sábado, 31 de marzo de 2012

La dictadura y la guerra de Malvinas, hijas de la violencia y el poder económico

Con una actividad en su local partidario
El Frente Grande chaqueño recordó el Golpe de Estado del 76 y la guerra de Malvinas

El Partido Frente Grande realizó el viernes 30 de marzo una charla recordatoria de los dos acontecimientos históricos que enlutaron a la sociedad argentina en las últimas tres décadas y de los aún quedan heridas pendientes de cerrar.

La actividad se realizo en su local partidario sito en Arbo y Blanco 154 y tuvo la presencia de militantes,  autoridades partidarias, los legisladores provinciales Fabricio Bolatti y Daniel Trabalon y público en general.

La charla en primer termino contó con la presencia del compañero de la agrupación H.I.J.O.S  y actual integrante de la Comisión por la Memoria, Juan Carlos Fernández, que  en su alocución hizo referencia a las causas y consecuencias del Terrorismo de Estado en nuestro país, la participación de civiles en la dictadura y el accionar del proceso militar en nuestra Provincia con su lamentables consecuencias. Por otro lado, Fernández explicó el arduo trabajo que viene llevando la Comisión de la Memoria y en especial el Registro Único de la verdad para rescatar del anonimato las historia de compañeros y compañeras que aun siguen desaparecidos  así como también la necesidad de recuperar la identidad de los cientos de bebés apropiados por la dictadura no solo como un derecho de sus familiares sino como una necesidad de fortalecer la Memoria, la Verdad y la Justicia.

Asimismo el representante de H.I.J.O.S  realizo una breve reseña respecto  de cómo están los juicios que se vienen llevando en la Provincia a represores, en especial de la causa “Caballero Residual”.

En segundo término el compañero  David Zambrino, presidente del Centro de Ex – combatientes de Malvinas del Chaco –CESCEM-realizó un pormenorizado análisis de las causas de la guerra expresando “ la dictadura militar utilizó el conflicto bélico como una ultima oportunidad para seguir en el poder  mandando a jóvenes de 18 años  a una carnicería”“.. pero eso, ya deplorable en si mismo, no se agotó allí sino que mucho de esos jóvenes fueron expuestos a vejámenes como estaqueamiento , hambruna y abandono..”. 

Zambrino visiblemente  emocionado expresó “…Nuestra lucha sigue para que esos crímenes cometidos contra soldados argentinos por parte de oficiales de distinto grado sean considerandos crímenes de lesa humanidad…”  “…. Nosotros fuimos a una guerra a defender nuestra soberanía pero no tenemos las manos manchadas con sangre de argentinos…” sentenció el excombatiente…”

En otro orden de cosas, el presidente del CESCEM, explicó el trabajo que viene llevando el grupo de excombatientes junto con el equipo de antropología forense para la identificación de los cuerpos de cientos de soldados que aún están sin identificar en las Islas, destacando el acompañamiento que desde el 2003 vienen teniendo por parte del Gobierno Nacional en esta materia.

Para finalizar el presidente del Partido y actual legislador provincial, Daniel Trabalon agradeció profundamente la visita de los compañeros que brindaron la charla y destacó la necesidad de recordar que estos hechos fueron concebidos como parte de un plan sistemático de la dictadura, para mantenerse en el poder y  favorecer intereses de los sectores mas concentrados de la economía en desmedro de los intereses populares, al mismo tiempo que afirmó el acompañamiento del partido a las acciones que vienen llevando adelante  tanto los Ex combatientes como a los integrantes de H.I.J.O.S.

viernes, 30 de marzo de 2012

Reformas en seguridad


Un avance en el marco del “Acuerdo por una Seguridad Democrática”en el Chaco
“Esperamos no se generen falsas expectativas y la iniciativa sea remitida a la Legislatura cuanto antes”

Desde el Frente Grande se rescata la iniciativa del Poder Ejecutivo en materia de seguridad presentada públicamente el pasado 22 de marzo, lo consideran un avance en el marco del Acuerdo por una Seguridad Democrática firmado oportunamente por autoridades políticas y organizaciones, aunque se plantea como interrogante la demora en la presentación de la iniciativa,

Oportunidad de cambio
Rescatamos aspectos principales del anuncio, lo entendemos como una oportunidad para que en la Legislatura se debata una nueva ley de seguridad provincial, partiendo de la iniciativa que el Poder Ejecutivo estaría presentando y de los distintos proyectos existentes  de los distintos bloques legislativos.
Buscaremos sumar las iniciativas que presentamos para garantizar la formación en Derechos Humanos de la Policía, los cambios en el Sistema de Control Interno y en la sanidad policial y la definitiva erradicación de la Doctrina de Seguridad Nacional de las leyes y la formación de los agentes policiales.

Una policía subordinada al poder democrático
Es imprescindible que las fuerzas de seguridad estén conducidas por autoridades civiles y criterios políticos, que existan ámbitos de participación y control ciudadano, que se promueva un Consejo Provincial de Seguridad con presencia de los Poderes del Estado y los Municipios, y que el régimen sancionatorio y disciplinario este bajo decisión civil. Dar por terminado un largo capitulo de la historia policial donde se presenta a la institución como un poder autónomo del poder democrático terminará redundado en un beneficio a los sectores populares.
Estos y otros conceptos definidos por el Poder Ejecutivo en el anuncio del proyecto de seguridad, constituyen un avance importante para diseñar la nueva política de seguridad de la provincia.  Esperamos que los anuncios se concreten en legislación y que esa legislación tenga como correlato cambios reales en la gestión de seguridad, un real déficit de la actual gestión.

Prevención y participación
En cuanto al Consejo de Seguridad Pública, desde el Frente Grande buscaremos garantizar la participación de las expresiones políticas con representación parlamentaria, de los municipios y de la ciudadanía a través de los Foros de Seguridad.
Rescatamos que la prevención sea eje en el diseño de las políticas de seguridad y el mayor control y restricciones del Estado en los Sistemas de Seguridad Privada anunciados, así como la promoción de la participación ciudadana en el diseño, implementación, evaluación y control en las políticas de seguridad y desempeño de la policía, foros vecinales y municipales.

Y el proyecto de ley?
A pesar de los anuncios de hace una semana, el Poder Ejecutivo no ha enviado aún el proyecto. La complejidad de la temática,  la característica de los anuncios y los poderes fácticos en juego requieren un profundo debate, pero además celeridad. La demora y la generación de falsas expectativas deterioran la credibilidad de los gobiernos.

jueves, 29 de marzo de 2012

El FG recuerda el 24 de marzo y el 2 de abril

El Frente Grande del Chaco realizará el próximo viernes 30 de marzo una recordación del 24 de marzo y el 2 de abril. La actividad se desarrollará a partir de las 18 hs. en el local de Arbo y Blanco 154 de Resistencia.

El inicio de la sangrienta dictadura cívico-militar que produjo transformaciones que aún hoy padecemos argentinas y argentinos y el inicio de la guerra de Malvinas que costó la vida de jóvenes argentinos y puso en huída a la dictadura será abordada por la fuerza partidaria como una actividad de formación de militantes y dirigentes. 

Se contará con la presencia de integrantes del Centro de ex combatientes en Malvinas y de la Agrupación HIJOS, quienes aportarán desde su perspectiva a la actividad.A través de ésta participación, la charla y luego debate, se centrará en unir los dos momentos históricos y reflexionar sobre ello.

lunes, 26 de marzo de 2012

Comando Sur en el Chaco


INICIATIVAS LEGISLATIVAS DEL FRENTE GRANDE
Sobre la presencia del Comando Sur de los Estados Unidos en la Provincia del Chaco
Peticionan el cese de las actividades y la consideración parlamentaria

El Bloque Legislativo del Frente Grande del parlamento chaqueño, ante la difusión de la instalación del Comando Sur de los Estados Unidos en la Provincia, ha impulsado dos iniciativas para su debate parlamentario.

Una de ellas peticiona al Poder Ejecutivo que se abstenga de avanzar  y/o continuar  con cualquier actividad, acuerdo o convenio que se haya realizado con la Embajada  de los Estado Unidos, que no cuente con el conocimiento y aprobación del Poder Legislativo según lo establece nuestra Constitución Provincial, en su artículo art. 119  inc. 7.

La Constitución de la Provincia es muy clara en ese sentido, facultado al Poder Ejecutivo a celebrar convenios pero estableciendo en las facultades del Parlamento la ratificación por la Cámara de Diputados, paso que no se ha verificado hasta la fecha.

Esa iniciativa expresa, asimismo, su  preocupación ante  informaciones vertidas por algunos medios de comunicación, de la cual surge la próxima  inauguración en el Aeropuerto de Resistencia de la construcción de un “Centro de Emergencias”  el cual dependería del  Comando Sur de los Estados Unidos (COSUR) y la embajada estadounidense, sin la información y aprobación de la Legislatura Provincial.

La restante iniciativa se compone de un requerimiento de información de 11 puntos con la finalidad de indagar respecto de la característica de la presencia de EEUU que bajo distintos formatos - el Comando Sur, el Embajador y funcionarios de la Embajada y parlamentarios que visitan la Provincia a instancias de la Fundación Construir- participa en actividades en la Provincia, sin que ni siquiera conste una vista o participación del Poder Ejecutivo Nacional.

Los legisladores Daniel Trabalón y Fabricio Bloatti fundamentan sus iniciativas en sucesivas reuniones y presencias vinculadas con EEUU, siendo que el mencionado país y sus fuerzas armadas han tenido actuaciones de promoción de la violencia en varios países, incluso bajo un concepto laxo de “guerra preventiva”. 

Fabricio Bolatti, presidente del bloque legislativo del Frente Grande manifestó “La intervención del COSUR y otros representantes de EEUU, y presencia activa en nuestro territorio ocupa a éste Bloque Legislativo en tanto puede significar un riesgo a nuestra población, a nuestra patria y a hermanos países latinoamericanos, en cuanto a su control sobre la población y los recursos naturales.”

(Ver iniciativas, uno y dos, si le interesan en otro formato solicítelas)

sábado, 24 de marzo de 2012

“No permitiremos que se burlen los derechos de las mujeres”


“No permitiremos que se burlen los derechos de las mujeres”

Por Daniel San Cristóbal*
(Secretario General del Frente Grande)
El decreto 1170/12 que firmó el gobernador de la provincia de Salta, Juan Manuel Urtubey, en el cual solicita a sus ministros que consignen una guía de abortos no punibles, es desconocer no sólo las leyes federales, sino además, es someter nuevamente a una situación de violencia y vulnerabilidad a las mujeres que han sido víctimas de la violación de sus derechos. Si bien el Gobernador en el decreto no desconoce la interpretación que hizo la Corte Suprema de Justicia del artículo 86, inciso 2, el mandatario provincial pone algunas trabas para que el derecho a realizarse un aborto por parte de una mujer violada, siga siendo dificultoso.
En el decreto Urtubey pide a los ministros de Salud Pública y de Derechos Humanos de la provincia que “de forma inmediata elaboren e implementen las guías de procedimiento necesarias para la asistencia integral de toda víctima de violencia sexual y la concreta atención de los abortos no punibles”, de acuerdo con la interpretación que dio del artículo 86 inciso 2 la Corte Suprema de Justicia. Sin embargo, también el decreto provincial establece que “si no hay denuncia penal voluntaria será un requisito para acceder a la interrupción legal de embarazo en Salta que la declaración jurada, en la que quede asentado que la mujer fue violada, se realice en el ámbito judicial con la asistencia tutelar del Ministerio Público” (Página12, 23/03/12).
En los últimos días sucedieron una serie de acontecimientos vinculados con los derechos de las mujeres que significan un importante avance en lo que refiere a la organización y la lucha del colectivo de mujeres y de amplios sectores sociales que pugnan por la plena vigencia de los Derechos Humanos.
De esto es ejemplo el fallo de la Corte Suprema de Justicia del 13 de marzo, que estableció que el aborto no está prohibido y no es punible cuando el embarazo sea la consecuencia de una violación. En los fundamentos del fallo se explica con claridad que ante una violación a cualquier mujer,  con su sola petición y declaración jurada,  el Estado debe cumplir con la ley permitiendo la realización  del aborto. Sin trabas y protegiendo a las mujeres. Es así que tanto personal médico como funcionarios de las distintas jurisdicciones deben cumplir su obligación bajo pena de ser castigados por violencia institucional.
La presentación en la Cámara de Diputados de la Nación del proyecto de Interrupción Voluntaria de Embarazo (IVE) de la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito que cuenta con la firma de 53 legisladores de distintos bloques políticos, es otro avance significativo en lo que respecta al respeto y reconocimiento del ejercicio por parte de las mujer de su derecho a decidir.
En este sentido, como parte de los avances institucionales en lo que respecta al reconocimiento de las luchas históricas de las mujeres, con un tratamiento ágil en el Congreso, se derogó la figura del avenimiento en el Código Penal, proyecto que fue votado el pasado miércoles por unanimidad en la Cámara baja. Con esta ley se plasmó la caída de una figura jurídica típicamente machista, dado que el avenimiento permite  que un violador sea “perdonado penalmente” en el caso de casarse con su víctima, siempre y cuando fuera mayor de 16 años. La lamentable muerte de una mujer a manos de su esposo y previo violador sirvió como gatillo a tan importante Ley.
Sin embargo a pesar de estos avances que hacen a los derechos sociales y personales, están quienes se oponen a que así sea.
Un gobernador nefasto
La postura pública sobre el tema del aborto del gobernador de la provincia de Salta, Juan Manuel Urtubey, quien pareciera representar a los sectores más retrógrados del pensamiento social y no al conjunto de los ciudadanos, nos llama a la reflexión. Con seguridad no es el único gobernador con ese posicionamiento, como no es el primero ni será el último, que se resiste a la consagración plena de un derecho humano, que por otra parte en el caso del fallo de la Corte lleva más de 90 años consagrado en el texto legal pero negado a fuerza de utilizar la burocracia médica, judicial y administrativa.
A tal punto de necedad  y machismo ha llegado, que un representante popular se permite negar la plena vigencia de las instituciones, en este caso el Poder Judicial.
Primero expresó públicamente la inaplicabilidad del fallo, luego corrigió falsamente dicha declaración con una nueva traba legal. En rigor, es la misma vieja traba con un formato diferente: “acompañamiento tutelar del Ministerio Público” se llama en este caso.
Como dijera la Secretaria de Género y Derechos Humanos del Frente Grande, la Dra. Tania Nieves Kiriaco, quién es a su vez coordinadora del Instituto de Género del Colegio de Abogados de Salta, “la intervención del asesor oficial ya es una intromisión del Poder Judicial y de este modo se judicializa (nuevamente) la decisión de las mujeres vulnerando su derecho a la intimidad”
.
Es nuestro compromiso defender lo logrado. Nunca menos.
Como la consigna que consagró Néstor Kirchner, no permitiremos que se burlen de nuevo los derechos de las mujeres y, desde el Frente Grande, trabajaremos para la aplicación plena del fallo de la CSJN y por la sanción de una ley que consagre el aborto legal, seguro y gratuito.

24 de marzo


Cada 24 de marzo, desde aquel tenebroso de 1976 donde el poder económico y el autoritarismo fascista se adueñó de la nación, recordamos a los que lucharon por una sociedad justa y entregaron su vida en pos de ella. Pero en este 24, como los que acontecieron en los albores de la democracia en los 80 y fueron hundidos por el punto final, la obediencia debida y los indultos, seguimos con mucha alegría los juicios y los sucesivos fallos condenatorios. Compartimos las expectativas  y esperanzas de Madres y Abuelas, aunque no descansaremos hasta que el último represor, civil o militar, esté preso; Como tampoco lo haremos hasta que el último sector empresario que se enriqueció con la dictadura pague con sus crímenes.

Memoria, Verdad y Justicia

Compañeras y compañeros del Frente Grande Chaco

martes, 20 de marzo de 2012

Mamarracho


Respuesta del Frente Grande a Diputada de la UCR defensora del plus
“Mamarracho es que los trabajadores tengan que pagar dos veces por su salud”

En los últimos días la diputada de la UCR Delia González, presidenta de la Comisión de Salud de la Legislatura de la Provincia del Chaco, seha referido en términos despectivos respecto de una iniciativa en debate respecto de la legalidad del cobro del plus médico.

El debate y los intereses
“Mamarracho jurídico” y “demagogia”, dijo, entre otras cosas despectivas,  la diputada respecto de nuestro proyecto, por lo que creemos oportuno expresar algunos conceptos que aporten al debate.
Toda iniciativa legislativa, en especial las que abordan temas de la problemática popular diaria, merece el respeto y el derecho a ser analizada.
El Frente Grande ha sido respetuoso de otras iniciativas y ha volcado la que se discute en aras de aportar propuestas. Pueden ellas ser aprobadas, corregidas, mejoradas,   desestimadas e incluso criticadas. Pero las duras calificaciones de la presidenta que la tiene bajo análisis no hace más que sorprendernos y preguntarnos ¿qué habremos hecho para merecer esto?
Es así que si nos conducimos por sus propias declaraciones, deducimos que la diputada González, médica ella, parece reaccionar mas por un sentido de protección de intereses corporativos –que podrán ser calificados o no de legítimos- pero ajenos a una legítima discusión legislativa. La sola mención en sus declaraciones que escuchará “alguna opinión de abogados de la Federación Médica del Chaco con respecto a la constitucionalidad y la juridicidad del proyecto” nos orienta la ruta de sus opiniones. No le interesa la opinión de los abogados de otras entidades de la salud, ni de los gremios, ni de los afiliados o usuarios de las obras sociales, sólo la opinión de una entidad: “la que tiene éste conflicto” según González. La diputada esboza así toda una declaración de principios.
En ese sentido, nuestra iniciativa apunta a proteger el principal interés en juego: el acceso a la salud de trabajadoras y trabajadores protegidos por los diversos sistemas de seguridad social.

La Constitucionalidad
No es nuestra finalidad establecer aquí un debate jurídico sobre nuestra iniciativa.
Sí queremos dejar establecido que estamos dispuestos a dar el debate sobre su encuadre de constitucionalidad, que no es de la regulación de los contratos sino el control del ejercicio de la profesión de la medicina. En ese sentido, la Provincia tiene para sí - como materia no delegada- el control  y el poder de policía del ejercicio de las profesiones. Y así se aplica mediante el dictado de normas que regulan las diferentes profesiones.
Para el caso de la profesión médica –arte de curar y sus ramas auxiliares- el marco legal es el antiguo Decreto-Ley 527/55 que fuera actualizado ya por una docena de leyes y cuya vigencia plena en casi 60 años pone en duda su inconstitucionalidad. Esta norma, en su artículo 15 establece una serie de prohibiciones que los legisladores de distintos tiempos han estimado prudente imponer. La propuesta del Frente Grande consiste en establecer una prohibición adicional: el cobro de retribución complementaria, "plus" o adicional que pudieran requerir por los servicios que brinden a aquellos afiliados que estén amparados bajo la cobertura de una Obra Social, siempre que los mismos no formen parte de los aranceles convenidos como retribución del servicio con la Obra Social

Es perfectamente constitucional que el Estado Provincial, a través de una Ley, prohíba el cobro de adicionales que, como la misma Diputada González lo dice, daña la relación médico-paciente.

Las diferentes aristas del problema
El Frente Grande no desconoce que el problema es añejo y tiene diferentes responsabilidades y formas de abordaje. Fuimos parte de diversas iniciativas sobre la problemática social, previsional y del INSSSEP y seguramente seguiremos aportando propuestas relacionadas con su financiamiento y prestaciones. Basta solo recordar la iniciativa de modificación de la Constitución Provincial, prohibiendo la traspaso del Régimen Previsional Provincial.
Lo que no haremos es rasgarnos las vestiduras y patear la pelota lejos de nuestras responsabilidades para defender  el llamado “plus ético” que esquilma el bolsillo y afecta la salud de trabajadora y trabajadores, su economía,  genera un ingreso ilegal que no tributa un solo impuesto nacional y/o provincial y que aún en los momentos más prósperos del sistema de seguridad social se mantuvo con tolerancia y vista gorda de diferentes gobiernos.

A debatir y aportar propuestas, que el problema sigue 
Legitimar el plus, aunque forme parte del paisaje, no forma parte del ideario del Frente Grande. El hilo se corta por lo más delgado. Es una vieja historia que buscaremos terminar, se apruebe nuestra iniciativa o una mejor.
El único mamarracho es que la salud se pague dos veces, la peor demagogia es echarle la culpa a los otros.


Frente Grande, distrito Chaco: Diputado Provincial Daniel Trabalon, Presidente; Horacio Losas, Secretario; Fabricio Bolatti, Diputado Provincial; Daniel San Cristobal, Secretario General en el Orden Nacional

 

viernes, 16 de marzo de 2012

Fiscalía de Investigaciones Administrativas



Iniciativa del Bloque Frente Grande sobre la Fiscalía de Investigaciones Administrativas
“Terminar con un símbolo del operativo retirada”

El Bloque del Frente Grande presentó una iniciativa -489/12- con la finalidad de derogar la ley 6033 y poner en plena vigencia la ley 3468 de la Fiscalía de Investigaciones Administrativas de la Provincia del Chaco.

El Fiscal de Investigaciones Administrativas es la máxima autoridad del organismo que controla,  puede investigar y denunciar todos los actos y/o hechos que ocasionan daños y perjuicios a la hacienda pública de todos los organismos del poder administrador, provincial y/o municipal, empresas del estado y hasta en las  sociedades en las que el estado es socio. Sus facultades investigativas lo convierten en una barrera importante para la corrupción y los malos administradores, e incluso puede constituirse en un auxilio importante para la detección de funcionarios ineficientes o descomprometidos.

En el año 2007, luego de perder las elecciones y preocupados por el avance de algunas acciones que podrían determinar responsabilidad de sus ex funcionarios, la Alianza Frente de Todos –en el marco de conjunto de normas en retirada- parió ésta ley 6033. Norma que  cambio el número necesario de votos de la Cámara de Diputados para designar al Fiscal de Investigaciones Administrativas, su período de mandato y su forma de designación. Ese número se redujo de dos tercios a la mayoría y puso en manos de la oposición la facultad de proponerlo, estatus que alcanza esa fuerza política el 16-09-2007 y del cual no se pudiera recuperar en sucesivas elecciones.

Ante el próximo vencimiento del mandato del ignoto actual Fiscal se ha puesto en debate aquel marco legal. Desde el Frente Grande, con la firma de los diputados Fabricio Bolatti y Daniel Trabalón, se ha propuesto retomar la ley vigente previa a aquel operativo retirada, retomando las facultades de propuesta de una terna por parte del Poder Ejecutivo y su designación por dos tercios del Poder Legislativo.

Consecuentes con la posición asumida aquel 2007 por el ex diputado Daniel San Cristóbal, que incluyó una presentación judicial desestimada por el Superior Tribunal de Justicia rozista, el Frente Grande sostiene que ninguna mayoría circunstancial tiene que producir modificaciones que alteren normas que requieren mayorías especiales y por ende acuerdos políticas que trascienden un partido o coalición.

"Buscamos dotar al organismo de la autonomía e independencia que tenía en el marco jurídico anterior, prestigiando a su nueva conducción y legitimándola para –con la autoridad legitimada- pueda cumplir cabalmente con sus fines", manifestó el Diputado Fabricio Bolatti, presidente del Bloque Frente Grande de la Legislatura chaqueña.

martes, 13 de marzo de 2012

El camino

El camino que reconoce y respeta el derecho a decidir



El Frente Grande (FG) acompaña y apoya el tratamiento del proyecto de ley en el Congreso Nacional sobre legalización y despenalización del aborto y sostiene que deben establecerse todas las instancias de protección de los derechos de la mujer mediante la creación y sostenimiento de políticas públicas tendientes a que el Estado de garantías de protección de esos derechos.

La criminalización del aborto vulnera la salud  y la integridad psíquica y moral sólo de las mujeres, en especial de adolescentes y niñas de distintos estratos sociales.

El Frente Grande considera que la penalización es, con claridad, contraria a la Constitución Nacional (CN) y a los Tratados Internacionales de Derechos Humanos, por  lo que se debe  garantizar a todas las mujeres en caso de interrupción voluntaria de un embarazo el acceso a los servicios de salud pública en forma segura y gratuita.

En los últimos años la Argentina está  a la vanguardia no sólo en América Latina, sino del mundo, en lo que respecta a la creación y sostenimiento de políticas públicas tendientes a garantizar los derechos personales, los derechos humanos en su totalidad y la justicia social. Ejemplo de esto son la Asignación Universal por hijo y para embarazadas y la ley de matrimonio igualitario. En este camino es que el Frente Grande promueve dar el debate en serio sobre el derecho de las mujeres a decidir sobre sus cuerpos, teniendo como eje que la penalización del aborto implica la violación de los derechos humanos.

Las estadísticas oficiales y no oficiales indican que en la Argentina cada año entre 500 y 600 mil mujeres se someten a prácticas de abortos, que en el contexto jurídico actual en el que se niega el derecho a decidir, son prácticas clandestinas e inseguras para la vida y la salud de las mujeres.

Según datos del Ministerio de Salud de la Nación de 2009, en la Argentina mueren por año 100 mujeres por estas prácticas. En su mayoría son jóvenes provenientes de los sectores más pobres y vulnerables. Éstas son muertes evitables con el dictado de una norma que habilite el ejercicio de un derecho humano, como es el de decidir sobre sus cuerpos. Las cifras de muertes anuales de mujeres por abortos clandestinos o mal practicados demuestran que la prohibición no preserva ni protege la vida, muy por el contrario convierte la práctica del aborto clandestino e inseguro en un negocio rentable.

Por eso el Frente Grande considera que es urgente y necesario para preservar la vida y garantizar los derechos de todas las mujeres:

§ Acompañar la consigna de la Campaña  Nacional “Educación sexual para decidir, anticonceptivos para no abortar, aborto legal para no morir”.

§ Que el Congreso de la Nación Argentina debata y sancione la ley que despenalice y haga legal el derecho a decidir abortar.

§ La aplicación y acceso de todas y todos a la Ley Nacional 26.150 de Educación Sexual Integral;

§ Que el Estado nacional como los provinciales, incentiven, inviertan, sostengan y actualicen los programas referidos a la salud sexual y reproductiva.


Adriana Puiggrós
Presidenta del Frente Grande

Daniel San Cristóbal
Secretario General FG

Tania Kiriaco
Secretaría Mujer y Género FG

jueves, 8 de marzo de 2012

Por todo lo logrado y por lo que nos falta

8 de Marzo Día Internacional de la Mujer

En conmemoración y homenaje a las obreras textiles y la lucha de todas las mujeres de todos los tiempos
por mas derechos.
Por todo lo logrado y por lo que nos falta.

Partido Frente Grande

miércoles, 7 de marzo de 2012

Sí a la reforma de la Carta Orgánica del BCRA


 Sí a la reforma de la Carta Orgánica del BCRA

El Frente Grande apoya enfáticamente la propuesta anunciada por la Presidenta Cristina Fernández de Kirchner en la Apertura de Sesiones del Honorable Congreso de la Nación , de reformar y actualizar la Carta Orgánica que regula las acciones del Banco Central de la República Argentina (BCRA). 

Estamos convencidos de que esta iniciativa es un paso más en la superación definitiva de los resabios del neoliberalismo introducido a sangre y fuego por la política económica propiciada por la última dictadura militar y profundizada en la década del 90.

Auspiciamos la reformar de la Carta orgánica del BCRA, porque creemos que es recuperar el poder de regulación y orientación del Estado sobre el sistema financiero, para así garantizar la profundización del modelo político, económico y social iniciado en el 2003, y asegurar un patrón de crecimiento y desarrollo de base diversificada, inclusivo y con justicia social.

Las funciones que se le dan al BCRA en el nuevo escenario anunciado por la Presidenta Cristina Fernández de Kirchner, permiten rescatar su rol histórico, posicionándolo no sólo en la preservación del valor adquisitivo de la moneda sino, también, en la orientación del crédito y la política financiera que aseguren niveles de producción y empleo sustentables y compatibles con el futuro de prosperidad y desarrollo que busca el pueblo argentino.

La reforma de la Carta Orgánica del BCRA, pone énfasis en ampliar su capacidad regulatoria sobre distintos agentes financieros; agiliza su rol anticíclico y restablecería un financiamiento adecuado para las pequeñas empresas y para las familias que aún no son sujeto de crédito y si, en muchas ocasiones, sujetos de abusos por vía de tasas y comisiones desmedidas por parte de las entidades financieras cuando les prestan algún tipo de servicios.

La reforma de la Carta Orgánica del BCRA, apunta también a fortalecer el sentido de federalismo por la vía de mejorar la distribución de la oferta financiera en las economías regionales y dentro de ellas para que el “nuevo sistema amplifique la potencialidad del interior”.

Se restablece el papel del BCRA en el crecimiento, el desarrollo económico y el empleo. Recrea el poder del Estado para incidir en las prioridades de las instituciones financieras y limita el rol privilegiado en la era neoliberal de atender a la oferta  monetaria para segurar los ajustes que no hicieron sino retroceder de la mano de una revolución conservadora y monetarista que perjudicó a los agentes económicos y produjo la mayor exclusión de la PyMEs y familias del sistema de crédito nacional.

El fenomenal impulso a la democratización política y económica de la sociedad argentina que gestaron los gobiernos de Néstor Kirchner primero, y el de Cristina Fernández, encuentra un aporte de relevancia con esta iniciativa que permitirá una verdadera democratización del crédito.


Adriana Puiggrós
Presidenta del Frente Grande


Daniel San Cristóbal
Secretario General

Arnaldo Bocco
Presidente del Instituto de Formación Política y Capacitación


Alejandro Otero
Secretario CABA

martes, 6 de marzo de 2012

Déficit previsional y déficit de gestión

Documento del Frente Grande Chaqueño
Sobre el déficit previsional y déficit de gestión


El sistema previsional chaqueño no necesariamente debe ser equilibrado, el déficit actual en gran parte refleja las características del sistema, las que fueron diseñadas por el poder político de turno y se expresan en la legislación vigente.

Recordamos que no hace mucho tiempo, luego de un largo debate de una iniciativa del Bloque Legislativo del Frente Grande, se ha plasmado una reforma constitucional inédita por vía de la enmienda -con unanimidad de la Legislatura- consagrando garantías de avanzada en el artículo 75 de la Constitución Provincial.

La decisión de que el sistema previsional de la Policía tenga requisitos y condiciones menos exigentes que los demás sectores, fue tomada oportunamente por el Estado, reconociéndose que iba a provocar un desajuste económico importante en el sistema y resolviéndose que el Poder Ejecutivo deberá hacerse cargo del citado costo. Esta sola cuestión significa aproximadamente el 50% del déficit previsional. Igualmente que el déficit generado por los distintos regímenes de retiro para los trabajadores del Estado, a quienes se les reduce los requisitos de edad y aportes para acceder a la jubilación. 

La precarización laboral histórica atenta contra el sistema, miles de trabajadores bajo modalidades precarias, como becas o contratos de obras, restan ingresos al sistema e impiden mantener o mejorar la relación de activos y pasivos, relación que mide la sustentabilidad del sistema. Esta situación fue mantenida por los distintos gobiernos, y comenzada a remontar lentamente en los últimos meses, pero dista de ser la ideal.

La histórica mala administración de los activos previsionales que el sistema consolida en sus etapas de superávit, también es responsabilidad de las administraciones provinciales de turno ya que el gobierno es el administrador del sistema. En ese sentido relegar la transferencia de los aportes y contribuciones en tiempo y forma, método aplicado en distintas etapas de la vida del sistema, le ha ocasionado un grave daño.

El gobierno nacional financia el déficit de los sistemas previsionales provinciales, pero excluyendo los mayores costos que surjan de decisiones provinciales que modifiquen condiciones o requisitos previsionales distintos a los del régimen nacional. Por lo que no financia el mayor déficit del sistema policial de la provincia ni de los regímenes de retiro implementados en distintas gestiones. El Estado provincial, decididas condiciones especiales para determinados sectores, en todo caso debe evaluar fuentes de financiamiento alternativas a la de los aportes.

Desde el Frente Grande queremos recordar algunos de estos aspectos, que forman parte de las características del sistema previsional, para aportar al debate existente y adelantar nuestra idea de que no podemos simplificar las propuestas hacia la búsqueda de un equilibrio en base a mayores aportes de los trabajadores, cuando gran parte del déficit se provoca por decisiones patronales. De los $400 millones de déficit, $160 millones responden a la Caja Policial, $150 millones cubre el  gobierno nacional, por lo que ya estamos hablando de un déficit del sistema de $90 millones anuales, sobre un presupuesto provincial que supera los $10.000 millones.

No queremos dejar pasar la oportunidad para plantear dos aspectos mas a considerar. El primero, es la necesidad de mejorar la administración del INSSSEP, para dotar de mayor razonabilidad al gasto  y mejorar la atención de los afiliados. El segundo aspecto que no se debe soslayar es el funcionamiento deficiente de la obra social, cuyas prestaciones se deterioran derivado de la sustracción de recursos con fines previsionales y la falta de control del organismo. Estos aspectos son viejas deudas del sistema que la gestión gubernamental actual no ha abordado  satisfactoriamente.

Entendemos que hace falta una verdadera revisión del sistema y terminar con la demonización del déficit previsional, es necesario abordarlo seriamente para lograr una mayor sustentabilidad y seguridad, pero corrigiendo también los déficit históricos de gestión.


Frente Grande, distrito Chaco: Diputado Provincial Daniel Trabalon, Presidente; Horacio Losas, Secretario; Fabricio Bolatti, Diputado Provincial; Daniel San Cristobal, Secretario General en el Orden Nacional