Salariazo Judicial

Documento del partido Frente Grande del Chaco

Salariazo judicial: otra más de la corporación judicial que golpea la democracia

Días pasados se ha difundido un pronunciamiento del Superior Tribunal de Justicia de la Provincia del Chaco otorgando un incremento salarial a casi dos centenares de juezas y jueces para equiparar sus remuneraciones hasta las equivalentes en la Justicia Federal.

El citado pronunciamiento ordena el pago inmediato del 50% de la diferencia de la remuneración actual y “exhorta” al Poder Ejecutivo y al Poder Legislativo a que “…instrumenten los correspondientes mecanismos financieros, presupuestarios y normativos respecto del 50% restante y la actualización progresiva hasta la equiparación total con el orden federal; además de todo lo atinente para que en adelante y en el futuro, no se produzcan nuevos desfasajes…”. Y, por si acaso los dos restantes Poderes resolvieran algo distinto, define como seguir.

Constitución de la Provincia del Chaco: AUSENTE

Conocemos éste STJ, integrado por jueces que violaron la Constitución para integrarse y otros que la ignoraron para permitir que otros inconstitucionales se integren. Sólo hemos logrado, por ahora, que una sola jueza se integre tal lo estableció la Constitución del ´94. Rolando Toledo, María Luisa Lucas y Ramón Ávalos, lo hicieron en ésta ocasión, inconstitucionales Ellos, complaciente con la inconstitucionalidad Ella. 

O sea, no vamos a sorprendernos de ese cuerpo colegiado que tiñe de inconstitucional todo lo que toca. Pero debemos decirlo: el pronunciamiento del STJ viola hasta el hartazgo nuestra carta magna y deja a la Provincia – para el caso de la ejecución efectiva de la sentencia- ante un conflicto de poderes.

La política salarial provincial no se puede fijar por resolución judicial. Las remuneraciones del personal del Sector Público y funcionarios se fijan por Ley y dentro de una política general que los poderes del estado de la Provincia deben desarrollar y expresar en el presupuesto anual de la Provincia. Los poderes constituidos democráticamente y validados por el voto popular lo vienen haciendo, desoír esos pronunciamientos

El pronunciamiento del STJ, además de violar el sistema de decisiones democrático provincial, cede la política salarial de un Poder provincial a la que un Poder del Estado nacional decida para sí, apartándose de la lógica del funcionamiento federal que la propia Constitución Nacional y Constitución Provincial establecen.

Sálvese quien pueda

Un pronunciamiento a todas luces elitista, e impulsor del sálvese quien pueda. Similar a la tenacidad con que se defiende el privilegio de no pagar el impuesto a las ganancias.

Las consecuencias del pronunciamiento judicial son muy sencillas de predecir, no se requiere ser un politólogo ni un economista. La aplicación plena del fallo engrosará primero el bolsillo de un grupo de altos funcionarios judiciales a un costo probablemente irrelevante a las arcas provinciales, y deberá plasmarse luego –si seguimos la lógica propuesta por los supremos-  en una norma que irrigará hacia unos miles de funcionarios y los trabajadores del Poder Judicial que fácilmente obligará a un gran esfuerzo presupuestario para mas que duplicar (¿tal vez triplicar?) el presupuesto de ese poder. Pero, además ¿Puede nuestra Provincia aplicar una política salarial que implique desproporcionales aumentos para trabajadores de un Poder sin atender al resto del Sector Público? ¿De dónde saldrían los recursos si se les paga lo que piden? ¿Ajustaremos otras desvencijadas áreas del Estado que esperan en la cola resolver temas centrales de sectores vulnerables?

Es aquí donde cabe preguntarse si la finalidad perseguida por el STJ es responder sólo a una demanda corporativa de la “familia judicial” o la de generar un caos político donde la imposibilidad de atender la demanda salarial ponga a la Provincia en una nueva crisis  que se traslade a la faz política.

Al Pan Pan… ¿o no?

Debemos resaltar aquí lo que consideramos extrañas afirmaciones por parte del vicegobernador a cargo del Poder Ejecutivo. Coincidimos en las declaraciones de Juan Carlos Bacileff Ivanoff respecto de la invasión de los jueces del STJ a facultades de otros poderes y de la imposibilidad de cumplimiento de la sentencia. No obstante nos ha llamado la atención sus aseveraciones respecto de que el pronunciamiento se ha realizado en el marco de las facultades del STJ. ¿En que quedamos? El pronunciamiento para el gobernador a cargo ¿viola o no viola la institucionalidad vigente? ¿es grave o no lo es? 

La deuda de un Poder Judicial democrático mantiene su vigencia

Desde el partido Frente Grande sostenemos, como lo hicimos siempre, que una deuda pendiente de nuestra democracia es un Poder Judicial verdaderamente democrático que defienda los intereses populares. Hemos impulsado reformas legislativas para lograrlo, pero lamentablemente una buena parte del sistema político se rinde ante el chantaje de un poder corporativo.

Como lo ha expresado la Presidenta de la Nación Cristina Fernández y plasmado en varias iniciativas legislativas,  “… la democratización de la justicia hace también al saneamiento del sistema, a lograr algo que la gente está demandando: justicia. Y siempre también frente a otro gran problema y flagelo, la seguridad. … Es un combo muy grande este de la justicia, es el combo de la igualdad también. Si tenemos mejor justicia vamos a tener más igualdad…”