Simulacro

Audiencia pública por la nueva tabla tarifaria del servicio de transporte público

Diputado Trabalón: “Fue un simulacro de audiencia para justificar un aumento de la tarifa”

 

El Salón Obligado de Casa de Gobierno fue el escenario para el desarrollo de la audiencia pública de la cual surgirían las nuevas tarifas para el transporte público de pasajeros. Presidida por el subsecretario de Transporte de la Provincia, Marcelo López, los cuestionamientos por parte de quienes participaron del encuentro surgieron en base a los mecanismos de la convocatoria, por fuera de la ley y la Constitución, y a los “estudios” de costos a partir de las propias contradicciones que se fueron desprendiendo del propio debate.

Desde el Frente Grande, y también desde el Movimiento de Trabajadores y Estudiantes por el Boleto, la posición fue clara: nueva convocatoria enmarcada en la legitimidad y la legalidad; transparencia e información pública en cuanto a los costos a partir de requisitos enmarcados en la ley 95 y la 7412; calidad en el servicio; y sistema SUBE. Y, de aplicarse un aumento que se desprenda de esta audiencia, la posibilidad concreta de avanzar en acciones legales por el incumplimiento y la violación de leyes constitucionales.

Simulacro de audiencia

Para el legislador del Frente Grande, Daniel Trabalón, la finalidad de esta audiencia convocada en pleno receso es clara: un aumento de tarifas sin obstáculos que puedan frenarla. Trabalón reiteró el rechazo a la convocatoria hecha por el gobierno provincial, por “no cumplir con lo que establece la ley 7412 al respecto de las audiencias para el aumento de la tarifa y para el servicio del transporte. Deben realizarse dos audiencias públicas, una en Resistencia y otra en el interior de la provincia y debe tener una página web con toda la información disponible que hace al costo del transporte público, incluso previo a la convocatoria”.

Dicho esto, el legislador señaló que ninguno de los requisitos fueron cumplimentados por el gobierno. “Nosotros participamos de esta audiencia sin haber contado con esa información que la ley dice, y en los términos y condiciones en las que plantea. El día de la inscripción nos dieron un cd con alguna información pero con un déficit importante; esa información no se ajusta a lo que la ley plantea pero lo que es mucho más grave, no tiene ninguna documentación respaldatoria. Hay números, cifras y datos sin ningún documento que nos permita saber de dónde surgen”

Otro punto planteado es la falta de espacio para debatir no sólo el costo sino la calidad del servicio en función del aumento que se quiere imponer.

“Esta audiencia fue un simulacro para justificar un aumento de la tarifa. De avanzar en esto, podrían haber presentaciones judiciales en contra”, afirmó Trabalón y anticipó: “Vamos a ir por una nueva convocatoria que se ajuste a la ley, o sea dos audiencias, y que exista esa información previa a esas convocatorias. No se puede venir a esta audiencia sin contar con esa información. Se desvirtúa el concepto de lo que son las audiencias públicas. Son un derecho establecido por constitución y hoy se está violando”, concluyó el legislador.

Si producto de esto que se está haciendo hay un aumento de la tarifa sin que se cumplan estos pasos posibilitaría una presentación judicial. Hasta acá estamos evaluando.

El servicio de transporte en manos del Estado

Por parte de militantes del Frente Grande que también integran el Movimiento de Trabajadores y Estudiantes por el Boleto, Rubén Serruya y Antonio Pérez se refirieron al tema de los costos y del sistema Tarjebus,

Serruya, aseguró que “no hay una relación entre el precio que se paga y el servicio prestado”. Señaló que desde 2005, con la declaración de Emergencia, y su prórroga en 2014, “los empresarios obtienen aún más beneficios. “No sólo reciben subsidios, de aproximadamente $78 millones sino que reciben beneficios por las leyes de emergencia y un pago anticipado por pasajes de $75 millones. Sólo de ganancia neta obtienen $11 millones, o sea que trabajan a pérdida. Subsisten por los subsidios y lo que pagan los usuarios. Desde el Movimiento estamos proponiendo que si los empresarios trabajan a pérdida den un paso al costado y dejen al Estado el manejo del transporte público”. 

Mientras, por su parte, Antonio Pérez, hizo hincapié en el sistema Tarjebus. “El sistema perjudica a los usuarios y los problemas se fueron profundizando por la caída del sistema que no permite las recargas y la falta de lugares en donde se recarguen. Queremos que se empiece a implementar la SUBE”.

Afirmó que la alternativa de pago que rige a nivel nacional y que fue anunciada por el gobierno traería algunos beneficios de los que hoy no disponen los usuarios del transporte; “un sistema de control, a través de un chip que marca el recorrido, cantidad de pasajeros, frecuencia; datos que ayudarían a lograr un costo real del transporte público. Y un sistema de carga bancarizado o sea que se podrá recargar desde la casa. Es un sistema transparente y accesible”.

Escuchar al pueblo, no a las empresas

Por último, la secretaria del bloque legislativo del Frente Grande, Valeria Romero, cuestionó de lleno la convocatoria a la audiencia pública en base a que se de en respuesta a un planteo surgido de las empresas en desmedro de los usuarios; a los requisitos que entorpecieron y no facilitaron la participación popular; y a la falta de claridad en cuanto a los costos que fueron detallados por parte del subsecretario de Transporte, Marcelo López. Otra cuestión, no menor, es la falta de registro por la ausencia del cuerpo de taquígrafos en período de receso.

“Nos decepciona la actitud que tomó la Subsecretaría de Transporte. En la anterior audiencia, que se realizó por una medida judicial, habíamos planteado que se debía mejorar el acceso a la inscripción, lo que no ocurrió porque aquí hubo requisitos que entorpecieron la participación. También habíamos planteado la falta de registro por falta de versión taquigráfica que la respalde. Hoy no está este registro porque es imposible que el cuerpo de taquígrafos participe estando en su período de uso de licencia. Es clara la intención de burlar el objetivo de una audiencia pública que es escuchar al pueblo, no a las empresas. Las empresas ya tiene sus canales para ser oídas”, señaló la abogada.

Y advirtió: “Apostamos una vez más a que la autoridad de aplicación, a través de estos planteos que venimos a hacer, entienda que no va a ser legítimo establecer un aumento. Y si no quedará abierta la vía judicial. Nosotros no queremos que se convoque una audiencia más porque la ley dice; queremos que las dos audiencias se convoquen como la ley dice: que sean públicas, accesibles y que se las convoque para los usuarios”. 

Resistencia Vergonzosa

Sergio Almirón representó al municipio de Resistencia, aunque pareció representar a los empresarios. Apoyó en todo momento el aumento del transporte y la  mal convocada Audiencia. Varios de los participantes se lo hicieron saber a lo largo de sus exposiciones y reclamaron que el Municipio aporte información y convoque a la ciudadanía para analizar el mal estado del servicio y las caras tarifas.

El Diputado Trabalón hizo saber al funcionario municipal, y a través de él a la intendenta Aída Ayala, "coherentemente nunca convocan a la sociedad, no respetan la Carta Orgánica Municipal y son cómplices del robo que se le hace al pueblo a través del costo del boleto".