Para el Frente Grande, el proyecto significa “un salto cualitativo para la democracia argentina, ya que permitirá democratizar la palabra a través de nuevos actores privados, comunitarios y estatales, y facilitará el abordaje plural de la agenda publica para beneficio de los ciudadanos y el debate público”. Además, “incentivará el fortalecimiento de las culturas e industrias locales de radiodifusión”.
El Frente Grande considera que la sanción de una nueva ley “era una deuda de la democracia, que no había sido capaz de encontrar un ordenamiento jurídico que impidiera la concentración de la propiedad de los medios de comunicación y fomentara la pluralidad de actores”.
Para el Partido presidido por Eduardo Sigal, “la Ley reafirma el carácter público del derecho a la expresión, y la necesidad de contar con emisoras comerciales y otras en manos del Estado y de la sociedad civil”, a través de sindicatos, cooperativas, asociaciones civiles y sociedades de fomento.
“Con este proyecto, cerramos una etapa signada por una sucesión de parches y remiendos sobre una ley pensada para servir a los fines de una dictadura genocida y no para la profundización de la democracia”, afirma el Frente Grande.
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