Violencia contra las mujeres en Chaco

Violencia de Género en el Chaco

Solidaridad del Frente Grande con las Víctimas

Trata de personas, violencia de género, femicidios, discriminación laboral, penalización del aborto, acoso sexual, maltrato en salud pública, entre otros muchos padecimientos cotidianos de la mujer, son el resultado de una sociedad machista, patriarcal que se manifiesta en las Instituciones y así maltrata en la mayoría de los casos que ellas piden atención o ayuda.

Distintos medios de comunicación así como  las redes sociales han sido  en estos últimos meses el espacio que víctimas y familiares utilizan para poder hacer visible sus denuncias, ante la ausencia estatal.

La gran coincidencia es que las mismas involucran a mujeres que sufrieron algún tipo de violencia y que previamente a esta exposición han recurrido a la institución policial, no encontrando en ella acompañamiento ni acciones que respalden su decisión, conducta que debería ser norma en ellas. Esto nos muestra que las víctimas que se acercan a estas instituciones para contar un hecho íntimo, violento, que compromete su integridad y resulta traumático no cuentan con el compromiso, obligatorio y celeridad, por parte del Estado.

En un alto número de casos el personal policial, frente a esta situación utiliza una discrecionalidad, que no le está permitida legalmente e indaga a la víctima. Decide en ese mismo momento si creerle o no, si es merecedora del auxilio de la institución, guiado una visión machista “naturalizada” en su seno y estos  patrones culturales hacen que se culpabilice  a la mujer–víctima.  

Por lo descripto anteriormente el Estado no actúa en el momento justo, generando desconfianza y desprotección a quién lo requiere y a la sociedad toda.

Nuestra provincia cuenta con herramientas para desarmar esta realidad cotidiana: ha adherido por Ley 5492 a la  Ley nacional 24632, “Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer - Convención de Belem Do Pará”. Claramente se establece en su artículo 8 inciso d) que el Estado debe “suministrar los servicios especializados apropiados para la atención necesaria de la mujer objeto de violencia, por medio de entidades de los sectores público y privado, inclusive refugios, servicios de orientación para toda la familia, cuando sea el caso, y cuidado y custodia de los menores afectados.”

La Ley nacional 26485 provee de una serie de herramientas en pos de eliminar los obstáculos en pos de la igualdad, eliminar la violencia contra la mujer y el desarrollo de políticas públicas sobre la violencia contra las mujeres.

Además se ha sancionado la Ley 6976 que establece claramente que se debe incorporar personal que no tenga estado policial en las fuerzas de seguridad, que se debe comunicar inmediatamente a la autoridad judicial los posibles delitos de los que tenga noticia, además de establecer que es la instancia estatal orgánica específica, especializada y profesional que tiene la responsabilidad del mantenimiento del Estado democrático de derecho, mediante su intervención en la prevención, conjuración e investigación de los delitos. Nos preguntamos ¿cómo podrá investigar delitos o prevenirlos si rápidamente descarta en sus oficinas a personas que informan sobre ellos?

Por todo lo anteriormente explicitado decimos que es imperioso un cambio de paradigma sobre el funcionamiento del Estado Provincial en la materia.

Un cambio que unifique los esfuerzos aislados que existen, para lograr lo necesario, la atención, la aplicación de las normas y los  procedimientos con perspectiva de género por parte de l@s funcionari@s ligados a la detección e investigación de delitos.  Se necesita la comprensión clara  y contundente, en todos los niveles del Estado, para que toda  mujer que haga una denuncia deje de ser una doble víctima, por un lado del delito en sí  y por el otro de la omisión de investigar y de la revictimización por los  prejuicios y estereotípos  desde el propio Estado.

El Poder Judicial es además un ausente permanente en políticas investigativas y reparatorias. Anquilosado sobre sí mismo no otorga ninguna garantía ni protección a las víctimas de violencia, sólo burocracia. La formación de agentes policiales, judiciales y funcionarios del Estado sobre la base de ese nuevo paradigma requiere de funcionarios públicos y un sistema político que haga suyo ese problema, que elimine sus propios prejuicios y estereotipos que revictimizan en forma permanente a la mujer y establecen un corsé ideológico sobre el cual bandas de delincuentes operan y personas que reproducen la violencia actuando violentamente sobre una supuesta “acción privada”.

Desde ésta perspectiva, el Frente Grande del Chaco acompaña a las victimas diarias de la violencia y expresa su compromiso en la búsqueda de respuestas a sus demandas.