada a diciembre de 2010, el valor por hectárea determinado y el impuesto que debe pagar. Seguidamente en las dos últimas columnas se hace una relación de qué extensión de cultivo o de cuantos novillos debería afectar el productor para pagar el impuesto anual, para lo que se utilizó un supuesto de un valor de la tonelada de soja de $1.000 y un rinde de 2,5 toneladas por hectárea y el valor de un novillo en $3.000.

Superficie

Valuación Fiscal

Valuación por

impuesto anual

hectáreas de

novillos

Ubicación

en hectáreas

actualizada

hectárea

actualizado

cultivo

Dto. General Guemes

3276

$ 742.090,90

$ 226,53

$ 14.887,27

6

5

Charata

4707

$ 1.593.974,29

$ 338,63

$ 31.924,94

13

10

rte Esperanza

5000

$ 640.794,00

$ 128,16

$ 12.861,34

5

4

Gral. San Martín

3856

$ 1.444.854,57

$ 374,70

$ 28.942,55

12

10

Resistencia

4445

$ 826.857,81

$ 186,03

$ 16.582,61

7

6

Hermoso Campo

4079

$ 1.344.868,30

$ 329,71

$ 26.942,82

11

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Es así que un propietario de 3276 hectáreas en la zona del Departamento General Guemes encuentra actualizada la valuación fiscal de su campo, la que alcanza un nuevo valor de $742 mil, lo que da un valor por hectárea de $226 y tiene que pagar un impuesto de $14887.27 en el año. La valuación por hectárea es insignificante e irreal, ubicándose en $226 cuando en el mercado una hectárea supera fácilmente los $5.000, también podemos observar que este gran productor debe destinar el valor de 5 novillos de su producción para pagar el impuesto anual, otra forma de ver la baja incidencia del impuesto.

Para la zona cerealera de Charata un gran propietario de 4707 hectáreas encuentra actualizada la valuación fiscal en $1.593.974,29 lo que da una valuación por hectárea de $338,63, cuando en el mercado una hectárea en esta zona fácilmente supera los $15.000. Este productor debe destinar 13 hectáreas de cultivo para pagar el impuesto anual, lo que significa un 0.3% de la superficie, demostrándose nuevamente la baja incidencia del impuesto hoy actualizado. De la misma forma el cuadro deja ver casos para otras zonas de la provincia, para los que también se puede observar la misma realidad, donde el valor fiscal más alto por hectárea llega a los $374,70, situación que está fuera de la realidad económica que vive la provincia donde el valor de mercado podría superar en más de un 1.500 % la valuación fiscal.

Destino de la recaudación

La Ley Nº 6547 promovida por el oficialismo, creó el Régimen de Consorcios Productivos de Servicios Rurales, destinada a contener y generar condiciones de desarrollo sustentable para pequeños productores, régimen que a meses de su aplicación ya nuclea a miles de pequeños productores de todas las zonas de la provincia. Esta política que se suma a la inversión en infraestructura que se esta ejecutando, busca consolidar a la familia campesina y frenar el éxodo rural. La misma ley establece que el 70% de la recaudación del Impuesto Inmobiliario Rural está destinada a financiar este régimen, poniendo en marcha una redistribución de ingresos en el sector rural.

Intervención del Estado, SI o No?

La necesidad o no de la intervención del Estado en la actividad agropecuaria es un tema que está en debate, hay quienes afirman que con el libre mercado se producirán mejores resultados y que la presencia del Estado dificulta a los pequeños productores.

Hay que reconocer que el sector agropecuario tiene características particulares, la concentración en la propiedad de la tierra muestra importantes asimetrías, hay muchos productores y pocos y grandes compradores, la cada vez más impuesta tecnología y la existencia de economías de escala promueven aún más la concentración de la producción a través de la agricultura de contratos y el difícil acceso al financiamiento por parte de los pequeños productores son algunas de ellas.

Estas características demandan una necesaria intervención estatal, la que cada vez es más común en todo el mundo, Estados Unidos controla el desempeños de las cadenas productivas, Canadá establece cuotas de producción para cada producto, en Europa hay países que monopolizan la compra de granos, Uruguay controla la venta de carne en el mercado interno y la exportación, Brasil promueve que las compras institucionales se hagan a pequeños productores, son algunos ejemplos.

En nuestro país, cuando el Estado se alejo de la función regulatoria, especialmente durante la dictadura militar y en la década menemista de los 90´, se pudo observar una fuerte concentración en detrimento de los pequeños productores, que en numerosos casos fueron absorbidos por los más grandes, generando el éxodo a las ciudades de familias campesinas. En conclusión, el adecuado funcionamiento del sector agropecuario requiere de una firme intervención estatal, que garantice el cumplimiento de las normas e impida que se establezcan prácticas abusivas de los actores más fuertes.