Audiencia
pública por la nueva tabla tarifaria del servicio de transporte público
Diputado
Trabalón: “Fue un simulacro de audiencia para justificar un aumento de la
tarifa”
El
Salón Obligado de Casa de Gobierno fue el escenario para el desarrollo de la
audiencia pública de la cual surgirían las nuevas tarifas para el transporte público
de pasajeros. Presidida por el subsecretario de Transporte de la Provincia,
Marcelo López, los cuestionamientos por parte de quienes participaron del
encuentro surgieron en base a los mecanismos de la convocatoria, por fuera de
la ley y la Constitución, y a los “estudios” de costos a partir de las propias
contradicciones que se fueron desprendiendo del propio debate.
Desde
el Frente Grande, y también desde el Movimiento de Trabajadores y Estudiantes
por el Boleto, la posición fue clara: nueva convocatoria enmarcada en la
legitimidad y la legalidad; transparencia e información pública en cuanto a los
costos a partir de requisitos enmarcados en la ley 95 y la 7412; calidad en el
servicio; y sistema SUBE. Y, de aplicarse un aumento que se desprenda de esta
audiencia, la posibilidad concreta de avanzar en acciones legales por el
incumplimiento y la violación de leyes constitucionales.
Simulacro de audiencia
Para
el legislador del Frente Grande, Daniel
Trabalón, la finalidad de esta audiencia convocada en pleno receso es
clara: un aumento de tarifas sin obstáculos que puedan frenarla. Trabalón
reiteró el rechazo a la convocatoria hecha por el gobierno provincial, por “no
cumplir con lo que establece la ley 7412 al respecto de las audiencias para el
aumento de la tarifa y para el servicio del transporte. Deben realizarse dos
audiencias públicas, una en Resistencia y otra en el interior de la provincia y
debe tener una página web con toda la información disponible que hace al costo
del transporte público, incluso previo a la convocatoria”.
Dicho
esto, el legislador señaló que ninguno de los requisitos fueron cumplimentados
por el gobierno. “Nosotros participamos de esta audiencia sin haber contado con esa
información que la ley dice, y en los términos y condiciones en las que
plantea. El día de la inscripción nos dieron un cd con alguna información pero
con un déficit importante; esa información no se ajusta a lo que la ley plantea
pero lo que es mucho más grave, no tiene ninguna documentación respaldatoria.
Hay números, cifras y datos sin ningún documento que nos permita saber de dónde
surgen”
Otro
punto planteado es la falta de espacio para debatir no sólo el costo sino la
calidad del servicio en función del aumento que se quiere imponer.
“Esta
audiencia fue un simulacro para justificar un aumento de la tarifa. De avanzar
en esto, podrían haber presentaciones judiciales en contra”,
afirmó Trabalón y anticipó: “Vamos a ir por una nueva convocatoria que
se ajuste a la ley, o sea dos audiencias, y que exista esa información previa a
esas convocatorias. No se puede venir a esta audiencia sin contar con esa
información. Se desvirtúa el concepto de lo que son las audiencias públicas.
Son un derecho establecido por constitución y hoy se está violando”,
concluyó el legislador.
Si
producto de esto que se está haciendo hay un aumento de la tarifa sin que se
cumplan estos pasos posibilitaría una presentación judicial. Hasta acá estamos
evaluando.
El servicio de transporte en manos del Estado
Por
parte de militantes del Frente Grande que también integran el Movimiento de
Trabajadores y Estudiantes por el Boleto, Rubén
Serruya y Antonio Pérez se refirieron al tema de los costos y del sistema
Tarjebus,
Serruya, aseguró que “no
hay una relación entre el precio que se paga y el servicio prestado”.
Señaló que desde 2005, con la declaración de Emergencia, y su prórroga en 2014,
“los empresarios obtienen aún más beneficios. “No sólo reciben subsidios, de
aproximadamente $78 millones sino que reciben beneficios por las leyes de
emergencia y un pago anticipado por pasajes de $75 millones. Sólo de ganancia
neta obtienen $11 millones, o sea que trabajan a pérdida. Subsisten por los
subsidios y lo que pagan los usuarios. Desde el Movimiento estamos proponiendo
que si los empresarios trabajan a pérdida den un paso al costado y dejen al
Estado el manejo del transporte público”.
Mientras,
por su parte, Antonio Pérez, hizo hincapié
en el sistema Tarjebus. “El sistema perjudica a los usuarios y los
problemas se fueron profundizando por la caída del sistema que no permite las
recargas y la falta de lugares en donde se recarguen. Queremos que se empiece a
implementar la SUBE”.
Afirmó
que la alternativa de pago que rige a nivel nacional y que fue anunciada por el
gobierno traería algunos beneficios de los que hoy no disponen los usuarios del
transporte; “un sistema de control, a través de un chip que marca el recorrido,
cantidad de pasajeros, frecuencia; datos que ayudarían a lograr un costo real
del transporte público. Y un sistema de carga bancarizado o sea que se podrá
recargar desde la casa. Es un sistema transparente y accesible”.
Escuchar al pueblo, no a las empresas
Por
último, la secretaria del bloque legislativo del Frente Grande, Valeria Romero, cuestionó de lleno la
convocatoria a la audiencia pública en base a que se de en respuesta a un
planteo surgido de las empresas en desmedro de los usuarios; a los requisitos
que entorpecieron y no facilitaron la participación popular; y a la falta de
claridad en cuanto a los costos que fueron detallados por parte del
subsecretario de Transporte, Marcelo López. Otra cuestión, no menor, es la
falta de registro por la ausencia del cuerpo de taquígrafos en período de
receso.
“Nos
decepciona la actitud que tomó la Subsecretaría de Transporte. En la anterior
audiencia, que se realizó por una medida judicial, habíamos planteado que se debía
mejorar el acceso a la inscripción, lo que no ocurrió porque aquí hubo
requisitos que entorpecieron la participación. También habíamos planteado la
falta de registro por falta de versión taquigráfica que la respalde. Hoy no está
este registro porque es imposible que el cuerpo de taquígrafos participe
estando en su período de uso de licencia. Es clara la intención de burlar el
objetivo de una audiencia pública que es escuchar al pueblo, no a las empresas.
Las empresas ya tiene sus canales para ser oídas”,
señaló la abogada.
Y
advirtió: “Apostamos una vez más a que la autoridad de aplicación, a través de
estos planteos que venimos a hacer, entienda que no va a ser legítimo
establecer un aumento. Y si no quedará abierta la vía judicial. Nosotros no
queremos que se convoque una audiencia más porque la ley dice; queremos que las
dos audiencias se convoquen como la ley dice: que sean públicas, accesibles y
que se las convoque para los usuarios”.
Resistencia Vergonzosa
Sergio Almirón representó al municipio de Resistencia, aunque pareció representar a los empresarios. Apoyó en todo momento el aumento del transporte y la mal convocada Audiencia. Varios de los participantes se lo hicieron saber a lo largo de sus exposiciones y reclamaron que el Municipio aporte información y convoque a la ciudadanía para analizar el mal estado del servicio y las caras tarifas.
El Diputado Trabalón hizo saber al funcionario municipal, y a través de él a la intendenta Aída Ayala, "coherentemente nunca convocan a la sociedad, no respetan la Carta Orgánica Municipal y son cómplices del robo que se le hace al pueblo a través del costo del boleto".
