El dogma y l@s funcionari@s

Por la cultura de la vida: sobre los funcionarios públicos y el dogma antes que el Estado de Derecho

Por Tere Cubells, espacio de género Frente Grande e integrante de la 

Campaña Nacional por el derecho al aborto legal, seguro y gratuito

"La Iglesia, a efectos de su ética interna, puede establecer el momento de la concepción de la vida humana; pero deber ser consciente de que está entrando en un campo en el cual no tiene competencia específica, el campo de la ciencia" Leonardo Boff.

Cuando se quiere imponer el dogma

En los últimos días varios funcionari@s públicos, representantes electos democráticamente algunos de ell@s, se han expresado respecto de la despenalización y legalización del aborto poniendo sus dogmas religiosos por sobre la institucionalidad democrática. “Plan de dios” dijo algún@, “don de la vida” dijo otr@, la lista sigue.

Nosotr@s debemos comprender a nuestros representantes en sus convicciones religiosas, pero ellos también, deben comprender que esas convicciones no son su obligación como funcionarios, ni los desobliga de atender la institucionalidad y la realidad social de sus representados, que profesamos –o no- diversos credos y aún profesándolos tenemos opiniones diversas respecto de su aplicación dogmática en nuestra vida diaria.

Por ejemplo, el trato que se le ha dado al aborto no solo difiere entre las distintas comunidades religiosas sino que ha suscitado numerosas controversias en el interior de las mismas y hoy continúan siendo objeto de debate y hasta el momento no hay unanimidad de opiniones.   Por lo que sabemos las iglesias no tiene una postura única, todo lo contrario tienen una riquísima pluralidad en cuestiones morales donde se termina privilegiando la conciencia de cada uno, último reducto donde se toman las decisiones y se debaten los dilemas éticos.

Cada hombre y cada mujer gobernante, ocupe el lugar que ocupe, tiene su ética propia y está muy bien, pero ello es exclusivamente para su fuero íntimo. Esa ética no puede –no debe- ser impuesta como norma para la totalidad de l@s  gobernad@s.

Cuando un hombre o una mujer de la democracia debe apelar a dogmas para sostener políticas de Estado, estamos ante un límite del debate que expresa la negación de él, estamos ante un “basta, es así y punto” que pretende denostar el debate esencia de un país plural y democrático.

Nosotr@s, l@s asesin@s

Decir asesino a un contrincante del debate que impulsa una modificación legal por vías estrictamente democrática ofende, hiere y es otra forma de negar el debate.

Sostenemos: mantener la penalización del aborto en nuestro país significa una violación a los DDHH de las mujeres que debe ser removida cuanto antes. Entendemos que la aplicación de algunas leyes penales y otras restricciones jurídicas que impiden o dificultan el acceso a determinados bienes de salud sexual y reproductiva, como ser prohibir un servicio determinado, o los métodos anticonceptivos, o educación sexual en las escuelas y fuera de ellas, constituyen una violación del derecho a la salud, a la autonomía, a la dignidad humana y a la igualdad las mujeres.

La actual actitud penalizadora sobre el aborto  impide a las mujeres el ejercicio pleno de su derecho a la maternidad voluntaria y al disfrute de su sexualidad como una parte inherente al ser humano –tal la disfrutan los hombres desde siempre-, aún cuando el aborto es legal en Argentina por varias causales- Art. 86 Código Penal.

¿Qué hacen esos gobernantes?

Nosotr@s  entendemos que el Estado tiene la obligación de garantizar los DDHH fundamentales de los individuos y promover la justicia social con políticas adaptadas a la realidad social, sin pretender imponer una sola verdad.

¿Qué hace el Municipio de la ciudad de Resistencia en materia de salud reproductiva, acceso a la información, protección de una sexualidad plena y contra la violencia hacia las mujeres? Nada. ¿No hay vida allí?

Si bien debemos reconocer que algunos ámbitos del Estado Provincial han avanzado en la materia, ello es consecuencia fundamental de políticas del Estado Nacional y de la impronta particular de algún@s funcionari@s.  ¿Qué hace el Estado Provincial en materia de educación sexual? Muy poco, con una ley de hace cinco años cuya implementación es prácticamente nula. ¿Por qué se mantiene una ley de ligaduras de trompas que viola derechos elementales de la mujer? Por, precisamente, esa visión paternalista y misógina que expresan nuestros gobernantes y se visualizan con tanto énfasis en los últimos días.

¿Porqué los niveles de Estado provincial y municipal no garantizan la vida de las mujeres con políticas reales y concretas, en vez de hacer afirmaciones rimbombantes de carácter moral que pertenecen a su fuero íntimo?