“El protocolo es parte de la política de ajuste, el objetivo
es legalizar la represión ante los conflictos sociales”
El diputado provincial por el Frente Grande, Daniel Trabalón, expresó el
rechazo a la implementación de un nuevo Protocolo de Seguridad de intervención
en las protestas sociales. Aseguró que ésta “nueva herramienta de la que
pretende disponer el Gobierno de Mauricio Macri tiene claramente una función
política. Es una pieza de la política económica del Gobierno Nacional para
poder aplicar el plan de ajuste que viene llevando adelante”.
“Hay que leer políticamente el porqué de este nuevo Protocolo, en un
contexto donde se están dando las discusiones salariales con los diferentes
sectores gremiales, en el marco de una política que tiene como rasgos
predominante un fuerte deterioro del salario de los trabajadores, producto de
la devaluación, del aumento desmesurado de los precios de los alimentos, de los
tarifazos, de los despidos en el sector público y privado, entre otras”, exhortó.
Algunos aspectos críticos del protocolo
El
protocolo es una herramienta autoritaria, que da discrecionalidad a las
fuerzas policiales para la represión, y promueve la judicialización de la
protesta social.
Uno de los
aspectos más preocupante del protocolo, que establece que no
es necesaria la orden de un juez para desalojar la calle, sino que la Policía
puede actuar por sí misma Básicamente, las fuerzas de seguridad van a poder
desalojar a las manifestaciones que se produzcan en las calles, a los
manifestantes se les advertirá que ante un corte que se les aplicará
las penas del artículo 194 del Código Penal o las contravenciones previstas en
cada jurisdicción , sin orden judicial y con el sólo requisito de
avisarles que se tienen que retirar y esperar entre 5 y 10 minutos antes de
actuar, dándole a la policía atribuciones que debería tener un
fiscal o un juez, o peor, que deberían tener a un funcionario político
dialogando.
Otro de los puntos
controversiales tiene que ver con la
portación y uso de armas , el nuevo reglamento no prohíbe explícitamente
el uso de armas de fuego en las manifestaciones ni el uso de balas de goma para
dispersar, es decir habilita de hecho a los efectivos
portar armas de fuego en las manifestaciones.
El protocolo Bullrich no impone obligaciones de uso de
uniforme, ni de identificación de los policías y de los móviles que participan
en las movilizaciones, tampoco sobre el personal de las fuerzas de seguridad
que intervengan que este bajo investigación -administrativa o judicial- o
que hayan sido sancionados por irregularidades en su desempeño en el contexto
de manifestaciones públicas y/o por uso excesivo de la fuerza. El nuevo
protocolo no plantea excluir a nadie.
En el colmo de las
violaciones, corralito para el
periodismo. El protocolo establece con respecto a la cobertura periodística que,
“La participación de los medios de comunicación se organizará de modo tal que,
los periodistas, comunicadores y los miembros de sus equipos de trabajo desarrollen
su labor informativa en una zona de ubicación determinada”. Es clara la intención de limitar el ejercicio del trabajo
periodístico y el efecto de control sobre los operativos policiales que puede
tener al restringir el lugar en el que se deben ubicar los trabajadores de
prensa que cubren la protesta, busca garantizar la impunidad en la represión
para los efectivos de la fuerzas de seguridad .
El Chaco no debe adherir a este Protocolo
El Protocolo que el gobierno de la Alianza Cambiemos pretende
implementar hoy es un claro retroceso en materia de derechos
y garantías constitucionales y en relación con los Tratados
internacionales de Derechos Humanos con rango constitucional, con el protocolo
que rigió nacionalmente conocido popularmente como el Protocolo Garre, pero
además con respecto a la legislación vigente en el Chaco.
El legislador Trabalón recordó que en noviembre de 2015, el Parlamento
chaqueño sanciono la ley N° 7710 que establece
los “Criterios Mínimos sobre la Actuación de los Cuerpos Policiales Fuerzas de
Seguridad en Manifestaciones Públicas” que ratificó el protocolo Garré que
estaba vigente por Decreto en la provincia, que estableció un nuevo paradigma
para el abordaje de los conflictos sociales rn la voluntad de no reprimir
la protesta social, garantizar la libertad de expresión y atender a las causas
de los conflictos por vías políticas
El objetivo central de la Ley (que ratificó el protocolo Garre) es el respeto y protección de los derechos de los
participantes y reducción de los efectos que pueden causar, de las personas que
no participan y de los bienes públicos; la preeminencia de la protección de la
vida y la preservación de la vida de todos, los que están en la protesta y los
que no”.
“Valoramos la decisión del Gobierno Provincial de no firmar este
protocolo, y ante el llamado a consulta, en estas idas y vueltas, marchas y
contramarchas, del gobierno de Macri, expresamos claramente desde el partido
Frente Grande que nuestra provincia no puede ni debe adherir. Los
conflictos sociales, gremiales, los reclamos y demandas de la sociedad se
deben abordar desde la política y no desde la violencia, las balas y los palos, no pueden ser la
respuesta, ni la única alternativa de un Estado democrático” expreso el legislador del
Frente Grande
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