martes, 14 de julio de 2020

Incorporación de lenguas indígenas a la Constitución


A 10 años de su incorporación legislativa
Proponen que las lenguas de los pueblos indígenas se incorporen a la Constitución Provincial



Las diputadas Tere Cubells –Frente Grande- y Andrea Charole –Bloque Justicialista- presentaron una iniciativa legislativa para que incorporen a la Constitución como oficiales a las lenguas de los Pueblos Preexistentes Qom, Moqoit y Wichí.

A  10 años de la sanción legislativa de la Ley 6604 –hoy Ley 1848-W-, que estableció el carácter oficial –en conjunto con el Castellano-Español- las legisladores presentaron un proyecto de enmienda para la incorporación al plexo de la Constitución Provincial del Chaco.

La Constitución Provincial en el artículo 212 establece  la posibilidad de enmienda de un artículo de la misma por unanimidad de la Cámara de Diputados o por el voto de los dos tercios y la Consulta Popular. Chaco cuenta con dos antecedentes positivos en cuanto a reforma constitucional por enmienda: la Ley 6436 modificatoria del artículo 75, sancionada el 4/11/09, que aseguró un sistema previsional público e intransferible junto con disposiciones que dignifican las jubilaciones y pensiones; y la ley 7232 modificatoria del artículo 90, sancionada el 22/05/13, que concedió a las y los jóvenes de dieciséis y diecisiete años el derecho a votar.

El 14 de julio de 2010, la Cámara de Diputados del Chaco daba un paso adelante, relevante, hacia el reconocimiento de los pueblos indígenas: se declaró por Ley 6.604 como lenguas oficiales de la Provincia a las de los Pueblos Preexistentes Qom, Moqoit y Wichí.

La hoy 1848-W no constituye un hecho anecdótico, y mas allá de la evaluación de su cumplimiento, su sanción significó un definición político-institucional que marca un camino que, en algún punto pretende desandar la negación, el saqueo, el ocultamiento de los que fueron objeto los pueblos indígenas.

El abordaje de la temática no comienza su recorrido ese día, tiene una trayectoria de lucha histórica de los pueblos indígenas con varios hitos que no vamos a detallar aquí. Solamente resaltamos algunos avances centrales en materia legislativa relacionadas con la materia, entre ellos:
* La Ley 3.258 "De las Comunidades Indígenas" que en su artículo 13, cap. III "reconoce a las culturas y lenguas toba, Wichí y mocovi como valores constitutivos del acervo cultural de la provincia". En su artículo 14 establece que "Los aborígenes tobas (qom), wichis (Wichí) y mocovies (moqoit) tienen derecho a estudiar su propia lengua en las instituciones de enseñanza primaria y secundaria de las áreas aborígenes." En su artículo 15 estipula que "La educación impartida en los establecimientos escolares que atiende el universo indígena se realizará en forma bicultural y bilingüe" dando marco a los sucesivos proyectos especiales y a la educación intercultural bilingüe que a partir de esa fecha se desarrolla en la provincia.

El Decreto N° 3.236/2008 del Poder Ejecutivo provincial por el cual el Qom, el Wichi y el Moqoit se declaran idiomas oficiales de la provincia constituye un hito en la historia nacional y provincial, profundiza el pedido de perdón hecho público en ocasión de la conmemoración de la Matanza de Napalpí en 2008 y avanza en el sentido de dar respuestas efectivas a la deuda histórica del Estado con los pueblos indígenas.

En nuestra Cámara de Diputados, la ley vigente tiene como antecedentes los Proyectos de Ley 1542/2010 del Poder Ejecutivo provincial y la iniciativa 3250/2008 firmada por la Diputada Inocencia Charole y el Diputado Daniel San Cristóbal, que recoge como antecedente además una iniciativa de éste último, la 2217/03.

Finalizan sus fundamentos las diputadas Cubells y Charole, afirmando que "a 10 años de la sanción legislativa de la Ley 6604 –hoy Ley 1848-W- consideramos un acto de estricta justicia la incorporación al plexo de la Constitución Provincial las lenguas de los Pueblos Preexistentes."

lunes, 13 de julio de 2020

violencia policial


Documento del Partido Frente Grande
“No queremos una cúpula policial corporativa que avale la violencia institucional”


El partido Frente Grande del Chaco expresa su apoyo a la decisión del Poder Ejecutivo provincial, de no admitir el reingreso a las actividades del personal de la Comisaría de Fontana, mientras se esté investigando el hecho. Todo indica que protagonizaron una violenta represión a una familia Qom en la madrugada del 31 de mayo.

Una actitud inadmisible
Consideramos una actitud inadmisible la asumida por la cúpula de la policía provincial de intentar la reinstalación del personal con la excusa de la liberación por parte del Poder Judicial de los agentes que fueron claramente identificados por filmaciones en el marco de la represión. Una decisión que de hecho se transforma en este contexto es un aval político de las autoridades policiales, no solo a los agentes involucrados sino también a este tipo de accionar.
El sistema democrático debe apreciar el valor del respeto a las libertades individuales y cumplimiento de la normativa vigente, máxime en aquellos funcionarios públicos cuya tarea es velar por la seguridad de la población. Y aquellos funcionarios que privilegien intereses corporativos por sobre los sociales no pueden asumir responsabilidades públicas. La Policía del Chaco no puede ser conducida por quienes habilitan la represión.

La falta de compromiso del Poder Judicial
Lamentamos la dubitativa actitud de un sector del Poder Judicial del Chaco que no termina de expresarse claramente por el cuidado de ciudadanas y ciudadanos y no muestra compromiso con la investigación profunda de hechos represivos, que adquieren el carácter estructural en nuestra Provincia.
Es importante recordar que el Juzgado de Garantías Nº 3 de Resistencia, a cargo de la Dra Rosalía Zózzoli, decidió en primer lugar un cambio de carátula a una más benigna y liberar a los cuatro policías imputados denunciados por participar en un allanamiento violento e ilegal agravado por torturas y vejaciones sexuales, cuyas agresiones fueron filmadas y virilizadas, generando un amplio y profundo rechazo a nivel provincial y nacional.

Una nueva oportunidad para cumplir la ley
Entendemos que éste suceso demuestra –una vez más-  la importancia de implementar en forma definitiva la legislación vigente, como ya lo anunciara el Gobernador en la primera semana del mes de junio en el marco de un pedido de perdón por la represión en la localidad de Fontana, en especial la puesta en marcha de un control policial democrático y transparente, a través de la designación de la Dirección de Control Policial y sus órganos dependientes: una Auditoría de Asuntos Internos, una Auditoría de Inspecciones Preventivas y una Defensoría Letrada.

Tanto la actuación del Poder Judicial como la de la policía son elementos claves para avanzar en la construcción de una sociedad más justa y respetuosa de los derechos humanos. Sin su transformación, será imposible evitar, por ejemplo, tristes eventos como el acontecido el fin de semana en Presidencia de la Plaza que le costara la vida a una joven mujer por violencia de género.


Respaldamos la decisión del gobierno provincial de no avalar las prácticas represivas expresadas con actitudes corporativas y la clara señal que oportunamente se diera de poner al frente de la política de derechos humanos a la Vicegobernadora, a la Ministra de Seguridad y a la Secretaria de Derechos Humanos.

domingo, 5 de julio de 2020

Desarticular el fraude de Vicentín

Desarticular el fraude de Vicentín


Lo que se debate es nuestra "soberanía nacional e independencia económica", pero también la capacidad del Estado para evitar el desfalco a los recursos naturales y verdaderos sectores productivos.


Desde el Partido Frente Grande del Chaco expresamos nuestro apoyo a la propuesta de intervención y expropiación de la empresa Vicentin por parte del gobierno nacional de Alberto Fernández y Cristina Fernández de Kirchner, que constituye el primer paso hacia la consolidación de una empresa testigo en el comercio exterior de granos, procesamiento de producción primaria y en la producción de alimentos en pos de la construcción de un proyecto independiente de Nación.

Las exportaciones de granos y derivados de la Argentina, constituyen el negocio más rentable y seguro del país, hoy el 80% se encuentra extranjerizada y en manos de una "corporación de empresas multinacionales". El 54% de las exportaciones del complejo agroexportador está en manos de 5 multinacionales, las primeras 10 empresas del país exportan el 90%, y el gobierno de Macri les cedió el manejo de la principal fuente de divisas del país -USD 30.000 millones año- al desregular  el sistema de liquidaciones y dejar disponer los dólares de las y los argentinos para especular en la timba financiera y obtener de 6 a 10 veces más que la tasa promedio de ganancias en el mundo.

La propuesta del gobierno es clara, parte de un proceso de vaciamiento y trasnacionalización del grupo económico y tiene como objetivo rescatar a la unidad económica de  Vicentin de la quiebra -garantizando la continuidad de más de 27.000 trabajadores y trabajadoras que de forma directa o indirecta dependen del mismo-, para utilizarla estratégicamente como instrumento de gestión en los mercados de granos, aceites, alimentos y el dólar, teniendo como beneficiarios principales a los sectores más desprotegidos del campo, pequeños y medianos productores, cooperativas, pero sobre todo a los consumidores. A la vez, es una forma de que la banca pública y el fisco recuperen la monumental deuda que dejó Vicentin y por la cual deberán rendir cuentas Javier González Fraga, ex presidente del Banco Nación, y el gobierno de Cambiemos.

Mientras desde sectores concentrados, financieros y políticos se mantienen pujando y respaldando maniobras especulativas para generar mayores ganancias y debilitar la gestión económica, el gobierno nacional fortalece propuestas a favor de la mayoría del pueblo argentino y sabe que la única salida de esta profunda crisis en la que se encuentra nuestro país es recuperar nuestra soberanía nacional e independencia económica.