Juicio a delitos de lesa humanidad en el Chaco

El Frente Grande, Libres del Sur y La Concertación

LAMENTAN ACTITUD DEL SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA

Desde la Legislatura Chaqueña los diputados Raúl Acosta, Carlos Martínez y Fabricio Bolatti presentaron un proyecto de resolución en el cual lamentan la negativa del Superior Tribunal de Justicia del Chaco a colaborar en la realización de los juicios que investigan los delitos de lesa humanidad ocurridos en la última dictadura cívico-militar en la Provincia del Chaco, juicios de vital importancia para el fortalecimiento de nuestra cultura democrática.

También los legisladores expresan preocupación por la decisión tomada por los representantes del Poder Judicial quienes habrían hecho prevalecer sus situaciones personales por sobre el acceso a la verdad y justicia de la ciudadanía chaqueña, recordando que el actual Presidente, Rolando Toledo integrara la C.A.L. durante la dictadura cívico militar y la Juez María Luisa Lucas es testigo por la defensa de los represores acusados en este proceso.

En sentido contrario, el proyecto de resolución busca felicitar a la Universidad Nacional del Nordeste por facilitar el Salón de Actos de la Facultad de Ingeniería para la realización de las audiencias de debate de los juicios.

Luego de nueve años se realizará el juicio a los represores que participaron de las torturas y asesinatos de militantes políticos durante la última dictadura cívico-militar. Se sentarán en el banquillo de los acusados a un grupo de los genocidas en el marco de la Mega-causa “Caballero”. Los genocidas imputados son: Gabino Manader, Lucio Humberto Caballero, José Francisco Rodríguez, Ramón Esteban Meza, José Marín (Cabo Sotelo), Enzo Breard, Ramón Andrés Gandola, José Tadeo Luis Bettolli, Luis Alberto Patetta (También acusado de la Masacre de Margarita Belen), Oscar Alberto Galarza, Rubén Hector Roldán y Francisco Orlando Alvarez. Debían ser juzgados también José María Cardozo, Alberto Horacio Valussi Y el ex Fiscal Federal Carlos Eduardo Flores Leyes, Carlos Alcides Thomas, Wenceslao Ceniquel, Oscar Octavio Ayala y Carlos Silva Longui, pero "fallecieron impunes aunque denigrados” como expresa el Dr Mario Bosch abogado de los familiares querellantes en la causa.

Esta causa tiene un gran valor histórico para todos los chaqueños y chaqueñas que creen firmemente en reconstruir nuestra historia a partir de la “Verdad y la Justicia”. El juzgamiento de los delitos de lesa humanidad tienen un gran peso simbólico para la construcción de nuestra democracia. Un pueblo no puede enorgullecerse de un pasado violento, ni sentar las bases morales de sus instituciones sobre la impunidad otorgada a los actos de terror cometidos desde el aparato estatal.

Este hecho nos llena de satisfacción y orgullo pero por otro nos demuestra que la historia de nuestra Provincia está vigente entre nosotros como pueblo y aún golpea los intereses de un sector de los ciudadanos que no comprenden el valor de estos avances. Es así que los integrantes de nuestro máximo órgano judicial, quienes tienen la responsabilidad de impartir justicia para toda la ciudadanía han demostrado con una actitud sin sentido cual es su rol en nuestra sociedad. Pero buscando en la historia y nuestro pasado reciente es que tiene significación el actuar de los miembros del Superior Tribunal de Justicia y es así que dos de ellos juraron por los Estatutos del Proceso de Reorganización Nacional, el juez Ricardo Franco y el juez Mario Modi, la juez Maria Luisa Lucas quién fuera legisladora provincial en 1975 afirmó que no vió gente golpeada en la ex –Brigada de Investigaciones y su testimonio esa presentado como defensa de los genocida. El Presidente del Cuerpo, Rolando Toledo, fue miembro de la Comisión de Asesoramiento Legislativo designado por el Proceso Militar cuya función era reemplazara al Poder Legislativo, siendo en aquel momento el Gobernador de la Provincia el Coronel Ruiz Palacios.