martes, 23 de febrero de 2016

En democracia, diálogo




“El protocolo es parte de la política de ajuste, el objetivo es legalizar la represión ante los conflictos sociales”

El diputado provincial por el Frente Grande, Daniel Trabalón, expresó el rechazo a la implementación de un nuevo Protocolo de Seguridad de intervención en las protestas sociales. Aseguró que ésta “nueva herramienta de la que pretende disponer el Gobierno de Mauricio Macri tiene claramente una función política. Es una pieza de la política económica del Gobierno Nacional para poder aplicar el plan de ajuste que viene llevando adelante”.

“Hay que leer políticamente el porqué de este nuevo Protocolo, en un contexto donde se están dando las discusiones salariales con los diferentes sectores gremiales, en el marco de una política que tiene como rasgos predominante un fuerte deterioro del salario de los trabajadores, producto de la devaluación, del aumento desmesurado de los precios de los alimentos, de los tarifazos, de los despidos en el sector público y privado, entre otras”, exhortó.
  
Algunos aspectos críticos del protocolo

El  protocolo es una herramienta autoritaria, que da discrecionalidad a las fuerzas policiales para la represión, y promueve la judicialización de la protesta social.

Uno de los aspectos  más preocupante del protocolo, que establece que  no es necesaria la orden de un juez para desalojar la calle, sino que la Policía puede actuar por sí misma Básicamente, las fuerzas de seguridad van a poder desalojar a las manifestaciones que se produzcan en las calles, a los manifestantes se les advertirá que ante un corte  que se les aplicará las penas del artículo 194 del Código Penal o las contravenciones previstas en cada jurisdicción , sin orden judicial y con el sólo requisito de avisarles que se tienen que retirar y esperar entre 5 y 10 minutos antes de actuar, dándole a la policía atribuciones  que debería tener un fiscal o un juez, o peor, que deberían tener a un funcionario político dialogando.

Otro de los puntos controversiales  tiene que ver con la portación y uso de armas , el nuevo reglamento no prohíbe explícitamente el uso de armas de fuego en las manifestaciones ni el uso de balas de goma para dispersar, es decir habilita de hecho  a los  efectivos portar armas de fuego  en las manifestaciones. 
El protocolo Bullrich no impone obligaciones de uso de uniforme, ni de identificación de los policías y de los móviles que participan en las movilizaciones, tampoco sobre el personal de las fuerzas de seguridad que intervengan que este bajo investigación -administrativa o judicial- o que hayan sido sancionados por irregularidades en su desempeño en el contexto de manifestaciones públicas y/o por uso excesivo de la fuerza. El nuevo protocolo no plantea excluir a nadie.

En el colmo de las violaciones, corralito para el periodismo. El protocolo establece con respecto a la cobertura periodística que, “La participación de los medios de comunicación se organizará de modo tal que, los periodistas, comunicadores y los miembros de sus equipos de trabajo desarrollen su labor informativa en una zona de ubicación determinada”. Es clara la intención de limitar el ejercicio del trabajo periodístico y el efecto de control sobre los operativos policiales que puede tener al restringir el lugar en el que se deben ubicar los trabajadores de prensa que cubren la protesta, busca garantizar la impunidad en la represión para los efectivos de la fuerzas de seguridad .
  
El Chaco no debe adherir a este Protocolo

El Protocolo que el gobierno de la Alianza Cambiemos pretende implementar hoy  es un claro retroceso  en materia de derechos y garantías constitucionales y en relación con los  Tratados internacionales de Derechos Humanos con rango constitucional, con el protocolo que rigió nacionalmente conocido popularmente como el Protocolo Garre, pero además con respecto a la legislación vigente en el Chaco.

El legislador Trabalón recordó que en noviembre de 2015, el Parlamento chaqueño sanciono la ley  N° 7710   que establece los “Criterios Mínimos sobre la Actuación de los Cuerpos Policiales Fuerzas de Seguridad en Manifestaciones Públicas” que ratificó el protocolo Garré que estaba vigente por Decreto en la provincia, que estableció un nuevo paradigma para el abordaje de los conflictos sociales rn la voluntad de no reprimir la protesta social, garantizar la libertad de expresión y atender a las causas de los conflictos por vías políticas

El objetivo central de la Ley (que ratificó el  protocolo Garre) es  el respeto y protección de los derechos de los participantes y reducción de los efectos que pueden causar, de las personas que no participan y de los bienes públicos; la preeminencia de la protección de la vida y la preservación de la vida de todos, los que están en la protesta y los que no”.

“Valoramos la decisión del Gobierno Provincial de no firmar este protocolo, y ante el llamado a consulta, en estas idas y vueltas, marchas y contramarchas, del gobierno de Macri, expresamos claramente desde el partido Frente Grande que nuestra provincia no puede ni debe adherir. Los conflictos sociales, gremiales, los reclamos y demandas de la sociedad  se deben abordar desde la política y no desde la violencia,  las balas y los palos, no pueden ser la respuesta, ni la única alternativa de un Estado democrático” expreso el legislador del Frente Grande

lunes, 22 de febrero de 2016

24F. Adhesión y convocatoria al Paro Nacional y Jornada de Protesta

Documento del Frente Grande, orden nacional

 

El partido Frente Grande adhiere y convoca al paro nacional del 24F

A muy pocos días de iniciado el gobierno de Mauricio Macri, nadie puede dudar sobre cuál es el proyecto.

En el edulcorado discurso del proceso electoral puede haber pasado desapercibido para millones de compatriotas. Pero la realidad hoy es que se encuentra en ejecución una brutal concentración y transferencia de recursos de los sectores populares hacia los grupos económicos concentrados, una gran parte extranjeros.

Con desprecio al Congreso de la Nación,  se han tomado decisiones profundas que ameritan amplios debates y reformas institucionales y legales.

Eliminación de retenciones a las exportaciones, salvaje devaluación, despidos masivos en el Estado, designación de 2 jueces por decreto debiendo luego retroceder y aceptar el procedimiento constitucional, rebalancear los recursos coparticipables concentrándolos, represión y mayor autonomía a las fuerzas policiales, el freno a las obras públicas de todo el país, techos a las negociaciones colectivas, la desaparición del AFSCA y AFTIC y liberalización a la concentración mediática, diferir la aplicación del código procesal penal, transferir a la CSJN las escuchas telefónicas, tarifazos brutales, el posicionamiento en el MERCOSUR que valió una vergonzosa exposición presidencial, la liberalización del Comercio Exterior y proyección a la vuelta del ALCA vía la Alianza del Pacífico e incluso algunos aspectos de la Ley de Ministerios deben tramitarse por el Congreso y con participación política y social. La detención de Milagro Sala y un “protocolo” para reprimir la protesta social cierran la línea antipopular y persecutoria al pueblo.

Los partidos políticos populares y las organizaciones sindicales y sociales no podemos permanecer inmóviles a la retrógrada acción del gobierno de Mauricio Macri que, incluso, incumple burdamente sus promesas electorales como la teórica pobreza 0. Debemos ser protagonistas de un proceso que defienda las herramientas y logros conseguidos y profundicemos un proyecto nacional con vistas a una distribución equitativa del ingreso, defender la pequeña  y mediana empresa nacional y el trabajo, revalorizar la negociación colectiva libre, reforme el sistema tributario en forma progresiva, garantice un Estado activo que defienda los sectores populares y profundice la reforma educativa a favor del sistema público estatal.

miércoles, 10 de febrero de 2016

La Coparticipación, medidas ejemplo de un proyecto injusto



Documento del Partido Frente Grande Chaco
Concentración de recursos nacionales
Un ejemplo del proyecto macrista de un país injusto

El presente trabajo tiene por finalidad hacer una contribución a reformas muy profundas que operaron sobre la normativa que regula la relación Nación/Provincias en materia de distribución de recursos que la primera recauda y debe distribuir entre las jurisdicciones. Si bien se han realizado manifestaciones respecto a supuestas adecuaciones, lo cierto es que el paso del tiempo consolida una distribución ajena a un debate democrático que la debe rodear, es decir en el Congreso de la Nación y la información sobre la misma no es realmente muy visible en los medios nacionales. El material no es breve, el tema no es simple.

Luego de los fallos de la Corte Suprema de Justicia de noviembre de 2015 y su convalidación por Decreto 73/2016 y la firma del Decreto N° 194/2016, ambos del presidente Mauricio Macri, podemos observar cómo se vieron beneficiadas tres provincias y en especial la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA). Este es un análisis del primer mes de aplicación, en recursos públicos para enero 2016, en comparación con enero 2015.

Cuadro Nº 1

Jurisdicción
Ene 2016
Ene 2015
Var Ene 2016/2015


Buenos Aires
8.497
6.197
37%

C.A.B.A.
2.257
593
281%

Catamarca
1.120
772
45%

Chaco
2.123
1.454
46%

Chubut
677
471
44%

Córdoba
4.285
2.552
68%

Corrientes
1.606
1.103
46%

Entre Ríos
2.039
1.403
45%

Formosa
1.525
1.048
46%

Jujuy
1.197
823
46%

La Pampa
765
530
44%

La Rioja
853
588
45%

Mendoza
1.757
1.206
46%

Misiones
1.445
993
45%

Neuquén
747
518
44%

Rio Negro
1.053
727
45%

Salta
1.683
1.150
46%

San Juan
1.396
960
45%

San Luis
1.105
649
70%

Santa Cruz
658
464
42%

Santa Fe
4.425
2.594
71%

Sgo. del Estero
1.752
1.201
46%

Tierra del Fuego
511
355
44%

Tucumán
2.017
1.381
46%

Total
45.495
29.733
53%

                      Fuente: MEcon Elaboración Propia. En millones de pesos

A través del Cuadro N° 1 podemos observar el incremento de los recursos girados por el Gobierno Nacional en materia de Coparticipación Federal.

A.   En promedio, las 24 jurisdicciones provinciales recibieron en enero 2016 un 53% más que en enero 2015.
B.   20 de las 24 provincias recibieron recursos por debajo del promedio.
C.   Sólo 4 jurisdicciones recibieron por encima del citado promedio, ellas son:
1)    Córdoba, un 68% más.
2)    San Luis, 70% más.
3)    Santa Fe, 71% más
4)    Por último, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires recibió un 281% más. En enero del pasado año la CABA recibió del Gobierno Nacional $ 593 millones, mientras que en enero 2016 percibió $ 2.257 millones ($ 1.664 millones más)

Entre los fallos de la CSJN y las decisiones de Mauricio Macri, sólo para enero de 2016, se redireccionaron alrededor de 3.000 millones de pesos, mas del 6% de los recursos distribuidos, el equivalente a una vez y media lo recibido por la Provincia del Chaco por el mismo concepto y período.

El paquete de la Corte Suprema
Los distritos de Córdoba, San Luis y Santa Fe tuvieron un incremento –en promedio- de un 25% por encima de los distritos no beneficiados por aplicación de fallos de la CSJN del 24/11/ 2015 y en detrimento del Sistema Previsional. El importe que impacta sobre los recursos de la ANSeS es de aproximadamente 1.400 millones de pesos, dejando sin efectos pactos en los que participaron todas las Provincias y la Nación desde el año 1992.

La inequidad de ésta distribución a los distritos provinciales y el perjuicio al sistema previsional intentó ser salvada la ex presidenta Cristina Fernández por el Decreto 2635/15 del 30/11/2015, el que fue derogado por el Decreto 73/2016 (BO 13/01/2016) convalidando un desajuste importante entre 3 Provincias y el resto de los distritos

Hay que destacar que ésta aplicación de fallos de la CSJN no sólo perjudica a los distritos provinciales sino que irriga hacia los Municipios de 20 provincias dado que los recursos recibidos nutren los que cada provincia distribuye entre sus municipios.

Aumento de la Coparticipación Federal a la C.AB.A.
Recordemos que el Decreto 194/2016 estableció un aumento del 1,40% al 3,75% la Coparticipación Federal de Recursos Fiscales para el distrito más rico de la Argentina “en aras de asegurarle el desenvolvimiento fiscal y patrimonial que permita continuar consolidando la organización y funcionamiento institucional” a partir del 1° de enero de 2016. Se lo hizo aprovechando que la Ley de Coparticipación 23.548 otorgó esa facultad al Poder Ejecutivo nacional cuando la Ciudad de Buenos Aires no tenía estatus de ciudad autónoma que le otorgó la reforma constitucional de 1994. O sea, hoy violentando la Constitución Nacional.

De manera palmaria podemos inferir como el gobierno nacional a cargo del presidente Macri, lleva adelante políticas tendientes a favorecer a los sectores económicos y financieros más concentrados, y esta medida a una concentración geográfica mayor de la renta,

Esta decisión de aumentar el coeficiente de participación correspondiente a la CABA del monto total recaudado implica el desfinanciamiento del Estado nacional y establecer una nueva proporción y relación tributaria entre Provincias.

Si bien es cierto que no se modificó el coeficiente de ninguna provincia, el  Estado nacional resigna recursos importantes para obras públicas y políticas sociales que se verán seriamente afectadas, especialmente para el NEA, NOA, región patagónica y el conurbano bonaerense.

Pero a su vez, por un simple Decreto cambia la relación recaudatoria entre distritos. Veamos en el siguiente cuadro

Cuadro Nº 2

Jurisdicción
% sobre total enero 2016
% sobre total enero 2015
nro orden enero 2016
nro orden enero 2015


Buenos Aires
18,68%
20,84%
1
1

Santa Fe
9,73%
8,72%
2
2

Córdoba
9,42%
8,58%
3
3

Chaco
4,67%
4,89%
5
4

Entre Ríos
4,48%
4,72%
6
5

Tucumán
4,43%
4,64%
7
6

Mendoza
3,86%
4,06%
8
7

Sgo. del Estero
3,85%
4,04%
9
8

Salta
3,70%
3,87%
10
9

Corrientes
3,53%
3,71%
11
10

Formosa
3,35%
3,52%
12
11

Misiones
3,18%
3,34%
13
12

San Juan
3,07%
3,23%
14
13

Jujuy
2,63%
2,77%
15
14

Catamarca
2,46%
2,60%
16
15

Rio Negro
2,31%
2,45%
18
16

San Luis
2,43%
2,18%
17
17

C.A.B.A.
4,96%
1,99%
4
18

La Rioja
1,87%
1,98%
19
19

La Pampa
1,68%
1,78%
20
20

Neuquén
1,64%
1,74%
21
21

Chubut
1,49%
1,58%
22
22

Santa Cruz
1,45%
1,56%
23
23

Tierra del Fuego
1,12%
1,19%
24
24

Total
100,00%
100,00%




El ”plumazo” de Macri implicó llevar a la CABA del 1.99% de participación sobre los recursos distribuidos al 4,96%, pasando del lugar 18 al 4 en el ranking de recursos distribuidos.

El camino es por el Congreso Nacional
A poco de andar el nuevo gobierno nacional, a pesar de haber anunciado el debate de una nueva Ley de Coparticipación, aplicó brutales medidas que han perjudicado a las Provincias y municipios y en especial a las mas pobres. Se ha violentado la Constitución Nacional y el lugar de debate de un tema central como lo es el CONGRESO NACIONAL.