A propósito del pronunciamiento de la Iglesia Católica
EL DERECHO AL ABORTO YA NO PUEDE SER UN TABÚ
Nuestra intención es hacer un aporte al análisis de la problemática del aborto en nuestro país, en nuestra provincia, mostrando, lo más claramente posible la hipocresía que impide avanzar en la discusión, debate, tratamiento y promulgación de la despenalización de la interrupción voluntaria del embarazo, tanto en la sociedad como en el Congreso –lugar donde deliberan nuestros representantes genuinos en un sistema democrático.
Por ello –hace años- apoyamos y fomentamos iniciativas para que el aborto sea cada vez mas parte del debate político y social, ya que claramente observamos que solo sale en los medios por algún pronunciamiento condenatorio de la Iglesia Católica-especialmente- o por negativa judicial o médica –en casos de abortos no punibles -estipulados en el Código Penal-art. 86-.
Porque también apoyamos y fomentamos todas las iniciativas a nuestro alcance para evitar que las mujeres pasen por el duro momento de decidir abortar, con la resistencia de los mismos sectores que se oponen a la legalización del aborto.
Ya hace unos años los movimientos de mujeres, feministas luego acompañadas por otros muchos colectivos de hombres y mujeres que militando pacientemente este tema lograron instalar en el imaginario social que no solo existe la mirada de la Iglesia en temas sexuales, todo lo contrario y así se fue instalando el aborto como un tema de derechos humanos, justicia social, salud y democracia.
Tenemos que saber que las consecuencias de los miles de abortos inseguros fueron y son la principal causa de muerte materna desde hace más de 20 años en el país. Y recordar que en muchos casos se dan por la falta de acceso a la educación sexual formal e informal, por la restricción al acceso a los anticonceptivos, por la promoción de la desinformación prejuiciosa o por otros motivos que derivan en una gestación no planificada ni deseada.
También debemos saber que el aborto es el último recurso que toma una mujer, pero cuando lo decide no da marcha atrás porque este penalizado.
La penalización del aborto y sus efectos sobre las mujeres restringe el ejercicio pleno de una maternidad voluntaria y el Estado ejerce una discriminación, ya que ésta prohibición afecta de distintas formas a las mujeres de acuerdo a sus recursos económicos o posición social –tema bien sabido pero invisibilizado o mejor dicho escondido por una cuestión de falsa moral instituida en nuestra sociedad- y pone en riesgo y colabora con las muertes y mutilaciones de mujeres.
Mas cruelmente la penalización daña a quienes no están en condiciones de pagar a los médic@s – l@s cuáles en un alto porcentaje lo realizan sin inconvenientes en sus consultorios, pero esgrimen “objeción de conciencia” en los hospitales públicos.
Es el Estado el que debe promover y garantizar los derechos humanos mediante legislación y políticas públicas de acuerdo a la realidad, sin seguir imponiendo una moral única y mucho menos que responda a posiciones dogmáticas de cualquier religión.
Ningún gobernante debe imponer sus creencias a la población, ni dejarse presionar por la religión a la que pertenece y así limitar la existencia de una sociedad democrática.
EL DERECHO AL ABORTO YA NO PUEDE SER UN TABÚ
Por Tere Cubells, Área Género, Partido Frente Grande del Chaco
Nuestra intención es hacer un aporte al análisis de la problemática del aborto en nuestro país, en nuestra provincia, mostrando, lo más claramente posible la hipocresía que impide avanzar en la discusión, debate, tratamiento y promulgación de la despenalización de la interrupción voluntaria del embarazo, tanto en la sociedad como en el Congreso –lugar donde deliberan nuestros representantes genuinos en un sistema democrático.
Por ello –hace años- apoyamos y fomentamos iniciativas para que el aborto sea cada vez mas parte del debate político y social, ya que claramente observamos que solo sale en los medios por algún pronunciamiento condenatorio de la Iglesia Católica-especialmente- o por negativa judicial o médica –en casos de abortos no punibles -estipulados en el Código Penal-art. 86-.
Porque también apoyamos y fomentamos todas las iniciativas a nuestro alcance para evitar que las mujeres pasen por el duro momento de decidir abortar, con la resistencia de los mismos sectores que se oponen a la legalización del aborto.
Ya hace unos años los movimientos de mujeres, feministas luego acompañadas por otros muchos colectivos de hombres y mujeres que militando pacientemente este tema lograron instalar en el imaginario social que no solo existe la mirada de la Iglesia en temas sexuales, todo lo contrario y así se fue instalando el aborto como un tema de derechos humanos, justicia social, salud y democracia.
Tenemos que saber que las consecuencias de los miles de abortos inseguros fueron y son la principal causa de muerte materna desde hace más de 20 años en el país. Y recordar que en muchos casos se dan por la falta de acceso a la educación sexual formal e informal, por la restricción al acceso a los anticonceptivos, por la promoción de la desinformación prejuiciosa o por otros motivos que derivan en una gestación no planificada ni deseada.
También debemos saber que el aborto es el último recurso que toma una mujer, pero cuando lo decide no da marcha atrás porque este penalizado.
La penalización del aborto y sus efectos sobre las mujeres restringe el ejercicio pleno de una maternidad voluntaria y el Estado ejerce una discriminación, ya que ésta prohibición afecta de distintas formas a las mujeres de acuerdo a sus recursos económicos o posición social –tema bien sabido pero invisibilizado o mejor dicho escondido por una cuestión de falsa moral instituida en nuestra sociedad- y pone en riesgo y colabora con las muertes y mutilaciones de mujeres.
Mas cruelmente la penalización daña a quienes no están en condiciones de pagar a los médic@s – l@s cuáles en un alto porcentaje lo realizan sin inconvenientes en sus consultorios, pero esgrimen “objeción de conciencia” en los hospitales públicos.
Es el Estado el que debe promover y garantizar los derechos humanos mediante legislación y políticas públicas de acuerdo a la realidad, sin seguir imponiendo una moral única y mucho menos que responda a posiciones dogmáticas de cualquier religión.
Ningún gobernante debe imponer sus creencias a la población, ni dejarse presionar por la religión a la que pertenece y así limitar la existencia de una sociedad democrática.
No hay comentarios:
Publicar un comentario