Desde el Frente Grande proponen políticas de acceso a la tierra
UN BANCO DE TIERRAS QUE GENERE OFERTA DE LOTES PARA SECTORES POPULARES Y MEDIOS
Desde el Bloque Legislativo Frente Grande presentaron el proyecto de Ley Nº 4813 por el que se crea el Banco de Tierras, el que tendrá por objeto generar alternativas de acceso a la propiedad y uso de la tierra para fines habitacionales y productivos.
Con esta propuesta se persigue generar oferta de parcelas urbanizadas para atender la demanda de familias sin propiedades que puedan destinar a uso habitacional o que hayan sido beneficiarias de políticas habitacionales públicas, como así también para lotes rurales destinados a familias de pequeños productores que no tengan forma de acceder al mercado por condiciones económicas y que no tengan propiedades ni hayan sido adjudicatarios de tierras públicas. La tierra podrá ser adjudicada en venta o cesión de uso.
El Diputado Fabricio Bolatti expresa “buscamos adelantarnos a la permanente demanda de tierra que hay en las ciudades y zona rural, donde miles de familias que se incorporan a la vida social no encuentran alternativas ni canales claros para acceder a un lote de tierra que les permita arraigarse y construir su vivienda o producir para la subsistencia”.
“No estamos hablando solamente de sectores de bajos recursos, hoy con la recuperación del empleo y la contención que genera una política universal a través de la asignación universal y otros programas, hacen que muchas familias tengan capacidad de ahorro o que puedan hacer frente al pago de una cuota, pero la falta de una política que atienda esta demanda previsible, hace que se generen asentamientos irregulares en las ciudades y que muchos productores estén hacinados o vivan en las banquinas de las rutas.” expresaba el legislador del Frente Grande.
El proyecto de ley crea un Fondo para permitir comprar tierras, generar el loteo correspondiente y adjudicarlo a familias que lo soliciten bajo procedimientos de adjudicación transparentes y en base a parámetros objetivos, así como un mecanismo de acceso libre a la información que permita el control ciudadano.
Los fundamentos del proyecto expresan que nuestra sociedad es testigo de una realidad nacional y provincial que muestra una fuerte disputa por el derecho a la ciudad y al campo, los procesos sociales y económicos que se dieron en las últimas décadas y la falta de políticas orientadas a su contención, han generado una situación que se muestra en las numerosas familias que conforman la villas y asentamientos de los conglomerados urbanos como así también el permanente éxodo rural y su consecuente proceso de acumulación de tierra en pocas manos y su extranjerización.
Dicha problemática encuentra como algunas de sus causas la inexistencia de una normativa tendiente a regular el mercado inmobiliario que evita el acceso a la tierra y la vivienda propia de familias de recursos escasos, como así también la falta de una Política de Estado que garantice este derecho humano para todos los ciudadanos y ciudadanas.
Argentina enfrenta en el ámbito rural el flagelo de la concentración de la tierra en pocas manos y la extranjerización desmesurada de la misma. Nuestro país tiene trescientos millones de hectáreas de las cuales ciento cincuenta millones, son productivas, el 11% de la población argentina concentra el dominio del 88% de la superficie productiva, mientras que el 90% de sus habitantes vive hacinado en el 10% del territorio. Nuestra Provincia no estuvo ajena al proceso de concentración, la que además suma una política de entrega de la tierra pública con un criterio contrario a la Ley y beneficiando a amigos y grandes empresas, dejando sin tierra pública al Estado Chaqueño para contener la demanda de pequeños productores y pueblos originarios.
En cuanto a la zona urbana, se observa una tendencia mundial de aumento de la población de las ciudades, que genera una demanda sostenida de suelo y viviendas, la que ante la falta de políticas públicas acordes ha generado una especulación inmobiliaria a través de la construcción de viviendas para ser alquiladas a altos precios, lo que no contiene a las familias que hoy conforman las numerosas villas y asentamientos. En nuestra Provincia tuvo como resultado el incremento de asentamientos irregulares en las principales ciudades, integrados por muchas familias de medianos y escasos recursos.
Es menester diseñar políticas de corto, mediano y largo alcance en materia de hábitat social, se debe avanzar en un Estado que planifique e intervenga en la oferta a sectores populares en gran escala de lotes con servicios esenciales e infraestructura comunitaria, hasta con un crédito blando que le permita rápidamente construir el núcleo húmedo de la vivienda. Esta oferta debe tener clara la capacidad de ahorro de los distintos sectores populares y ser muy comprensiva a la hora de exigir requisitos.
Hoy es posible pensar en la planificación, dado las enormes tareas de infraestructura llevadas por el Estado Nacional, la Provincia y los Municipios y el crecimiento de los recursos de todos los niveles del Estado.
La creación de un Banco de Tierras con recursos garantizados que pueda intervenir directamente en el mercado, generando ofertas para los ciudadanos con distintos niveles de ingresos, entendemos sería una alternativa a las usurpaciones y conformaciones de asentamientos irregulares que hoy vemos a diario, los que una vez consolidados son mucho más difíciles de revertir, necesitando una mayor inversión del Estado y muchas veces con procesos traumáticos desde lo social como son las permanentes denuncias o procesos judiciales y hasta los desalojos que deben sufrir estas familias.
Es necesario sumar este tipo de herramientas a las políticas existentes para garantizar el derecho a una vivienda digna y prevenir los problemas sociales que genera la falta de respuestas ante la permanente búsqueda de un lugar el mundo para cada familia.
Los fundamentos del proyecto expresan que nuestra sociedad es testigo de una realidad nacional y provincial que muestra una fuerte disputa por el derecho a la ciudad y al campo, los procesos sociales y económicos que se dieron en las últimas décadas y la falta de políticas orientadas a su contención, han generado una situación que se muestra en las numerosas familias que conforman la villas y asentamientos de los conglomerados urbanos como así también el permanente éxodo rural y su consecuente proceso de acumulación de tierra en pocas manos y su extranjerización.
Dicha problemática encuentra como algunas de sus causas la inexistencia de una normativa tendiente a regular el mercado inmobiliario que evita el acceso a la tierra y la vivienda propia de familias de recursos escasos, como así también la falta de una Política de Estado que garantice este derecho humano para todos los ciudadanos y ciudadanas.
Argentina enfrenta en el ámbito rural el flagelo de la concentración de la tierra en pocas manos y la extranjerización desmesurada de la misma. Nuestro país tiene trescientos millones de hectáreas de las cuales ciento cincuenta millones, son productivas, el 11% de la población argentina concentra el dominio del 88% de la superficie productiva, mientras que el 90% de sus habitantes vive hacinado en el 10% del territorio. Nuestra Provincia no estuvo ajena al proceso de concentración, la que además suma una política de entrega de la tierra pública con un criterio contrario a la Ley y beneficiando a amigos y grandes empresas, dejando sin tierra pública al Estado Chaqueño para contener la demanda de pequeños productores y pueblos originarios.
En cuanto a la zona urbana, se observa una tendencia mundial de aumento de la población de las ciudades, que genera una demanda sostenida de suelo y viviendas, la que ante la falta de políticas públicas acordes ha generado una especulación inmobiliaria a través de la construcción de viviendas para ser alquiladas a altos precios, lo que no contiene a las familias que hoy conforman las numerosas villas y asentamientos. En nuestra Provincia tuvo como resultado el incremento de asentamientos irregulares en las principales ciudades, integrados por muchas familias de medianos y escasos recursos.
Es menester diseñar políticas de corto, mediano y largo alcance en materia de hábitat social, se debe avanzar en un Estado que planifique e intervenga en la oferta a sectores populares en gran escala de lotes con servicios esenciales e infraestructura comunitaria, hasta con un crédito blando que le permita rápidamente construir el núcleo húmedo de la vivienda. Esta oferta debe tener clara la capacidad de ahorro de los distintos sectores populares y ser muy comprensiva a la hora de exigir requisitos.
Hoy es posible pensar en la planificación, dado las enormes tareas de infraestructura llevadas por el Estado Nacional, la Provincia y los Municipios y el crecimiento de los recursos de todos los niveles del Estado.
La creación de un Banco de Tierras con recursos garantizados que pueda intervenir directamente en el mercado, generando ofertas para los ciudadanos con distintos niveles de ingresos, entendemos sería una alternativa a las usurpaciones y conformaciones de asentamientos irregulares que hoy vemos a diario, los que una vez consolidados son mucho más difíciles de revertir, necesitando una mayor inversión del Estado y muchas veces con procesos traumáticos desde lo social como son las permanentes denuncias o procesos judiciales y hasta los desalojos que deben sufrir estas familias.
Es necesario sumar este tipo de herramientas a las políticas existentes para garantizar el derecho a una vivienda digna y prevenir los problemas sociales que genera la falta de respuestas ante la permanente búsqueda de un lugar el mundo para cada familia.
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