La
legislatura chaqueña se expidió: Paritarias Nacionales Ya
La
Legislatura provincial aprobó el Proyecto de Resolución 440/17, iniciativa
del bloque del Frente Grande que expresa un enérgico rechazo a la
decisión del Gobierno Nacional de no convocar
a Paritarias Nacionales Docentes, actitud que considera
arbitraria e ilegal, incumpliendo lo establecido en la Ley N° 26.075 de
Financiamiento Educativo y solicita al
Ministerio de Educación de la Nación la urgente convocatoria a paritarias
nacionales.
A
continuación algunos de los argumentos que expresara el Diputado Daniel
Trabalón, autor de la iniciativa.
Las Paritarias o Convenciones colectivas de trabajo, tiene que pensarse como un espacio de concertación de las políticas públicas, en este caso específico de las políticas educativas, tienen que servir además para resolver los conflictos y tensiones entre las/los Trabajadores/as de la Educación y el Estado, sin vulnerar el derecho social de los alumnos y alumnas a recibir una educación inclusiva y de calidad, y al no convocarlas, no solo está incumpliendo la ley, se está atentando contra estos derechos.
El Estado Nacional al no convocar a la paritarias nacionales docentes, se desreponsabiliza de su rol de garante indelegable del derecho social a la educación, ya que es evidente que el objetivo no es solamente no garantizar un piso salarial docente concertado sino dejar a la provincias libradas a su propia suerte en materia de financiamiento educativo. Esta actitud vulnera el cumplimiento de la Ley 26075 – de Financiamiento Educativo – donde en su Artículo 10 establece que los salarios, las condiciones laborales, la carrera docente y el calendario educativo deben ser discutidos entre el Ministerio de Educación y Trabajo y el Consejo Federal de Cultura y Educación y las entidades gremiales docentes con representación nacional.
La actitud del Estado Nacional pone en riesgo la continuidad del Fondo de Financiamiento Educativo y el Fondo Compensador de Desigualdades Salariales, dos derechos que terminaron con la inequidad salarial producida en los 90 al desmembrarse el sistema educativo nacional, que están establecidas en el artículo 9 de la citada ley y que tiene como objetivo reducir las desigualdades en materia de salario inicial docente.
El vaciamiento de la Paritaria Nacional Docente constituye nuevamente una anarquía salarial donde las provincias sin recursos serán las más perjudicadas. La decisión del Gobierno, claramente arbitraria e ilegal, es parte de la política de ajuste que se da en nuestro país y que afecta directamente al sistema educativo, que se expresa en el recorte y la sub-ejecucion del presupuesto, en el vaciamiento y el recorte de los programas inclusión socio-educativo.
Al finalizar el debate parlamentario, el diputado del Frente Grande expresó “La discusión de fondo que hoy se está dando en nuestro país es como defendemos el trabajo de los argentinos, frente a los despidos, a la pérdida del poder adquisitivo del salario, ante el proceso inflacionario, los viejos y nuevos tarifazos”
Las Paritarias o Convenciones colectivas de trabajo, tiene que pensarse como un espacio de concertación de las políticas públicas, en este caso específico de las políticas educativas, tienen que servir además para resolver los conflictos y tensiones entre las/los Trabajadores/as de la Educación y el Estado, sin vulnerar el derecho social de los alumnos y alumnas a recibir una educación inclusiva y de calidad, y al no convocarlas, no solo está incumpliendo la ley, se está atentando contra estos derechos.
El Estado Nacional al no convocar a la paritarias nacionales docentes, se desreponsabiliza de su rol de garante indelegable del derecho social a la educación, ya que es evidente que el objetivo no es solamente no garantizar un piso salarial docente concertado sino dejar a la provincias libradas a su propia suerte en materia de financiamiento educativo. Esta actitud vulnera el cumplimiento de la Ley 26075 – de Financiamiento Educativo – donde en su Artículo 10 establece que los salarios, las condiciones laborales, la carrera docente y el calendario educativo deben ser discutidos entre el Ministerio de Educación y Trabajo y el Consejo Federal de Cultura y Educación y las entidades gremiales docentes con representación nacional.
La actitud del Estado Nacional pone en riesgo la continuidad del Fondo de Financiamiento Educativo y el Fondo Compensador de Desigualdades Salariales, dos derechos que terminaron con la inequidad salarial producida en los 90 al desmembrarse el sistema educativo nacional, que están establecidas en el artículo 9 de la citada ley y que tiene como objetivo reducir las desigualdades en materia de salario inicial docente.
El vaciamiento de la Paritaria Nacional Docente constituye nuevamente una anarquía salarial donde las provincias sin recursos serán las más perjudicadas. La decisión del Gobierno, claramente arbitraria e ilegal, es parte de la política de ajuste que se da en nuestro país y que afecta directamente al sistema educativo, que se expresa en el recorte y la sub-ejecucion del presupuesto, en el vaciamiento y el recorte de los programas inclusión socio-educativo.
Al finalizar el debate parlamentario, el diputado del Frente Grande expresó “La discusión de fondo que hoy se está dando en nuestro país es como defendemos el trabajo de los argentinos, frente a los despidos, a la pérdida del poder adquisitivo del salario, ante el proceso inflacionario, los viejos y nuevos tarifazos”
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