Rechazo del Frente Grande a la designación de Eduardo
Wischnivetsky
Por su incompatibilidad con la Ley de Seguridad Pública, respaldan con una iniciativa el decreto que
deja sin efecto la designación
El bloque legislativo del Frente Grande ingresó el proyecto de resolución Nº 254/14, a través del cual expresa su
coincidencia con el Poder Ejecutivo provincial en la decisión de dejar sin
efecto el Decreto N°183/2014 que designaba a Eduardo Wischnivetsky como asesor
en la Secretaría de Seguridad del Ministerio de Gobierno. “Constituye
una clara designación incompatible con los fines de la Ley N° 6976 de Seguridad Publica atento a que se trata de una
persona que fue procesada y encarcelada varios meses en prisión, acusado de cometer
delitos de lesa humanidad en 1974”. Más aún, cuando en la actualidad continúa investigado
por la Fiscalía Federal por una denuncia que lo supone autor de
secuestros, con la intención de torturar a detenidos por
razones políticas.
Un intento de “blanqueo” institucional para el acusado
En los
fundamentos, desde el bloque señalaron que la preocupación expresa se acentúa
principalmente por el avance concreto en la designación del ex comisario Eduardo Wischnivetsky, llegando incluso a un decreto gubernamental para
su nombramiento como asesor, para la elaboración, implementación y evaluación
de políticas de Seguridad Pública.
Cargo que no sólo otorga los mismos derechos que al
resto del personal policial en situación de servicio efectivo sino “una
suerte de blanqueo institucional a los cargos y denuncias que le pesan
por delitos de lesa humanidad en 1974, y por su participación directa durante
la última dictadura cívico- militar”.
De haber prosperado, advierte el texto del proyecto
en
una suerte de antecedente poco feliz, la designación iría en desmedro de los objetivos fijados
por la nueva Ley de Seguridad Pública, el pleno resguardo de la totalidad de
los derechos, garantías y libertades emanadas, tanto de la Constitución Nacional
como la de Chaco, y contra la vigencia plena de las instituciones democráticas.
Por otro lado, el Frente Grande cuestiona a fondo los
argumentos que aduce el decreto por el que se lo había designado, el cual habla
de una ‘vasta experiencia en situaciones de emergencia, en medidas de
intervención y seguridad en situaciones de riesgo, cuestiones vinculadas a la
lucha contra el narcotráfico que en el marco de esta nueva Ley de Seguridad
sería como un experto en el área de seguridad adoptando medidas conducentes a
la lucha contra el narcotráfico”.
Wischnivetsky, se encuentra en situación de retiro
obligatorio, a través del artículo 90 inc. 2 del decreto ley N° 892/58,
modificado por la Nº 2203 de facto y la N° 2453/80 de facto(anexo 4), según
resolución N° 238 de fecha 11 de abril de 1987, del registro del Ministerio de Gobierno,
Justicia y Seguridad.
Frondoso
prontuario
La iniciativa del Frente Grande, pone a
consideración del cuerpo legislativo, el trabajo periodístico elaborado por el
portal de noticias Chaco Día por Día,
que detalla una a una las acusaciones que pesan sobre Wischnivetsky, “hechos
que fundan nuestro rechazo a tal decreto, considerando que al ex
comisario se lo procesó en 2002 por su supuesta participación en una severa
golpiza perpetrada en 1974 contra Aureliano Villán, militante de la Juventud
Peronista Regional IV y empleado de la por ese entonces, Dirección del Aborigen
Chaqueño”.
Agrega además, que podría ser procesado y hasta
detenido por la detención ilegal y tormentos que padecieron durante la última
dictadura pobladores rurales y pequeños productores del interior de Chaco,
relacionados con la persecución a militantes de Ligas Agrarias, causa que se
encuentra vigente y en etapa de recolección de pruebas y testimonios.
Las acusaciones que recaen en la persona de Wischnivetsky
hablan de tormentos, apremios ilegales y vejámenes infringidos contra detenidos
políticos, causas que no prescriben y que
por tanto, alertan aún más en cuanto a su designación como asesor en un
ministerio Público, y puntualmente en una función destinada a la seguridad
pública.
Un acto irracional
del Estado
El diputado Daniel Trabalón expresó “es
claramente contradictorio y casi un acto irracional del Estado que, por un lado sanciona una nueva
Ley de Seguridad para cambiar el paradigma de la seguridad de la dictadura por
el de la democracia y luego acude en designación a exfuncionarios investigados y denunciados
por su compromiso con esa dictadura cívico-militar”
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