Violencia en La Leonesa
El Poder Ejecutivo chaqueño evalúa constituirse en querellante particular en las causas en las que están denunciados el Intendente y una Legisladora.
La situación acontecida en agosto del año pasado, donde vecinas y vecinos, dos científicos de trascendencia nacional e internacional, un ex funcionario provincial y dos legisladores provinciales fueran intimidados, amenazados, agraviados y hasta agredidos físicamente con la finalidad de evitar un debate en la localidad de La leonesa acerca del efecto de los agrotóxicos sobre la salud humana, podría tomar mayor trascendencia en el ámbito estatal donde el Poder Ejecutivo Provincial evalúa constituirse como querellante particular.
En efecto, reuniones que vecinas y vecinos de La Leonesa y dirigentes del Frente Grande mantuvieran con el Gobernador de la Provincia y el Ministro de Gobierno durante los meses de febrero y marzo pasados y que luego continuaran con el Ministro de Gobierno y una presentación formal al respecto de la mencionada situación de agosto de 2010 y otras persecuciones de la que fueran objeto vecinas y vecinos que encabezan el debate sobre la situación ambiental en La Leonesa y Las Palmas, derivaron en un serio análisis al respecto.
El documento que se adjunta refiere a una consulta que el Ministro de Gobierno remite al Fiscal de Estado, adjuntando la Actuación Simple 8693/11 para el conocimiento del Fiscal y “a fin de que emita opinión acerca de la factibilidad jurídica para que el Estado se constituya en parte en la causa por la que se investigan los hechos de violencia ocurridos en día 7 de agosto de 2010 en la localidad de La Leonesa y en el que tuvieran intervención funcionarios públicos y empresarios del medio”.
Toda una definición del Ministro que estuviera siguiendo la situación del Intendente José Carbajal, sigue el documento “Los hechos de violencia han tomado estado público y en virtud de verse afectada la seguridad jurídica, es que resulta necesario contar con la opinión de esa fiscalía, para que el Estado se constituya en querellante particular en la causa que se tramita por ante la Fiscalía N 4”.
La mencionada Actuación 8693/11, firmada por vecinos y vecinas de La Leonesa, su asesora legal y dirigentes del Frente Grande como Daniel Trabalón y Daniel San Cristóbal, refiere a situaciones de violencia en La Leonesa desde principios del 2010 hasta principios del 2011 y diversas denuncias judiciales, policiales y ante la Legislatura, adjuntando 22 fojas y un DVD, para exponer al final “…consideramos nuestro deber alertar al Sr. Ministro respecto a que la falta de respuesta oportuna a reclamos de carácter ambiental, donde están en juego la salud y la vida de las personas, traerá aparejadas situaciones de inseguridad si los funcionarios de turno no asumen su rol de garantizar el ejercicio y goce de esos derechos a todos los habitantes en igualdad de condiciones.”
Sin lugar a dudas, desde el Frente Grande observamos con satisfacción ésta actuación del Poder Ejecutivo en lo que sería buscar justicia para con quienes se apartan del respeto a las instituciones y el pueblo.
El Poder Ejecutivo chaqueño evalúa constituirse en querellante particular en las causas en las que están denunciados el Intendente y una Legisladora.
La situación acontecida en agosto del año pasado, donde vecinas y vecinos, dos científicos de trascendencia nacional e internacional, un ex funcionario provincial y dos legisladores provinciales fueran intimidados, amenazados, agraviados y hasta agredidos físicamente con la finalidad de evitar un debate en la localidad de La leonesa acerca del efecto de los agrotóxicos sobre la salud humana, podría tomar mayor trascendencia en el ámbito estatal donde el Poder Ejecutivo Provincial evalúa constituirse como querellante particular.
En efecto, reuniones que vecinas y vecinos de La Leonesa y dirigentes del Frente Grande mantuvieran con el Gobernador de la Provincia y el Ministro de Gobierno durante los meses de febrero y marzo pasados y que luego continuaran con el Ministro de Gobierno y una presentación formal al respecto de la mencionada situación de agosto de 2010 y otras persecuciones de la que fueran objeto vecinas y vecinos que encabezan el debate sobre la situación ambiental en La Leonesa y Las Palmas, derivaron en un serio análisis al respecto.
El documento que se adjunta refiere a una consulta que el Ministro de Gobierno remite al Fiscal de Estado, adjuntando la Actuación Simple 8693/11 para el conocimiento del Fiscal y “a fin de que emita opinión acerca de la factibilidad jurídica para que el Estado se constituya en parte en la causa por la que se investigan los hechos de violencia ocurridos en día 7 de agosto de 2010 en la localidad de La Leonesa y en el que tuvieran intervención funcionarios públicos y empresarios del medio”.
Toda una definición del Ministro que estuviera siguiendo la situación del Intendente José Carbajal, sigue el documento “Los hechos de violencia han tomado estado público y en virtud de verse afectada la seguridad jurídica, es que resulta necesario contar con la opinión de esa fiscalía, para que el Estado se constituya en querellante particular en la causa que se tramita por ante la Fiscalía N 4”.
La mencionada Actuación 8693/11, firmada por vecinos y vecinas de La Leonesa, su asesora legal y dirigentes del Frente Grande como Daniel Trabalón y Daniel San Cristóbal, refiere a situaciones de violencia en La Leonesa desde principios del 2010 hasta principios del 2011 y diversas denuncias judiciales, policiales y ante la Legislatura, adjuntando 22 fojas y un DVD, para exponer al final “…consideramos nuestro deber alertar al Sr. Ministro respecto a que la falta de respuesta oportuna a reclamos de carácter ambiental, donde están en juego la salud y la vida de las personas, traerá aparejadas situaciones de inseguridad si los funcionarios de turno no asumen su rol de garantizar el ejercicio y goce de esos derechos a todos los habitantes en igualdad de condiciones.”
Sin lugar a dudas, desde el Frente Grande observamos con satisfacción ésta actuación del Poder Ejecutivo en lo que sería buscar justicia para con quienes se apartan del respeto a las instituciones y el pueblo.
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