Fabricio Bolatti, Diputado Provincial del Frente Grande
Creer que una persona que fue funcionaria de la última dictadura cívico-militar puede en la actualidad administrar justicia para toda la ciudadanía chaqueña es absurdo. Rolando Toledo durante la última etapa del proceso militar en el Chaco colaboró con la retirada de los genocidas elaborando la legislación que más les convenía. No fue un mero asesor que aportó conocimientos técnicos, se arrogó las facultades de un legislador sin pasar por la legitimidad que da la participación popular en las elecciones. Su designación no fue un"error", su pasado no pasó inadvertido: el Frente Grande con un grupo de militantes perseguidos por la dictadura se lo hizo saber al Consejo de la Magistratura cuando evaluaba su designación y otros sectores hicieron lo mismo.
Nadie lo obligó a pertenecer a un órgano de la dictadura, su decisión fue personal, y seguramente política, aceptando una función que era de su agrado y lo demostró en la reivindicación pública de su actuación en ocasión de ser postulado como candidato a Juez del máximo tribunal. Su coherencia queda demostrada al hacerse elegir como magistrado a pesar de los fuertes cuestionamientos que recibió de parte de la sociedad. No demostró que fuera el más preparado para el cargo, no hubo una instancia legitimadora como podría haber sido el concurso de oposición y antecedentes. Por el contrario, su elección estuvo teñida del tufillo de la preferencia política siendo su única cualidad haber pertenecido al gobierno del ex Gobernardor Ángel Rozas. Con su designación como Presidente del Superior Tribunal de Justicia ha sido “premiado” por sus pares, también cuestionados por la falta de legitimidad en sus nombramientos y, peor aún, por pasar a la historia como los hostigadores de jueces y juezas garantistas. El deterioro sistemático de la imagen de independencia del Poder Judicial solo ha sido posible por las acciones de las mismas personas que hoy son cuestionadas. A su vez, sus acciones en la conducción del Poder son permanentemente denunciadas como autoritarias tanto por empleados sindicalizados o por personas que ven frustrado su acceso a la administración de justicia.
La designación de Rolando Toledo ha contribuido enormemente al desprestigio del Poder Judicial tan necesario en sociedades desiguales como la nuestra en donde el refugio de cualquier persona tendría que ser un tribunal que le garantice el cumplimiento de los derechos establecidos en la Constitución. Pero, ¿cómo un hombre que burla los mecanismos constitucionales para su designación, que en otra época ayuda a genocidas a “gobernar” esta Provincia puede ser garantía de un ciudadano o ciudadana común?.
¿De qué nos querrá convencer Angel Rozas cuando dice que este STJ es de los mas prestigiosos del país? ¿Sabrá que los conocemos, citando dos ejemplos, por la persecución de jueces y la destrucción del amparo vía una reglamentación oprobiosa?
Esta acción de inconstitucionalidad impulsada por el Poder Ejecutivo puede venir a reparar el daño producido a las instituciones democráticas, puede que en parte sirva para alertar a futuros gobernantes que el menoscabo y el desprecio a la democracia se paga, a larga o a la corta. Lamento que las corporaciones hayan salido a defender a este personaje mal entendiendo el mensaje de las acciones del Poder Ejecutivo. Las medidas llevadas adelante por el Dr. Manuel Aguirre Hayes coinciden con un reclamo de la sociedad por un mayor equilibrio en la administración de justicia, por un manejo de la cosa pública con transparencia y en el marco de la ley. No hay ataque a la independencia de un poder cuando se cumple un mandato popular.
Era un compromiso electoral y es obligación -legal y moral- del Sr. Gobernador impulsar una acción para hacer cesar la violación a la Constitución, como también lo es la de impulsar la destitución de los restantes jueces inconstitucionales.
Nadie lo obligó a pertenecer a un órgano de la dictadura, su decisión fue personal, y seguramente política, aceptando una función que era de su agrado y lo demostró en la reivindicación pública de su actuación en ocasión de ser postulado como candidato a Juez del máximo tribunal. Su coherencia queda demostrada al hacerse elegir como magistrado a pesar de los fuertes cuestionamientos que recibió de parte de la sociedad. No demostró que fuera el más preparado para el cargo, no hubo una instancia legitimadora como podría haber sido el concurso de oposición y antecedentes. Por el contrario, su elección estuvo teñida del tufillo de la preferencia política siendo su única cualidad haber pertenecido al gobierno del ex Gobernardor Ángel Rozas. Con su designación como Presidente del Superior Tribunal de Justicia ha sido “premiado” por sus pares, también cuestionados por la falta de legitimidad en sus nombramientos y, peor aún, por pasar a la historia como los hostigadores de jueces y juezas garantistas. El deterioro sistemático de la imagen de independencia del Poder Judicial solo ha sido posible por las acciones de las mismas personas que hoy son cuestionadas. A su vez, sus acciones en la conducción del Poder son permanentemente denunciadas como autoritarias tanto por empleados sindicalizados o por personas que ven frustrado su acceso a la administración de justicia.
La designación de Rolando Toledo ha contribuido enormemente al desprestigio del Poder Judicial tan necesario en sociedades desiguales como la nuestra en donde el refugio de cualquier persona tendría que ser un tribunal que le garantice el cumplimiento de los derechos establecidos en la Constitución. Pero, ¿cómo un hombre que burla los mecanismos constitucionales para su designación, que en otra época ayuda a genocidas a “gobernar” esta Provincia puede ser garantía de un ciudadano o ciudadana común?.
¿De qué nos querrá convencer Angel Rozas cuando dice que este STJ es de los mas prestigiosos del país? ¿Sabrá que los conocemos, citando dos ejemplos, por la persecución de jueces y la destrucción del amparo vía una reglamentación oprobiosa?
Esta acción de inconstitucionalidad impulsada por el Poder Ejecutivo puede venir a reparar el daño producido a las instituciones democráticas, puede que en parte sirva para alertar a futuros gobernantes que el menoscabo y el desprecio a la democracia se paga, a larga o a la corta. Lamento que las corporaciones hayan salido a defender a este personaje mal entendiendo el mensaje de las acciones del Poder Ejecutivo. Las medidas llevadas adelante por el Dr. Manuel Aguirre Hayes coinciden con un reclamo de la sociedad por un mayor equilibrio en la administración de justicia, por un manejo de la cosa pública con transparencia y en el marco de la ley. No hay ataque a la independencia de un poder cuando se cumple un mandato popular.
Era un compromiso electoral y es obligación -legal y moral- del Sr. Gobernador impulsar una acción para hacer cesar la violación a la Constitución, como también lo es la de impulsar la destitución de los restantes jueces inconstitucionales.
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