Seguridad Democrática

Ante la evidente acción de los sectores mas reaccionarios de ganar terreno fijando falsos ejes en el debate de la seguridad en nuestro país, la Mesa Ejecutiva del Partido Frente Grande -integrada, entre otros por su Presidente Eduardo Sigal, la Diputada Nacional Adriana Puiggrós y el chaqueño Daniel San Cristóbal- se expresa a través del presente documento.

Documento de la Mesa Ejecutiva Nacional del Partido Frente Grande

UNA POLÍTICA DE SEGURIDAD DEMOCRÁTICA Y EFICAZ

El debate nacional más intenso y presente en la sociedad, a través de los medios masivos, y también en los debates políticos y académicos es el de la seguridad pública. Se ha constituido como un problema central asociado a la calidad de vida y la posibilidad del ejercicio de los demás derechos ciudadanos. A la vez, es eje de una pugna ideológica entre diferentes concepciones –básicamente, las democráticas y las autoritarias en distintos matices-, y es el vehículo mediante el cual la derecha neoliberal pretende reinstalar las doctrinas represivas de la “seguridad nacional”, ahora bajo el argumento de las “nuevas amenazas” –las redes criminales y el terrorismo- que justificarían la intervención de fuerzas militares y la restricción de los derechos y garantías.

En nuestro país, se ha constituido en el argumento central de los políticos de derecha para construir una base de consenso popular para retornar al poder –especialmente en los sectores medios-, disciplinar a la sociedad, reinstaurar las políticas neoliberales y postergar la solución de los problemas sociales y de distribución de la renta económica que actúan como motor de los episodios de inseguridad.

La creación del Ministerio de Seguridad.

En este contexto debe situarse la decisión del Gobierno Nacional de Cristina Fernández de Kirchner de crear el Ministerio de Seguridad y designar en el cargo a la Compañera Nilda Garré, medidas ambas que llevan implícita la determinación de asumir la conducción política de las fuerzas de seguridad –hasta ahora postergada-, depurarlas de los elementos reaccionarios y corruptos, e implementar políticas de seguridad democrática, integrales y no meramente reactivas, basadas en el cumplimiento estricto de la ley y el respeto a los derechos humanos.

En el corto tiempo transcurrido desde su designación, las nuevas autoridades han logrado resolver varios episodios complejos de violencia social fogoneados por grupos desestabilizadores, punteros políticos de Duhalde-Macri y los medios monopólicos, demostrando un ejemplar equilibrio entre la negociación, el uso racional de la fuerza, y el control judicial de los procedimientos policiales.

A pesar de las presiones histéricas de la derecha desde los principales canales de TV reclamando una represión dura, se ha logrado imponer un criterio de actuación profesional de la policía, excluyendo el uso de armas letales, y procurando el empleo mínimo e indispensable de fuerza para controlar los desbordes deteniendo e identificando a los autores, sin abusos brutales ni víctimas innecesarias.

Una política de seguridad democrática.

Estos primeros pasos anticipan la determinación de avanzar en el rumbo señalado hace más de un año por el “Acuerdo por la Seguridad Democrática” suscripto por un amplio espectro de dirigentes políticos, sociales, del medio académico y la defensa de los derechos humanos, basadas centralmente en los siguientes principios:

• Una concepción integral de las políticas de seguridad, que opere sobre las causas del delito y las redes de criminalidad con miras a reducir la violencia en todas sus formas, con estrategias de abordaje integral que articulen las políticas de seguridad con otras políticas públicas, y complementen las acciones del sistema penal con intervenciones de todas las áreas del Estado.

• Gestión democrática de las instituciones de seguridad, ejerciendo la conducción civil y estratégica de las policías, con el pleno control de la institución. La prevención y sanción del delito, de modo eficiente y legal, requiere un sistema policial estrictamente subordinado a las directivas de seguridad pública formuladas por las autoridades gubernamentales.

• Lineamientos básicos para una modernización democrática de las instituciones policiales: la integración de las labores policiales de seguridad preventiva e investigación del delito; la descentralización institucional de la organización policial a nivel distrital y comunal; la integración de la policía con la comunidad y los gobiernos locales en la prevención social de violencia y delito; el control interno de carácter civil y control externo del desempeño y de la legalidad; el sistema de formación y capacitación policial no militarizado y anclado en valores democráticos; el régimen profesional basado en el escalafón único y las especialidades policiales.

Extender estos principios a la realidad de cada provincia.

Sin embargo, debemos anticiparnos en la advertencia que este cambio positivo de rumbo en el orden federal no podrá producir todos los efectos esperados si no se extiende y articula en base a los mismos principios, en los gobiernos provinciales, especialmente de la Provincia de Buenos Aires y el Gobierno de la Ciudad Autónoma –ambos determinantes para la seguridad del Área Metropolitana-.

En el mapa de las provincias argentinas -de manera generalizada y con pocas excepciones- predominan políticas de seguridad “delegativas” hacia fuerzas policiales organizadas bajo criterios represivos que poco han cambiado desde la dictadura militar, carentes de controles, autonomizadas y más propensas a “administrar” el delito que a prevenirlo y reprimirlo legalmente. Prueba lamentable de este estado de cosas, son los reiterados episodios de corrupción, “gatillo fácil” y represión indiscriminada como los ocurridos durante el último año en Río Negro, Formosa y otras provincias.

También en el orden provincial debe encararse la iniciativa para eliminar las policías de “mano dura” que frecuentemente criminalizan la protesta social y se constituyen en una justicia rápida de maltrato a los sectores populares. Esta es una tarea en la que se debe avanzar con una profunda reforma legislativa e institucional de orden local, donde se replique el esfuerzo nacional: la seguridad en manos de los gobiernos y bajo control ciudadanos.

La seguridad macrista.

En la Ciudad, el Gobierno de Macri no sólo ha fracasado en sus promesas demagógicas de “modernizar” la gestión de la seguridad, sino que ha agravado notoriamente los problemas mediante la creación de la Policía Metropolitana en base a las “runflas” de comisarios expulsados de la Policía Federal por corrupción o mal desempeño, lo cual es mucho decir. Una “nueva policía” que es heredera de todos los vicios y problemas de la Federal, que ha tenido que expulsar de sus filas a sus tres primeras jefaturas aun antes de salir a la calle, y que le ha costado al mismo Jefe de Gobierno el procesamiento penal por espionaje ilegal de políticos, gremialistas y dirigentes de la comunidad opositores a sus manejos.

Es responsabilidad de los sectores progresistas de la Ciudad –del Frente Grande entre ellos-, en el marco de una propuesta unitaria y superadora del macrismo para las próximas elecciones, replantear las bases de la política de seguridad democrática que contemple la transferencia de la estructura de seguridad metropolitana de la Policía Federal.

La provincia de Buenos Aires.

El Gobernador Daniel Scioli, cuya gestión acompañamos en el marco del Frente para la Victoria ha sido protagonista de un singular e inexplicable retroceso en materia de seguridad, demoliendo los avances realizados durante la reforma del Ministro Arslanian en la depuración y modernización de la Policía, y la adopción de políticas integrales de prevención, descentralizadas y con activa participación ciudadana en los Foros de Seguridad.

De la mano del fracasado ex ministro Stornelli y ahora del Alcaide Mayor Casal, ha retornado el modelo policial de la “mano dura”, el auto gobierno policial y la corrupción extendida en las filas policiales. Nuevamente –como en épocas pasadas- predomina el discurso demagógico del populismo punitivo, el aumento de las penas, la imputabilidad de los adolescentes, el encarcelamiento masivo sin condenas y la estigmatización de los jóvenes y los pobladores de las zonas marginadas.

El fracaso de esta orientación está haciendo crisis, afectando no sólo las posibilidades electorales de Scioli en la Provincia, sino comprometiendo a todos los que acompañamos este proyecto transformador de la Argentina iniciado en 2003 por Néstor Kirchner y que hoy continúa bajo el liderazgo decidido de Cristina, a quien proponemos y apoyamos para la reelección del mandato presidencial.

Para el Gobierno de la Provincia, los cambios producidos en las políticas de seguridad en el orden nacional, significan una oportunidad de rectificar el rumbo, reorientar su política en base a los principios del “Acuerdo por la Seguridad Democrática” en el orden provincial. Se trata de una posibilidad de ofrecer soluciones verdaderas a los problemas de inseguridad y violencia que afectan la calidad de vida de los bonaerenses que no debe ser desaprovechada.

Como otros problemas que ha debido afrontar Argentina en los 7 años de gobierno de Kirchner y Cristina –la deuda externa, la exclusión social, la crisis energética, la crisis de los sistemas de salud y de la educación, etc.-, la seguridad de los ciudadanos entendida como derecho universal sólo puede garantizarse en el marco de concepciones progresistas basadas en la inclusión social más amplia, el cumplimiento de la ley y de los derechos humanos, y la ampliación de los derechos de ciudadanía. No por vía del retorno a las políticas neoliberales y represivas que las causaron.

Mesa Ejecutiva del Frente Grande