“Derogar la ley de la dictadura y dictar una ley democrática es indispensable para ir hacia una educación dialógica y emancipadora”, plantea Puiggrós en Página/12.
Liberar la comunicación
Por Adriana Puiggrós, Diputada de la Nación, Frente Grande, Bloque Frente para la Victoria.
A esta altura de los cambios tecnológicos, demográficos y sociales es difícil seguir sosteniendo que la educación de las elites servirá para volcar cultura al conjunto, especialmente cuando una de las condiciones de reproducción de aquellos grupos privilegiados es concentrar la información y la comunicación.
Son muchos los aspectos de la educación en los cuales interviene negativamente la falta de acceso pleno a los medios por parte de las mayorías. En primer lugar, se trata de la baja calidad de las emisiones que cotidianamente llegan a todos, del efecto adverso a la adquisición de una buena cultura que producen en todos los hogares, instaladas como ventana a la realidad. La televisión y la radio siempre realizan un trabajo educativo; puede ser de buena calidad, a la vez que entretenido, o puede ser nocivo sirviendo a limitados intereses particulares. La programación del Canal Encuentro valoriza el papel educativo del Estado y realmente por el interés que despierta podría motivar inversiones privadas en televisión educativa, cuando se apruebe una nueva Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual. El descontrol ético y legal de muchos medios crea situaciones profundamente negativas para la educación y deja convertidos en consumidores indefensos a quienes podrían enriquecerse culturalmente. El ingreso de nuevos sujetos privados sin fines de lucro y el ensanchamiento del sector público en el espacio de información y comunicación multiplica las posibilidades de que voces educadoras lanzadas al espacio mediático lo hagan con contenidos y estética transmisoras de una buena cultura.
En segundo lugar, es necesario seguir avanzando en la provisión de una computadora por chico, como está haciendo el Ministerio de Educación en las escuelas técnicas públicas, al igual que varios países latinoamericanos, pero ese esfuerzo puede resultar limitado, a menos que se dicten normas que garanticen la democratización y federalización del acceso a los servicios audiovisuales, la pluralidad de los prestadores y el acceso equitativo a todas las plataformas disponibles. Sólo así habrá posibilidades de disponer positivamente de los medios de información y comunicación en la educación formal.
En tercer lugar, debe tenerse en claro que en la actualidad no hay posibilidades de dar respuesta al derecho a la educación de millones de personas de todas las edades sin la incorporación de los servicios de comunicación audiovisual a la enseñanza. Es equivocado considerar que la mera extensión de las nuevas tecnologías mejora la calidad de la educación, dado el complejo de factores que intervienen en ese proceso, pero es indudable que los medios de información y comunicación pueden instalarse convalidando vínculos educativos autoritarios que siempre contienen la peligrosa tendencia de concentrarse, o bien pueden multiplicar los educadores, dar la palabra a los alumnos, poner en el espacio mediático a las instituciones educativas, generando nuevas formas de organización del trabajo pedagógico.
La Ley de Educación Nacional, Ley de Protección Integral de los Derechos de los niños/as y adolescentes, así como la Ley de Educación de la provincia de Buenos Aires fijan horizontes en materia de derechos de los sujetos de la educación, es decir alumnos y docentes. Pero en su implementación y cumplimiento intervienen muchos factores. En tal sentido, los objetivos fijados en esas leyes y en el marco de los tratados internacionales con rango constitucional encuentran en el proyecto Ley de Servicios Audiovisuales, que está en discusión en la Cámara de Diputados, una extraordinaria herramienta para facilitar el cumplimiento de aquellos derechos. Por eso, derogar la ley de la dictadura y dictar una ley democrática es indispensable para avanzar hacia una educación dialógica y emancipadora.
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