Documento del
Partido Frente Grande
“No queremos una cúpula policial
corporativa que avale la violencia institucional”
El partido Frente Grande del Chaco expresa su apoyo a
la decisión del Poder Ejecutivo provincial, de no admitir el reingreso a las
actividades del personal de la Comisaría de Fontana, mientras se esté
investigando el hecho. Todo indica que protagonizaron una violenta represión a
una familia Qom en la madrugada del 31 de mayo.
Una actitud
inadmisible
Consideramos una actitud inadmisible la asumida por la
cúpula de la policía provincial de intentar la reinstalación del personal con
la excusa de la liberación por parte del Poder Judicial de los agentes que
fueron claramente identificados por filmaciones en el marco de la represión. Una
decisión que de hecho se transforma en este contexto es un aval político de las
autoridades policiales, no solo a los agentes involucrados sino también a este
tipo de accionar.
El sistema democrático debe apreciar el valor del
respeto a las libertades individuales y cumplimiento de la normativa vigente,
máxime en aquellos funcionarios públicos cuya tarea es velar por la seguridad
de la población. Y aquellos funcionarios que privilegien intereses corporativos
por sobre los sociales no pueden asumir responsabilidades públicas. La Policía
del Chaco no puede ser conducida por quienes habilitan la represión.
La falta de
compromiso del Poder Judicial
Lamentamos la dubitativa actitud de un sector del
Poder Judicial del Chaco que no termina de expresarse claramente por el cuidado
de ciudadanas y ciudadanos y no muestra compromiso con la investigación
profunda de hechos represivos, que adquieren el carácter estructural en nuestra
Provincia.
Es importante recordar que el Juzgado de Garantías Nº
3 de Resistencia, a cargo de la Dra Rosalía Zózzoli, decidió en primer lugar un
cambio de carátula a una más benigna y liberar a los cuatro policías imputados
denunciados por participar en un allanamiento violento e ilegal agravado por
torturas y vejaciones sexuales, cuyas agresiones fueron filmadas y virilizadas,
generando un amplio y profundo rechazo a nivel provincial y nacional.
Una nueva
oportunidad para cumplir la ley
Entendemos que éste suceso demuestra –una vez
más- la importancia de implementar en
forma definitiva la legislación vigente, como ya lo anunciara el Gobernador en
la primera semana del mes de junio en el marco de un pedido de perdón por la
represión en la localidad de Fontana, en especial la puesta en marcha de un
control policial democrático y transparente, a través de la designación de la
Dirección de Control Policial y sus órganos dependientes: una Auditoría de
Asuntos Internos, una Auditoría de Inspecciones Preventivas y una Defensoría
Letrada.
Tanto la actuación del Poder Judicial como la de la
policía son elementos claves para avanzar en la construcción de una sociedad más
justa y respetuosa de los derechos humanos. Sin su transformación, será
imposible evitar, por ejemplo, tristes eventos como el acontecido el fin de
semana en Presidencia de la Plaza que le costara la vida a una joven mujer por
violencia de género.
Respaldamos la
decisión del gobierno provincial de no avalar las prácticas represivas
expresadas con actitudes corporativas y la clara señal que oportunamente se
diera de poner al frente de la política de derechos humanos a la
Vicegobernadora, a la Ministra de Seguridad y a la Secretaria de Derechos
Humanos.
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