La audiencia por la tarifa del transporte urbano incumplió todos los pasos
legales
Referentes
del Frente Grande participaron de la audiencia pública convocada por la Municipalidad
de Resistencia, obligada por un fallo judicial, para tratar la tarifa
correspondiente al transporte urbano de pasajeros. Durante el encuentro, que
tuvo lugar en el recinto legislativo, Valeria Romero, asesora legal del bloque
parlamentario, y Rubén Serruya, referente de la Juventud del Partido,
expresaron su total rechazo a una convocatoria que violó todos los requisitos
dispuestos por ley para llevar a cabo una audiencia pública. En el mismo
sentido, apelaron al cumplimiento de lo establecido por la Carta Orgánica
Municipal en cuanto a los servicios públicos y a la prioridad de defender a los
usuarios por sobre cualquier otro interés.
Una audiencia nula
Valeria Romero,
también usuaria del transporte público urbano, hizo hincapié en una convocatoria
viciada de irregularidades. “Esta audiencia no cumple con lo ordenado por
el Poder Judicial de Chaco; no tiene ningún valor, es nula”, afirmó la
representante y precisó que el incumplimiento estuvo dado desde lo establecido
en el propio fallo judicial que obligó al Municipio a realizar el debate
público.
Mencionó así el artículo Nº 42 de la
Constitución Nacional y el Nº 24 de la Carta Orgánica municipal. Objetó la
falta de difusión y no dudó en manifestar que a raíz de esta serie de
incumplimientos, “cualquier decisión de aumento del boleto será ilegal, nuevamente”.
Romero también observó algunos mecanismos
que obstaculizaron la participación ciudadana a la audiencia, como la
obligación de realizar personalmente la inscripción al debate o el hecho de
haber tenido que realizar cinco llamados telefónicos para lograr dar con la
información referida a los requisitos de inscripción.
La lupa sobre la Carta Orgánica
municipal
Por su parte, Rubén Serruya, apuntó al estudio de costos y al incumplimiento de
la Carta Orgánica que rige al Municipio. Entre algunas de las cuestiones que
puso de manifiesto durante su participación en el debate, observó “la
necesidad de que se trate, además de la tarifa, las condiciones del servicio
que prestan las empresas, ya que debe haber una relación entre lo que uno paga
y el servicio que recibe”.
Reclamó por la falta de informes en cuanto
a las inspecciones a las empresas, basándose en que “se habla de recaudación pero no del mantenimiento de los colectivos,
ni de rampas de acceso para personas con discapacidad, por ejemplo”. A la
vez que cuestionó la falta de
información sobre si existe un área de reclamos de usuarios dentro de la
Municipalidad de Resistencia.
Puntualmente, al mencionar el
incumplimiento sobre la Carta Orgánica, mencionó el artículo 107, sobre
Controles, que señala, textual, que “el Municipio garantizará el funcionamiento
de los servicios públicos tendientes a satisfacer las necesidades de la
población en forma continua. general, regular, equitativa y eficiente. Ejercerá
el poder de policía en la prestación de los servicios públicos que no sean
prestados por él y que no están bajo su directa organización”.
De la misma manera se expresó en cuanto al
artículo 70, de Protección de derechos, que sostiene que “El Municipio
protegerá los derechos de los consumidores y usuarios de bienes y servicios en
relación a su salud, seguridad e intereses económicos, y asegurará la
información adecuada y veraz”.
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