A poco de iniciar su gestión en el nuevo Ministerio de Seguridad de la Nación, Nilda Garré ha comenzado a ser blanco de críticas maliciosas y pronósticos agoreros, aun antes de haber podido completar la integración de sus equipos y disponer de la plenitud de los recursos que requiere la creación de un área tan compleja.
Sin embargo, aunque no ha transcurrido siquiera un mes desde su designación por la Presidenta Cristina Fernández de Kirchner, Garré ha logrado resolver varios episodios complejos de violencia social fogoneados por grupos desestabilizadores, punteros políticos de Duhalde-Macri y los medios monopólicos, demostrando un ejemplar equilibrio entre la negociación, el uso racional de la fuerza, y el control judicial de los procedimientos policiales.
A pesar de las presiones histéricas de la derecha desde los principales canales de TV, se ha logrado imponer un criterio de actuación profesional de la policía, excluyendo el uso de armas letales, y procurando el empleo mínimo e indispensable de fuerza para controlar los desbordes deteniendo e identificando a los autores, sin abusos brutales ni víctimas innecesarias.
Al mismo tiempo, se ha promovido una primera renovación de los mandos de la Policía Federal Argentina –luego de varios años-, separando un numeroso grupo de altos oficiales luego de analizar sus antecedentes profesionales y sus desempeños, comenzando sin estridencias lo que deberá convertirse en norma para el futuro: la conducción política de las fuerzas de seguridad.
Desde el Partido Frente Grande entendemos que estos primeros pasos merecen la reafirmación de nuestro apoyo decidido a la nueva gestión de la seguridad pública en el orden nacional, y son auspiciosos respecto del rumbo señalado hace más de un año por el “Acuerdo por la Seguridad Democrática” suscripto por un amplio espectro de dirigentes políticos, sociales, del medio académico y la defensa de los derechos humanos.
Recordemos que, entre otras numerosas cuestiones, el Acuerdo por la Seguridad Democrática propuso incluir en las políticas de seguridad ciudadana lo siguiente:
Una concepción integral de las políticas de seguridad, que operen sobre las causas del delito y las redes de criminalidad con miras a reducir la violencia en todas sus formas, con estrategias de abordaje integral que articulen las políticas de seguridad con otras políticas públicas, y complementen las acciones del sistema penal con intervenciones de todas las áreas del Estado.
Gestión democrática de las instituciones de seguridad, ejerciendo la conducción civil y estratégica de las policías, con el pleno control de la institución. La prevención y sanción del delito, de modo eficiente y legal, requiere un sistema policial estrictamente subordinado a las directivas de seguridad pública formuladas por las autoridades gubernamentales.
Lineamientos básicos para una modernización democrática de las instituciones policiales: la integración de las labores policiales de seguridad preventiva e investigación del delito; la descentralización institucional de la organización policial a nivel distrital y comunal; la integración de la policía con la comunidad y los gobiernos locales en la prevención social de violencia y delito; el control interno de carácter civil y control externo del desempeño y de la legalidad; el sistema de formación y capacitación policial no militarizado y anclado en valores democráticos; el régimen profesional basado en el escalafón único y las especialidades policiales.
En este rumbo debe avanzarse, procurando la generación de amplios consensos que ayuden a consolidar los cambios que se comienzan a producir, con ánimo solidario y sin aumentar artificialmente los conflictos que supone una política de transformaciones en esta materia, que será compleja por su propia naturaleza.
Eduardo Sigal
Presidente del Frente Grande
Mesa Nacional
No hay comentarios:
Publicar un comentario