DEMOCRACIA O IMPUNIDAD
Hace un tiempo expresábamos desde el Frente Grande que la sanción al Intendente Carbajal, al empresario arrocero Sr. Meichtry y al grupo de personas involucradas en los acontecimientos de La Leonesa en agosto del año pasado no debía ser vista como un hecho aislado, no debían pensarse coyunturalmente, sino que por el contrario tienen que ser tomadas como un hecho institucional de extrema gravedad.
Una de las cuestiones centrales que está en juego es la capacidad de nuestras instituciones para reaccionar contra la violencia como forma de acción política.
En nuestra opinión, se encuentra en juego la respuesta al interrogante ¿Cuáles son las condiciones en que ciudadanas, ciudadanos y funcionarios ejercen hoy sus derechos políticos en el chaco?
La Constitución y la Democracia según Sánchez
En su intento por convalidar el accionar intimidatorio del Intendente y su esposa, el diputado Ricardo Sánchez, presidente del Bloque del PJ, plantea entre otras cosas, “que el intendente estaba en ejercicio de sus funciones, y que por lo tanto tiene inmunidad según el Art. 195 de la Constitución Provincial” refiriéndose a los violentos acontecimientos, que llevaran adelante esta pareja de funcionarios públicos contra un grupo de personas, un científico y dos Diputados, y dice sobre el hábeas corpus, que la Jueza de Garantías Nº 1 María de las Mercedes Pereyra otorgara al agresor “el fallo ratifica la autonomía municipal que está en la Constitución Nacional y en la Constitución Provincial, y todos los tratados internacionales…”
El “Constitucionalista Sáenzpeñense”, refuerza su posición en el lamentable fallo de la Jueza Pereyra, y de hecho termina planteando una reforma nuestra Carta Magna estableciéndole nuevas funciones e inmunidades a los intendentes, desvirtuando groseramente el concepto de autonomía Municipal.
En la teoría de Sanchez los intendentes (y porque no los diputados?) podrán formar sus patotas para intimidar amenazar, agredir física o verbalmente a quien se atreviera a expresar alguna opinión diferente o aquel que con su accionar altere la paz social de su comunidad según su propio criterio.
No conforme con esto, el Diputado Sánchez en la última sesión de la Legislatura profundizó sus conceptos, diciendo que los votos obtenidos en la interna partidaria legitimaban el violento accionar del Intendente, algo similar expreso públicamente Carbajal.
Es así que en la doctrina esbozada el voto resulta ser un especie de cheque en blanco que los ciudadanos otorgamos a las autoridades electas y que lo habilitan a llevar adelante este tipo de acciones. Similar teoría desarrollaba el Rozismo en sus años mozos de degradación institucional.
Carbajal, Impunidad y Soberbia
La reacción del Intendente ante la sanción de la Legislatura Provincial fue “Nosotros vamos a tratar de buscar ir al Covadonga o a algún lugar donde podamos estar mejor. Algún compañero puede tener una oficina ahí, o en el Amerian”.
Esta actitud de burlarse irónicamente de la decisión de la Legislatura Provincial refleja claramente la soberbia de un impune, que se siente protegido por un sector del poder político y judicial.
Nos hace acordar al trato a la justicia y los privilegios de los detenidos por cometer delitos de lesa humanidad en la última dictadura cívico militar, trato y privilegios que -a pesar de similar contubernio que el que sostiene a Carbajal- vienen desmantelando los organismos de DDHH, la verdadera justicia y el gobierno nacional.
La sanción
El día miércoles 20/04 la Legislatura dio un paso importante al sancionar con 7 días de arresto el accionar violento, y claramente antidemocrático, de Carbajal. Si bien no coincidimos que la Diputada Insaurralde, el propietario Sr. Meichtry, y el grupo de patoteros que los acompañaban se hayan liberado hasta acá de sus responsabilidades no dejamos de ver la trascendencia de la sanción, que además fue tomada por la mayoría de los bloques parlamentarios (el bloque del FG. de Libres del Sur, de la Concertación, de la Alianza), la única excepción fue la del bloque justicialista,( que quien sabe por qué intereses o acuerdos ) que cerró filas detrás del Intendente y la Legisladora, justificando el accionar de los agresores e intentando dejar impune estos hechos.
El necesario compromiso de las instituciones
El Poder Legislativo hizo una parte. Pero este tema está lejos de ser un tema exclusivo del Poder Legislativo, de hecho involucra a los tres poderes del estado.
El Poder Judicial tendrá que resolver, entre otras cosas, si las acciones realizadas por Carbajal, son parte de las funciones de un intendente, si los fueros y las inmunidades, permiten y protegen el accionar violento, coartar la libertad de expresión e intimidar así como también resolver la descabellada protección jurídica que se le diera con un hábeas corpus al Intendente.
Sigue ausente en este tema una definición pública clara y contundente de repudio, por parte del Poder Ejecutivo Provincial, entendemos que el silencio no es saludable para nuestro sistema democrático y el Gobernador lo mantiene.
Democracia o Impunidad
Nuestro sistema democrático no se puede construir ni consolidar, sobre la base de privilegios e impunidades, el voto popular no habilita cualquier acción de los funcionarios electos, no da más poder, ni facultades que los que la Constitución y las leyes establecen.
Democracia e impunidad, no son dos conceptos complementarios, sino excluyentes.
Una de las cuestiones centrales que está en juego es la capacidad de nuestras instituciones para reaccionar contra la violencia como forma de acción política.
En nuestra opinión, se encuentra en juego la respuesta al interrogante ¿Cuáles son las condiciones en que ciudadanas, ciudadanos y funcionarios ejercen hoy sus derechos políticos en el chaco?
La Constitución y la Democracia según Sánchez
En su intento por convalidar el accionar intimidatorio del Intendente y su esposa, el diputado Ricardo Sánchez, presidente del Bloque del PJ, plantea entre otras cosas, “que el intendente estaba en ejercicio de sus funciones, y que por lo tanto tiene inmunidad según el Art. 195 de la Constitución Provincial” refiriéndose a los violentos acontecimientos, que llevaran adelante esta pareja de funcionarios públicos contra un grupo de personas, un científico y dos Diputados, y dice sobre el hábeas corpus, que la Jueza de Garantías Nº 1 María de las Mercedes Pereyra otorgara al agresor “el fallo ratifica la autonomía municipal que está en la Constitución Nacional y en la Constitución Provincial, y todos los tratados internacionales…”
El “Constitucionalista Sáenzpeñense”, refuerza su posición en el lamentable fallo de la Jueza Pereyra, y de hecho termina planteando una reforma nuestra Carta Magna estableciéndole nuevas funciones e inmunidades a los intendentes, desvirtuando groseramente el concepto de autonomía Municipal.
En la teoría de Sanchez los intendentes (y porque no los diputados?) podrán formar sus patotas para intimidar amenazar, agredir física o verbalmente a quien se atreviera a expresar alguna opinión diferente o aquel que con su accionar altere la paz social de su comunidad según su propio criterio.
No conforme con esto, el Diputado Sánchez en la última sesión de la Legislatura profundizó sus conceptos, diciendo que los votos obtenidos en la interna partidaria legitimaban el violento accionar del Intendente, algo similar expreso públicamente Carbajal.
Es así que en la doctrina esbozada el voto resulta ser un especie de cheque en blanco que los ciudadanos otorgamos a las autoridades electas y que lo habilitan a llevar adelante este tipo de acciones. Similar teoría desarrollaba el Rozismo en sus años mozos de degradación institucional.
Carbajal, Impunidad y Soberbia
La reacción del Intendente ante la sanción de la Legislatura Provincial fue “Nosotros vamos a tratar de buscar ir al Covadonga o a algún lugar donde podamos estar mejor. Algún compañero puede tener una oficina ahí, o en el Amerian”.
Esta actitud de burlarse irónicamente de la decisión de la Legislatura Provincial refleja claramente la soberbia de un impune, que se siente protegido por un sector del poder político y judicial.
Nos hace acordar al trato a la justicia y los privilegios de los detenidos por cometer delitos de lesa humanidad en la última dictadura cívico militar, trato y privilegios que -a pesar de similar contubernio que el que sostiene a Carbajal- vienen desmantelando los organismos de DDHH, la verdadera justicia y el gobierno nacional.
La sanción
El día miércoles 20/04 la Legislatura dio un paso importante al sancionar con 7 días de arresto el accionar violento, y claramente antidemocrático, de Carbajal. Si bien no coincidimos que la Diputada Insaurralde, el propietario Sr. Meichtry, y el grupo de patoteros que los acompañaban se hayan liberado hasta acá de sus responsabilidades no dejamos de ver la trascendencia de la sanción, que además fue tomada por la mayoría de los bloques parlamentarios (el bloque del FG. de Libres del Sur, de la Concertación, de la Alianza), la única excepción fue la del bloque justicialista,( que quien sabe por qué intereses o acuerdos ) que cerró filas detrás del Intendente y la Legisladora, justificando el accionar de los agresores e intentando dejar impune estos hechos.
El necesario compromiso de las instituciones
El Poder Legislativo hizo una parte. Pero este tema está lejos de ser un tema exclusivo del Poder Legislativo, de hecho involucra a los tres poderes del estado.
El Poder Judicial tendrá que resolver, entre otras cosas, si las acciones realizadas por Carbajal, son parte de las funciones de un intendente, si los fueros y las inmunidades, permiten y protegen el accionar violento, coartar la libertad de expresión e intimidar así como también resolver la descabellada protección jurídica que se le diera con un hábeas corpus al Intendente.
Sigue ausente en este tema una definición pública clara y contundente de repudio, por parte del Poder Ejecutivo Provincial, entendemos que el silencio no es saludable para nuestro sistema democrático y el Gobernador lo mantiene.
Democracia o Impunidad
Nuestro sistema democrático no se puede construir ni consolidar, sobre la base de privilegios e impunidades, el voto popular no habilita cualquier acción de los funcionarios electos, no da más poder, ni facultades que los que la Constitución y las leyes establecen.
Democracia e impunidad, no son dos conceptos complementarios, sino excluyentes.
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