Preocupación y desacuerdo de aliados con decisiones del gobierno provincial.
En los últimos tiempos vienen llevándose adelante algunas decisiones y posiciones públicas por parte del gobierno provincial y de algunos de sus funcionarios que nos mueven a expresar nuestra profunda preocupación y, por qué no decirlo, hasta nuestro abierto desacuerdo con algunas de ellas. Lo hacemos no solo desde nuestra condición de partidos políticos, movimientos y organizaciones sociales que integramos el Frente Chaco Merece Más sino, ante todo, por la elemental y saludable obligación moral de decir lo que pensamos, sobre todo si percibimos que de una u otra forma nos estamos apartando de algunos de los principios fundacionales que nos dieron origen a mediados del año 2007.
El Frente Chaco Merece Más vino a reemplazar el puño cerrado y autoritario del rozismo aliancista por el diálogo y la apertura de ideas. Una muestra de ello fue la permanente predisposición del Gobernador y varios de sus funcionarios a entablar conversaciones directas con los sectores de la sociedad civil, con un momento destacado en las jornadas de convocatoria al Diálogo Político y Social presididas por el mismo primer mandatario provincial, a mediados del año pasado. Apenas unos meses después, a fines de septiembre, se dá un hecho lamentable, el desalojo de la Plaza 25 de Mayo, oportunidad en la que manifestamos que la tentación de utilizar la “mano dura” en la resolución del conflicto social era la peor de las alternativas posibles para una gestión que heredaba una sociedad minada por la pobreza, la degradación institucional y la abrumadora exclusión de una parte importante de su población.
Hace tan solo unas horas, se reitera el despliegue de un fuerte operativo y masiva presencia de efectivos uniformados y de civil de la policía provincial para dispersar una manifestación de integrantes de movimientos sociales, en abierta contradicción con los derechos de peticionar y de obtener respuesta por parte de las autoridades, establecidos en el punto 5° del Artículo 15 del apartado referido a Derechos Humanos normados por nuestra Constitución Provincial . Estos acontecimientos nos consternan y nos mueven a expresar nuestra firme condena y rechazo al uso de la fuerza pública, tal como siempre lo hemos hecho tratándose de protestas sociales. Si se reemplazan el diálogo y las políticas de inclusión social por la abierta represión de los conflictos y la negación de los elementales derechos a la alimentación y a la subsistencia de los sectores más humildes de nuestro pueblo, entonces estamos yendo por mal camino, un camino que desde nuestros sectores no estamos dispuestos a recorrer.
Señalamos también la contradicción que existe en el seno de cualquier gestión ministerial que se pretenda progresista al momento que se producen bajas masivas en Programas de Inclusión Social o Becas de Capacitación que, en su mayoría, no superan los trescientos mínimos, escasos y cada vez mas paupérrimos pesos.
Otra cuestión que nos mueve a reflexión tiene que ver con las recientes declaraciones del Jefe de la Policía del Chaco, Comisario Lisboa, proponiendo la baja en la edad de imputabilidad. Amén de estar en completo desacuerdo con esta opinión, por cuestiones de principios, por ser violatoria de la normativa internacional e inconducente en términos prácticos (ya que es el Congreso Nacional la instancia decisoria) nos preguntamos con todo derecho: ¿La opinión del Comisario Lisboa es la opinión de todo el Poder Ejecutivo sobre este tema? ¿Acaso se ha adoptado la visión que la mejor política de seguridad es la de meter presos a todos los menores de edad? Lo preocupante sobre este tema no pasa, en lo fundamental, por lo que dijo Lisboa, sino por el inexplicable silencio del Poder Ejecutivo y la mayoría de los funcionarios sobre este tema, que se parece bastante al acuerdo con las expresiones del mencionado subalterno.
La postura de la mal llamada “opinión pública” sobre este tema (vuelta de la “mano dura”, mas cárceles, endurecimiento de las penas, tinellización de la cuestión de la seguridad) parece haber calado profundamente en gran parte de nuestra dirigencia política. Empezar a recuperar una visión de política de Estado seria acerca del problema de la seguridad de los ciudadanos, implica necesariamente avanzar hacia una sociedad con mayores niveles de inclusión de sus integrantes, es decir, pensar la seguridad ciudadana en términos de inclusión social de nuestros jóvenes (educativa, sanitaria, en lo deportivo, etc.), del cese de la persecución permanente a los mismos (derogando la actual ley de “cacheo”) y con la vista puesta en combatir la corrupción policial-institucional y sus lazos con la delincuencia organizada.
Por último, veríamos con buenos ojos que el Ejecutivo tomara cartas en el asunto donde se viera involucrado el Intendente de La Leonesa, José Carbajal, denunciado por el periodista Dante Fernández de FM Frontera por agresiones presuntamente perpetradas por sus colaboradores mientras el cronista cubría una marcha pacífica de vecinos en contra del uso de agrotóxicos en la zona. No sería bueno que ocupando el Gobernador un espacio importante en el Consejo Federal creado por la nueva Ley de Comunicación y Servicios Audiovisuales, hechos de esta naturaleza pasen desapercibidos.
El Frente Chaco Merece Más vino a reemplazar el puño cerrado y autoritario del rozismo aliancista por el diálogo y la apertura de ideas. Una muestra de ello fue la permanente predisposición del Gobernador y varios de sus funcionarios a entablar conversaciones directas con los sectores de la sociedad civil, con un momento destacado en las jornadas de convocatoria al Diálogo Político y Social presididas por el mismo primer mandatario provincial, a mediados del año pasado. Apenas unos meses después, a fines de septiembre, se dá un hecho lamentable, el desalojo de la Plaza 25 de Mayo, oportunidad en la que manifestamos que la tentación de utilizar la “mano dura” en la resolución del conflicto social era la peor de las alternativas posibles para una gestión que heredaba una sociedad minada por la pobreza, la degradación institucional y la abrumadora exclusión de una parte importante de su población.
Hace tan solo unas horas, se reitera el despliegue de un fuerte operativo y masiva presencia de efectivos uniformados y de civil de la policía provincial para dispersar una manifestación de integrantes de movimientos sociales, en abierta contradicción con los derechos de peticionar y de obtener respuesta por parte de las autoridades, establecidos en el punto 5° del Artículo 15 del apartado referido a Derechos Humanos normados por nuestra Constitución Provincial . Estos acontecimientos nos consternan y nos mueven a expresar nuestra firme condena y rechazo al uso de la fuerza pública, tal como siempre lo hemos hecho tratándose de protestas sociales. Si se reemplazan el diálogo y las políticas de inclusión social por la abierta represión de los conflictos y la negación de los elementales derechos a la alimentación y a la subsistencia de los sectores más humildes de nuestro pueblo, entonces estamos yendo por mal camino, un camino que desde nuestros sectores no estamos dispuestos a recorrer.
Señalamos también la contradicción que existe en el seno de cualquier gestión ministerial que se pretenda progresista al momento que se producen bajas masivas en Programas de Inclusión Social o Becas de Capacitación que, en su mayoría, no superan los trescientos mínimos, escasos y cada vez mas paupérrimos pesos.
Otra cuestión que nos mueve a reflexión tiene que ver con las recientes declaraciones del Jefe de la Policía del Chaco, Comisario Lisboa, proponiendo la baja en la edad de imputabilidad. Amén de estar en completo desacuerdo con esta opinión, por cuestiones de principios, por ser violatoria de la normativa internacional e inconducente en términos prácticos (ya que es el Congreso Nacional la instancia decisoria) nos preguntamos con todo derecho: ¿La opinión del Comisario Lisboa es la opinión de todo el Poder Ejecutivo sobre este tema? ¿Acaso se ha adoptado la visión que la mejor política de seguridad es la de meter presos a todos los menores de edad? Lo preocupante sobre este tema no pasa, en lo fundamental, por lo que dijo Lisboa, sino por el inexplicable silencio del Poder Ejecutivo y la mayoría de los funcionarios sobre este tema, que se parece bastante al acuerdo con las expresiones del mencionado subalterno.
La postura de la mal llamada “opinión pública” sobre este tema (vuelta de la “mano dura”, mas cárceles, endurecimiento de las penas, tinellización de la cuestión de la seguridad) parece haber calado profundamente en gran parte de nuestra dirigencia política. Empezar a recuperar una visión de política de Estado seria acerca del problema de la seguridad de los ciudadanos, implica necesariamente avanzar hacia una sociedad con mayores niveles de inclusión de sus integrantes, es decir, pensar la seguridad ciudadana en términos de inclusión social de nuestros jóvenes (educativa, sanitaria, en lo deportivo, etc.), del cese de la persecución permanente a los mismos (derogando la actual ley de “cacheo”) y con la vista puesta en combatir la corrupción policial-institucional y sus lazos con la delincuencia organizada.
Por último, veríamos con buenos ojos que el Ejecutivo tomara cartas en el asunto donde se viera involucrado el Intendente de La Leonesa, José Carbajal, denunciado por el periodista Dante Fernández de FM Frontera por agresiones presuntamente perpetradas por sus colaboradores mientras el cronista cubría una marcha pacífica de vecinos en contra del uso de agrotóxicos en la zona. No sería bueno que ocupando el Gobernador un espacio importante en el Consejo Federal creado por la nueva Ley de Comunicación y Servicios Audiovisuales, hechos de esta naturaleza pasen desapercibidos.
Partido de la Concertación: Raúl Acosta, Diputado Provincial, Luis García, Carlos Gomez Presidente de AMUCHAFE, Pastor Miguel Cardozo y Hugo Luna
Libres del Sur: Carlos Martínez, Diputado Provincial; Marcelo Salgado, Subsecretario de DDHH del Chaco; Walter Obes, Movimiento BARRIOS de PIE; Profesora Nancy Sotelo.
Frente Grande: Daniel Trabalon, presidente; Fabricio Bolatti, Diputado Provincial; Daniel San Cristobal, Secretario en el orden nacional.
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