¿Franco?

Documento del Frente Grande sobre el Superior Tribunal de Justicia

La renuncia de Ricardo Franco, una oportunidad para empezar a democratizar la justicia

La renuncia de Ricardo Franco al Superior Tribunal de Justicia es una buena noticia para los que bregamos por una justicia independiente. Hubiésemos preferido que rinda cuentas ante el Poder Legislativo  asumiendo su responsabilidad por las imputaciones que diversas personas y sectores.

O más aún, hubiésemos preferido que las instituciones de la Provincia hubieran asumido su obligación y separado por las vías correspondientes por estar ocupando un cargo en contradicción con lo normado por la Constitución.

Pero sucedió así, un juez preso de sus contradicciones cae vergonzosamente sin que quienes lo catapultaron a ese lugar, Angel Rozas y su grupo político, siquiera se pongan colorados.

Un poco de historia

Desde nuestro sector político fuimos –somos- muy críticos con los tres jueces designados en forma inconstitucional: Ramón Avalos, Rolando Toledo y Ricardo Franco.

Todos ellos accedieron a la magistratura violando la Constitución y lo venimos denunciando incansablemente. Hubiéramos preferido la destitución de todos de ellos y no la (vergonzosa) retirada de uno de los usurpadores. La renuncia no solo otorga el beneficio de la jubilación sino que también esconde y pretende lavar el vicio de origen.  

Nos resta esperar la resolución de la acción de inconstitucionalidad planteada por el fiscal de estado ad hoc Aguirre Hayes, en la convicción de que una justicia legítima surge no sólo de la transparencia sino también de no tolerar la impunidad. 

Una oportunidad mas, y con participación

Pero la renuncia comienza a despejar un Poder del Estado cuya característica más visible es la oscuridad.

Y es a la vez  una oportunidad para aplicar por primera vez en el Chaco el concurso público para seleccionar a integrantes del máximo tribunal. La vacante será cubierta luego de que se realice el procedimiento establecido por la Ley 7157, sancionada en diciembre del 2012,  que entendemos como paso adelante en relación con la Ley 5399 que fue derogada pero que indudablemente puede ser mejorada.

La persona que ocupe ese cargo podrá gozar de la legitimidad que le da haber sido elegida por el mecanismo que respeta nuestra Carta Magna y preve la participación ciudadana tanto en la etapa de oposición –pública-  como a través de las audiencias públicas generando así una mayor transparencia y participación  de los distintos sectores  de nuestra comunidad. 

Seremos optimistas de éste nuevo proceso de designación y bregaremos para restañar la credibilidad de un sistema judicial inútil al pueblo del Chaco