Documento del Frente
Grande - 09/02/2021
Los Acuerdos ANSeS/Provincia
del Chaco
Ante la difusión de
recientes acuerdos entre ANSES y la Provincia del Chaco destinados a contribuir a financiar el déficit del
sistema previsional de nuestra Provincia, el partido Frente Grande ha elaborado
un detallado documento para analizar la situación.
Sintéticamente el documento expresa:
1. Los acuerdos arribados contribuyen a mantener una política
que ha generado rispideces y debates respecto de la cobertura por parte del
Gobierno Nacional del déficit previsional de las Provincias, y en ese sentido,
garantizar las transferencias es positivo para el Chaco.
2. Las sucesivas presiones, durante la década del 90 y hasta
el reciente gobierno de Cambiemos, respecto de ajustar a la baja de derechos
nuestro sistema previsional encuentran un escollo en el marco constitucional
–Artículo 75- incorporado por Enmienda Constitucional en el año 2009 y los
derechos previsionales no se ven afectados por los Convenios.
El, ahora reconocido
por la casi totalidad de los sectores políticos, Artículo 75 de la Constitución
fue una iniciativa legislativa del Frente Grande –del entonces diputado Daniel
San Cristóbal- con fuerte apoyo, militancia y aporte de sectores gremiales. La
unanimidad legislativa se logró con el aporte del gobierno conducido por Jorge
Capitanich.
3. Los acuerdos suscriptos incorporan como una supuesta
condición el cumplimiento en forma general de normas legales que han resultado
nocivas para el país y nuestra Provincia y que no guardan relación alguna con
la cuestión previsional.
4. La UCR del Chaco urdió maniobras mentirosas con destino a
confundir al pueblo del Chaco respecto del alcance de los Convenios haciendo
alusión a la consabida armonización previsional, siendo ése partido político
corresponsable de un gobierno nacional que presionó por la misma y que finalizó
un mandato con retrocesos en todo tipo de derechos para argentinas y
argentinos.
A continuación, el
texto completo del documento
Los Acuerdos ANSeS/Provincia
del Chaco
El pasado 1 de febrero el gobernador de la provincia del
Chaco remitió a la Legislatura dos Convenios suscriptos con la ANSES con fecha
30/11/2020, denominada el primero de ellos Acuerdo
Compromiso entre ANSES-Provincia del Chaco y el segundo Convenio Bilateral de Financiamiento entre
ANSES y la Provincia del Chaco.
El objeto de ambos convenios es la contribución del gobierno
nacional al déficit del sistema previsional de nuestra Provincia en razón de
sucesivos acuerdos y legislación en la materia. Es que, luego de varios
intentos de corte neoliberal de avanzar sobre determinados sistemas
previsionales de diferentes formas como las presiones de transferencia al
sistema nacional, primero, y la armonización luego, ha quedado establecido que
el gobierno nacional reconocerá determinada porción del déficit previsional de
acuerdos a los parámetros legales de derechos y obligaciones que reconoce el
sistema previsional argentino.
El último intento de presionar por la armonización fue el
decreto 894/2016, de Mauricio Macri, reglamentario de la Ley 27260 y en
contradicción con la misma, dado que establecía penalidades al reconocimiento
de los déficits para las cajas previsionales que no armonizaran sus normas.
“Desafortunada” y
confusa redacción
Lamentablemente la redacción del Acuerdo Compromiso entre ANSES-Provincia del Chaco, en sus
cláusulas primera y segunda y la cláusula cuarta del Convenio Bilateral de
Financiamiento entre ANSES y la Provincia del Chaco que remite a un anexo
de la Resolución 133/2018 de la ANSES agregan confusión a los objetivos
anunciados.
Las citadas clausulas condicionan el reconocimiento del
déficit y las consiguientes transferencias a “los compromisos asumidos por LA
PROVINCIA en virtud de” las leyes 27260 y 27429, normativa que sólo
parcialmente aborda la problemática en cuestión e influye en un conjunto de
normas y aspectos que nos retrotraen a los peores momentos del gobierno de la
alianza UCR/PRO autodenominada Cambiemos.
¿Qué es la Ley 27260?: una ley “ómnibus” que reunió entre otras cosas a) el famoso
Régimen de Sinceramiento que utilizó Macri para que sus familiares amigos y
socios blanqueen fondos en el extranjero; b)
el Programa Nacional de
Reparación Histórica para Jubilados y Pensionados, a los postres una ley
altamente negativa para jubiladas y jubilados nacionales, muches de elles hoy
aún sin cobrar el reconocimiento prometido luego de renunciar a acciones
legales que fue la moneda de cambio que se les requirió; c) Un acuerdo
Nación-Provincias por el cual el gobierno de Macri “pateo” la devolución del
15% de fondos que se destinaban al sistema previsional y otorgó a su cambio
préstamos; d )Pero a su vez, esa
miserable Ley, modifico la Ley 24241 en la parte pertinente al uso del Fondo de
Garantía de Sustentabilidad, modificación que implicara el saqueo al fondo
…los objetivos básicos
de preservar el valor del Fondo de Garantía de Sustentabilidad no fueron
cumplidos ni priorizados entre 2016 y 2019. A diciembre del 2015 el FGS
presentaba un valor de 664.029 millones de pesos equivalentes a 65.000 millones
de dólares. Hacia diciembre de 2019, el valor del fondo era de 2.387.780
millones de pesos, equivalente a 37.910 millones de dólares. En términos
reales, la caída del valor del FGS entre diciembre de 2015 y diciembre de 2019
fue del 4,7 por ciento. En dólares, el resultado fue mucho peor: entre el 9 de
diciembre de 2015 y diciembre de 2019 el valor del FGS medido en dólares cayó
un 21,9 por ciento. Entre 2015 y 2019 el valor del FGS se redujo un cuarto de
lo que valía, medido en la moneda estadounidense. (https://www.pagina12.com.ar/322069-la-revancha-del-fgs)
Esta ley fue sancionada en el Congreso con una fuerte
represión a sectores populares y acompañada fervientemente por Domingo Peppo y
su representación legislativa.
La única referencia en
ésta Ley vinculada a la temática del reconocimiento del déficit que es materia
de los acuerdos es su artículo 27, que establece “Instrúyase al Poder Ejecutivo nacional que,
por intermedio del organismo pertinente, arribe en un plazo de ciento veinte
(120) días, a un acuerdo con las provincias cuyos sistemas previsionales no
fueron transferidos a la Nación a fin de compensar las eventuales asimetrías
que pudieran existir respecto de aquellas jurisdicciones que sí hubieran
transferido sus regímenes previsionales, de manera de colocar a todas las
provincias en pie de igualdad en materia previsional. A tales efectos, la
Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) deberá realizar las
auditorías correspondientes a fin de evaluar los estados contables y los
avances en el proceso de armonización.
Las transferencias de
fondos deberán ser determinadas en función de:
1. Los desequilibrios que estaría asumiendo la Administración Nacional de la
Seguridad Social (ANSES) si el sistema previsional de que se trata hubiese sido
transferido a la Nación y,
2. Los avances realizados
en el proceso de armonización.
El importe de la cuota
que acuerden las partes será transferido antes del día 20 de cada mes y
actualizado semestralmente mediante los coeficientes de movilidad aplicables al
Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA), en los términos de la ley
26.417 y no podrá ser modificado salvo un nuevo acuerdo entre las partes o en
caso de incumplimiento de los compromisos asumidos en el correspondiente
acuerdo.”
Como se puede leer, textual, la norma reconoce expresamente
que el gobierno nacional le debe transferir a las provincias su déficit
previsional y establece una metodología de cálculo.
¿Qué es la Ley 27.429? Mediante ésta Ley se ratificó un terrible y
perjudicial pacto Nación-Provincias que incluye una diversidad aún mayor de
temas que la Ley 27.260. Por ejemplo, a) El desfinanciamiento del Banco Nación
mediante una transferencia de 20 mil millones de pesos al gobierno nacional; b)
Modificar la fórmula de ajuste previsional; c) Convalidar el aumento
desproporcionado de la Coparticipación a CABA; d) realizar reformas tributarias
regresivas en las provincias.
Afortunadamente varias de las medidas allí “pactadas” se
retrotrajeron por leyes del Congreso de la Nación, cómo las citadas en b y c
precedentes, y otras se suspendieron o no se llegaron a cumplir, como las
reformas tributarias provinciales.
La única referencia en
ésta Ley vinculada a la temática del reconocimiento del déficit que es materia
de los acuerdos son los incisos j a m del punto II, que justamente promovía la
derogación de penalidades establecidas por el decreto 894/2016 y garantizaba la
transferencia de los déficits.
Las extensas
explicaciones al alcance de las normas citadas precedente tienen por objeto
fundar la siguiente pregunta: ¿Por qué un acuerdo en ANSES y la Provincia del
Chaco podría penalizar el incumplimiento a las Leyes 27260 y 27429?
Es que realmente nos resulta altamente contradictorio
políticamente que una ANSES en manos de un gobierno que resistió todo ese plexo
normativo lo ponga como condición resolutoria de un Convenio que reconoce el
derecho de una Provincia.
La única explicación justificatoria que nos aparece a una
imperdonable inclusión es el ocio de citar expresamente las normas aplicables
en éste caso. Así redactado y así redactada la ley de aprobación (tal la
presentó el Poder Ejecutivo a la Legislatura), el Convenio es un arma de doble
filo.
El humor radical
sobre la armonización
Digno de un programa humorístico son las críticas de la UCR
del Chaco, cuya representación legislativa –incluyendo los voceros de las
críticas actuales- votaran con las dos manos las adhesiones a los pactos antes
citados incluso fundamentando exactamente lo contrario a lo que hoy dicen.
Un botón de muestra son los dichos del ex pero también actual
diputado Livio Gutierrez en diciembre de 2017, luego de votar la adhesión al
consenso fiscal suscripto el
día 16 de noviembre de 2017, Ley del Congreso de la Nación 27260: “voy a acompañar, porque creo que el
gobierno provincial ha hecho una buena negociación con el tema InSSSeP porque
se eliminan las penas a los que no armonizaron, se incrementa el presupuesto
nacional para cubrir el déficit de este instituto, nuestro bloque va a
acompañar en general”
http://www.legislaturachaco.gov.ar/sitio/noticia.php?not_id=4932#.YCGArvmvGM9
El radicalismo chaqueño no se puede rasgar las vestiduras,
utilizando la mentira, luego de formar parte de un gobierno nacional que estafó
y hasta recortó los remedios a jubiladas y jubilados.
La UCR del Chaco, aliada y hasta vocera nacional de Cambiemos
a través de Angel Rozas, debería llamarse al silencio respetuoso por la
responsabilidad que les cabe en la materia, sin embargo –a falta de creatividad
e ideas políticas- elige mentir descaradamente al pueblo del Chaco.
No peligran derechos
previsionales con rango constitucional
Es importante, para el lector desprevenido y para dar
tranquilidad a trabajadoras y trabajadores públicos, a beneficiarias y
beneficiarios del InSSSeP que quede claramente expresado: los citados Convenios
no ponen en riesgo los derechos previsionales amparados por la legislación
chaqueña.
En primer lugar porque esos Convenios firmados por la
Provincia del Chaco no abordan el ajuste de derechos, ni la armonización es un
condicionamiento para la transferencia del déficit previsional.
En segundo lugar, porque en la provincia del Chaco rige el
artículo 75 de la Constitución Provincial que garantiza los principales
derechos previsionales. El citado artículo constituye una enmienda
constitucional votada por unanimidad en la Legislatura en el año 2009, siendo
impulsada por nuestro espacio político y numerosos sindicatos de la Provincia.
Esa protección constitucional es la trinchera de los derechos previsionales de
trabajadoras y trabajadores públicos.
