Desde el Frente Grande
REPUDIAN ACCIONAR DE FISCALIA DE ESTADO SOBRE TIERRAS ABORÍGENES
Desde el Bloque Frente Grande de la Cámara de Diputados repudian y manifiestan preocupación por el accionar de la Fiscalia de Estado de nuestra Provincia ante al pedido de embargo de tierras realizado sobre cinco mil familias pertenecientes a la comunidad Wichi de la localidad Misión Nueva Pompeya.
Con la firma del Diputado Fabricio Bolatti se presentó un proyecto de resolución en ese sentido y que además se resalta que este predio como todos los pertenecientes a las comunidades originarias se encuentran enmarcadas en la Constitución Provincial, normas nacionales y las leyes provinciales 5489 y 6166 a través de las cuales se establece la exención del Impuesto inmobiliario Rural y su inembargabilidad para las tierras de propiedad comunitaria aborigen.
Ambas leyes provinciales aplican lo establecido en el artículo 37 de la Constitución Provincial sobre “Pueblos Indígenas”, leyes que fueran impulsadas por el Diputado (MC) Daniel San Cristóbal y que justamente están destinadas a dar las garantías constitucionales a estos derechos de las comunidades aborígenes, al reconocer su preexistencia, su identidad étnica y cultural; la propiedad comunitaria inmediata de la tierra que tradicionalmente ocupan y las otorgadas en reserva en forma gratuita, exentas de todo gravamen, las que serán inembargables, imprescriptibles, indivisibles e intransferibles a tercero.
El Fiscal de Estado, Osvaldo Simoni, inició un juicio de apremio por una suma superior a los 51 mil pesos y trabó un embargo por algo mas de 68 mil pesos del predio en el que radica parte de la comunidad wichí de Misión Nueva Pompeya ante “supuesto incumplimiento” de pago del Impuesto Inmobiliario Rural. Se trata de un terreno de 20 mil hectáreas donde conviven 5000 familias aproximadamente.
Desde el Frente Grande entendemos que este accionar configura una flagrante violación a la Constitución Nacional, Constitución Provincial, leyes Nacionales y Provinciales que versan sobre la materia, además de Tratados Internacionales con jerarquía constitucional incorporados a nuestro cuerpo normativo.
Es preocupante que el Fiscal de Estado, órgano que debe conocer en amplitud la Constitución y las leyes vigentes, las desconozca, peor aún más grave cuando recae en materia de protección de los pueblos originarios.
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